El Gobierno (PSOE-UP) con sus aliados separatistas y comunistas se han confabulado para obligar a la Comunidad de Madrid a reactivar el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones. Renunciando al cobro del impuesto, arguyen, Madrid compite deslealmente con el resto de comunidades autónomas. La noticia nos suministra un buen caso de estudio para confrontar el intervencionismo y el liberalismo. También para constatar el vuelco de las instituciones. El Parlamento nació para controlar al “fisco”, al poder impositivo del Estado. Vemos ahora como algunos pretenden utilizar al parlamento para obligar a los gobiernos subcentrales a aumentar gastos e impuestos. El fisco ya no es un poder, tan necesario como peligroso, que deba ser objeto de control. Es un bienhechor que hay que mimar.
Antes
de entrar en el tema que nos ocupa conviene aclarar que el impuesto sobre
patrimonio-sucesiones difícilmente puede utilizarse como cebo para atraer
empresas. En la mayoría de países de nuestro entorno este tipo de tributos o no
existe o representa una proporción exigua de la recaudación fiscal. Además, no
recae sobre las sociedades sino sobre las personas físicas.
El éxito de
la economía madrileña en las últimas décadas habrá que explicarlo por otros
motivos. Tras largos siglos de letargo económico, como capital de un estado intervencionista,
Madrid logró despegar cuando tuvo la oportunidad de dar cuerda a la iniciativa
privada. Una acertada combinación entre iniciativa privada y pública ha
redundado en mejores y más baratos servicios públicos, incluyendo la educación
y la sanidad. El crecimiento de la renta, a su vez, ha permitido reducir la presión
fiscal estimulando el trabajo, el ahorro y la inversión. En la economía abundan
este tipo de círculos virtuosos; también los viciosos.
