Educar en libertad

               Mucho revuelo está causando el pin o veto parental. Me temo que no llega al fondo de la problemática educativa ni es la solución definitiva. El problema de fondo es la utilización de la educación pública como ariete para el adoctrinamiento ideológico y moral de los futuros votantes. La solución de medio y largo plazo es el “vale escolar”.

           No es necesario demostrar la utilización partidista de la escuela cuando cae bajo el control de los poderes públicos. ¿Qué sería de la ideología de género y del movimiento independentista sin el paraguas de un sistema educativo politizado? Pregunten a Franco quien impuso la Religión y la Formación del Espíritu Nacional como asignaturas obligatorias en todos los cursos. Y vayan con cuidado. Cuando estas asignaturas son “obligatorias” se convierten en una espada de doble filo.

                A mi entender la solución a este problema pasa por lo que los economistas llaman el “vale escolar” y que yo traduciría por “libertad escolar”. (1) Libertad de la sociedad para crear centros educativos respetando, claro está, los objetivos de ciclo señalados por la autoridad competente y los exámenes de reválida al final de cada ciclo. Unos centros darán importancia a la moral tradicional (“no matar, no robar, no mentir”), otros presumirán de enseñar la última versión de la ideología de género y otros advertirán que prefieren centrarse en las asignaturas científico-culturales, dejando las ideológicas para otros foros. (2) Libertad de las familias para escoger el centro que más confianza les inspire por su ideario y por la competencia mostrada en los exámenes de reválida. (3) Obligación del Estado de financiar a las familias tanto si eligen una escuela pública o privada, una escuela que enfatiza la moral políticamente correcta o la ciencia.

         Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1979, demostró que el vale escolar es la vía más segura y barata para mejorar la calidad del sistema educativo. Y para evitar el adoctrinamiento, añadimos nosotros. El mayor obstáculo para avanzar por esta vía de educación en libertad, son los políticos. ¿Cómo van a desprenderse de la herramienta que más poder les confiere, la escuela?

La Tribuna de Albacete (27/01/2020)

Políticos versus padres

      En los buenos colegios (lo son casi todos) los padres reciben información semanal del menú del comedor escolar, para su conocimiento y para darles la oportunidad de llevar un bocadillo casero cuando consideren que algún plato no es apropiado para su hijo. ¿No podría hacerse algo parecido con las nuevas materias impulsadas por el colectivo LGTBI que no son de contenido científico-cultural sino moral-ideológico?    

Creo que a eso se refiere la iniciativa de Vox sobre el “pin escolar”. La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. La Ministra de Educación, Isabel Celáa ha pontificado: “No podemos pensar que los hijos pertenecen a sus padres”. Irene Montero, Ministra de Igualdad, ha tachado de homófobos a los padres que reclamen el derecho constitucional a controlar la educación religiosa y moral de sus hijos. Ya en su propuesta de ley LGTBI de 2017, Podemos negaba a los padres el derecho a impedir que sus hijos de 10 años conocieran la variedad de prácticas sexuales a su alcance, y que sus hijos adolescentes cambiaran de sexo a los 16 años.  

Estos hechos me recordaron la aleccionadora historia de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, una versión light de las que ahora tratan de imponer. Más de 50.000 padres presentamos objeción de conciencia por entender que la asignatura se prestaba al adoctrinamiento de nuestros hijos en la ideología de género. El Tribunal Supremo, hace exactamente 21 años, sentenció la constitucionalidad de la asignatura no sin advertir que los padres conservábamos el derecho a denunciar los programas, libros, materiales y charlas que imponían ideologías que estimáramos nocivas para la formación de nuestros hijos. Bastó esta observación para que se desactivara el interés por “Educación para la Ciudadanía”.

Dos consejos al Gobierno y centros escolares ante la nueva ofensiva. Primero, respeten la libertad ideológica y, en particular, la libertad de educación en el marco de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Segundo, analicen los problemas de forma científica; busquen la correlación del adoctrinamiento de género con el rendimiento académico en las aulas y con la violencia sexual observada en nuestros jóvenes. ¿O hay alguien que tema a la libertad y la ciencia?  

