¿A qué se debe el fracaso económico de algunas naciones?

Unas instituciones que garanticen el imperio de la ley, la propiedad privada y la libertad de empresa son la base común de todo proceso de desarrollo sostenido

La Fundación BBVA ha otorgado el premio “Fronteras del Conocimiento” al economista Daron Acemoglu, nacido en Estambul en 1967 y profesor del MITT (EE.UU.) desde 1993. Su popularidad la debe al libro escrito con J. Robinson, “¿Why nations fail?”

Acemoglu, pertenece a esa generación de economistas que tratan de justificar sus teorías con el análisis de casos históricos. Contrasta, por ejemplo, la evolución de Corea del Sur y Corea del Norte desde que se separaron en 1953. O la evolución de la comarca de Nogales que en 1853 quedó repartida entre México y los Estados Unidos. Corea del Sur es el mejor ejemplo de industrialización y desarrollo sostenido del siglo XX. El dictador comunista de Corea del Norte presume de tener armas de destrucción masiva pero es incapaz de alimentar a sus súbditos. El Nogales norteamericano ha tenido un crecimiento sostenido desde que forma parte de un país democrático donde lo normal es que prevalezca el imperio de la ley. El Nogales mexicano se parece demasiado al del siglo XIX; hay pocos estímulos para mejorar

Las posibilidades de desarrollo sostenido de una economía nacional o regional se multiplican cuando cuenta con instituciones que garanticen la libertad y la seguridad en todas sus vertientes. Esas “instituciones inclusivas” animan a los empresarios a invertir a largo plazo y a innovar continuamente. Las “instituciones extractivas o coloniales”, por el contrario, no crean riqueza; se limitan a extraerla lo antes posible … y huir a otra parte.

              Repasando el libro de Acemoglu no podía menos de pensar en nuestro país. ¿Qué necesitamos para asegurar un desarrollo sostenido? ¿Más políticos para reinventar España cada legislatura? ¿Más leyes para tapar los baches y los baches de los baches? ¿Más subvenciones para acallar a quienes más gritan? No, lo verdaderamente importante es la presencia permanente de unas instituciones que animen a las personas y grupos sociales a innovar e invertir, confiados de que podrán beneficiarse de sus esfuerzos. Unas instituciones que hagan realidad las primeras palabras de nuestra Ley Fundamental: “España se constituye en un Estado democrático y social de Derecho”. Unas instituciones que garanticen el imperio de la ley, la propiedad privada y la libertad de empresa es la base de todo proceso de desarrollo sostenido.

La Tribuna de Albacete (17/02/2017)

Pacto educativo y vale escolar

Un medio sencillo de inyectar competencia 

en el sistema educativo

 La semana pasada se dio el pistoletazo de salida hacia el gran pacto educativo que la tierra hispana añora como agua de mayo. Hay que acabar con la perniciosa tradición de cambiar la ley de educación cada vez que llega al poder un partido con mayoría absoluta. Desde el Ministerio de Educación se está organizando la comisión de 82 expertos que habrán de alumbrar un pacto en seis meses. Estos sabios (como se les llaman ahora) representarán a todos los sindicatos de la enseñanza (hasta 13 he contado yo) y a las organizaciones de padres de escuelas públicas, privadas y concertadas, amén de los partidos políticos con escaño.

Me surgen algunas dudas. ¿Sobre qué puntos han de ponerse de acuerdo? Evidentemente, no es lo mismo acordar unos principios y objetivos generales, que cerrar un curriculum para todos los colegios españoles, para cada curso y para cada asignatura. ¿Serán capaces de llegar a algún acuerdo eficaz tantos grupos con intereses e ideologías tan enfrentadas? Me temo que el gran pacto educativo podría convertirse en el gran parto de los montes que alumbró un ratón. Más de lo mismo, pero todos contentos porque han recibido alguna subvención adicional para esto, lo otro o lo de más allá

El pacto educativo se simplificaría mucho y conseguiría mejores resultados si nos atreviéramos a introducir el “vale escolar”. La figura se sustenta sobre tres patas: (1) Libertad de gestores y profesores para crear centros educativos y para organizarlos; (2) Libertad de los padres para escoger el colegio que les parece más adecuado para sus hijos; (3) Reválidas al final de cada etapa que reflejen los resultados de unos centros que persiguen metas comunes por vías diferentes.

No será fácil que prospere el vale escolar. Las calles pronto se llenarían de pancartas en defensa de una enseñanza “de calidad, gratuita y pública”. Los defensores del vale escolar asumimos plenamente los dos primeros calificativos. Tampoco tenemos nada contra la escuela pública. Sólo contra el monopolio público en la enseñanza que, como cualquier otro monopolio, redunda en menor calidad del producto final, despilfarro de medios y pérdidas de libertad. El vale escolar es un medio sencillo de inyectar competencia en el sistema educativo, competencia que ayudará a resolver de forma libre, responsable y pacífica los problemas que vayan surgiendo en el quehacer educativo. Se me agota el espacio. Los interesados pueden seguirme en la conferencia que impartiré el jueves 23 de febrero a las 18:30 en la Diputación Provincial de Albacete.