La Tribuna de Albacete (20/01/2020)

Dura lex sed lex

       A los artífices del “procés independentista” se les vio relativamente serenos en la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS). Sabían que estaban en un Estado de Derecho y que no se les iba a juzgar por los sentimientos de las masas enardecidas, ni por la opinión de políticos enemigos; les juzgarían unos jueces profesionales sometidos a la ley. Dura lex sed lex.

                La defensa de los reos solo admitía una amonestación por desobediencia y algaradas. La fiscalía solicitó 25 años de prisión por rebelión. Los jueces acabaron condenando por sedición (13 años).  La sentencia no gustó ni a unos ni a otros, pero, en su fuero interno todos musitaron: Dura lex sed lex.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la semana pasada una cuestión prejudicial concluyendo que los eurodiputados adquieren sus derechos e inmunidades desde la proclamación de los resultados electorales. Algunos políticos y periodistas pusieron el grito en el cielo: “¡La justicia europea se alía con el independentismo!”. Los jueces del TS se lo tomaron con más calma y recordaron al Presidente del Parlamento Europeo (el Sr. Sassoli) que, según la legislación vigente, un condenado en firme como el Sr. Junqueras perdía automáticamente su condición de eurodiputado.  David Sassoli no tuvo más remedio que aceptarlo de oficio. Todavía quedan los recursos finales ante el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos, incluidos los jueces del TS español, habrán de acatarlos. Dura lex sed lex.

Nos gusten o disgusten estas leyes y sentencias, hemos de congratularnos de vivir en un Estado democrático de Derecho, basado en el imperio de la ley y la separación de poderes. Los políticos pueden proponer cambiar las leyes, pero habrán de seguir los procesos marcados por la legislación vigente. Dura lex sed lex.  

La Tribuna de Albacete (13/01/2020)

Los Reyes Magos siempre llegan a tiempo

                Queridos Reyes Magos. Este año no voy a pedir nada para mí. Pido por España. Por su presente y su futuro. Nos jugamos el Estado democrático de Derecho que tanta estabilidad y prosperidad ha dado a España y al resto de la civilización occidental. A muchos españoles nos asusta el deseo del candidato Sánchez de trocar las bases de nuestra convivencia de forma unilateral o bilateral; ambas son igual de inconstitucionales.

        Todavía estáis a tiempo. El hecho de que la votación del debate de investidura se haya retrasado al día siete, os brinda la oportunidad de mostrar vuestros poderes extraordinarios. ¿No podríais arrancar un “NO” al Señor Tomás Guitarte, diputado en el Congreso por Teruel Existe? Por favor, prometedle que, en adelante, Teruel será el primer pueblo que visitaréis el día de los Reyes Magos. O que siendo su partido una agrupación de electores, debería decantarse por la derecha que en Teruel tiene un 10% más de votos que la izquierda. Alternativamente, ¿no podríais insinuar a vuestro paje en Castilla-La Mancha (D. Emiliano) que, si tanto le preocupa España y le asustan los pactos con los independentistas, convenza a alguno de sus diputados en el Congreso para que vote “NO”?

                La magia de los Reyes Magos habrá de continuar hasta que cuaje una mayoría alternativa como propone la Sra. Inés Arrimadas. Los 221 votos de PSOE, PP y Cs darían la estabilidad y fortaleza que en estos momentos necesitan España y Europa. Ya sé que el Sr. Sánchez y el Sr. Casado son huesos duros de roer, pero nadie es imprescindible y seguro que aparecen otras personas capaces de mirar pon encima de la Moncloa y de las próximas elecciones. Sería la oportunidad de emprender las grandes reformas institucionales que necesitan de consensos amplios, además de mentes claras y corazones generosos. Por ejemplo, una reforma de la ley electoral, para que la gobernabilidad de España no dependa de partidos minoritarios a escala nacional.

La Tribuna de Albacete (6/1/2020)