La Tribuna de Albacete (20/02/2017)

Renta básica (y 2)

Un gigante que trata de levantarse a sí mismo 

estirándose del cabello

Sobre el tapete de la mesa política hemos colocado una nueva patata caliente con la etiqueta de la “renta básica”. En realidad, lo que proponen los sindicatos españoles es estirar los subsidios existentes. Pero no deja de ser una excusa para reflexionar sobre la renta básica, un tema que será recurrente en economías incapaces de emplear a su población activa.

Nos guste o no, el primer problema a abordar en cualquier propuesta política es el presupuestario. ¿Puede el Estado comprometerse a pagar a todos los españoles una cantidad mensual igual o superior al salario mínimo? Sabemos que, de hecho, sólo recibirán dinero aquellos con obligaciones tributarias inferiores a ese salario mínimo. Aun así, para garantizar un nivel de renta aceptable para todos los parados y marginados, no quedará más remedio que elevar la presión fiscal sobre los beneficios empresariales y las salarios superiores a la media. ¿Es factible? ¿Hay límites?

El segundo factor a considerar en la valoración de las leyes, son los incentivos que generan sobre los agentes afectados. ¿Y si las empresas y trabajadores más presionados por el fisco dejan de invertir o se desplazan al país vecino? ¿Y si los beneficiarios de la renta básica se conforman con ella y dejan de buscar trabajo? ¿Y si la medida tiene un efecto llamada tal que desborda la capacidad presupuestaria del país más rico?

En la propuesta pionera de Milton Friedman, la renta básica era un medio para animar a los trabajadores a buscar trabajo, a sabiendas que no perderán esa renta cuando lo encontraran. El problema surge cuando a la economía le falta fuelle para crear suficientes empleos. En esas circunstancias los desempleados acabarán por desanimarse y su único subjetivo será mantener la renta básica. El peor de los escenarios sería una sociedad fracturada donde se agranda la brecha entre la población empleada en la economía privada (con una renta alta pero carcomida por los impuestos) y la población alimentada por las administraciones públicas (con una renta básica, pero que muy básica). 

Los problemas complejos no tienen soluciones únicas y/o fáciles. Pero sí hay elementos que no debieran faltar en cualquier solución. La historia nos enseña que para conseguir un progreso económico y social sostenible hemos de dejar actuar a la iniciativa privada, corregir sus deficiencias y animar a la gente a salir pronto de la dependencia inevitable, es decir, a recobrar su iniciativa. Sin iniciativa privada la economía se asemeja a un gigante que trata de levantarse a sí mismo estirándose del cabello.

La Tribuna de Albacete (13/02/2017)

Renta básica

Cuando una idea radical tiene apoyos 

en la izquierda y la derecha merece una atención especial

Hace una semana, el Congreso español dio luz verde a la tramitación de una ley sobre la renta básica. La propuesta fue presentada por los dos grandes sindicatos (CC.OO. y UGT) con el aval de 700.000 firmas. Votaron a favor todos los partidos menos el PP y Ciudadanos.

Tendremos para debatir durante bastantes meses, quizá años. Lo primero, reconocer que se trata de un tema fundamental que ha preocupado durante medio siglo a economistas, sociólogos, filósofos y políticos de diferentes ideologías. Cuando una idea radical tiene apoyos en la izquierda y la derecha, merece una atención especial.

En 1962 Milton Friedman escribió un artículo en defensa del “impuesto negativo sobre la renta”, el primer nombre de la renta básica. Lo que preocupaba al futuro Premio Nobel de Economía era el crecimiento del “estado asistencial”. Un sistema que ahogaba la iniciativa individual y dejaba a muchos en la trampa de la pobreza. Si garantizamos a un desempleado el 90% de su salario durante dos años, ¿qué incentivo tendrá para buscar trabajo antes de esa fecha? La motivación sería fuerte, en cambio, si le dicen que de encontrar trabajo cobraría el salario sin perder la renta básica. La economía y la sociedad funcionarían mejor, concluyó Friedman, si el abigarrado sistema de subsidios y prestaciones se sustituyera por una renta básica universal e incondicionada. A excepción de los “buscadores de rentas” todos los demás podrían ganar.

          En 1986 Philippe van Parijs y Robert van der Veen escribieron un artículo sobre la renta básica que sigue siendo la referencia de los teóricos y políticos de izquierda-izquierda. El énfasis está en la defensa de la igualdad real y la libertad real. Sólo quien tiene cubiertas sus necesidades básicas es efectivamente libre para aceptar o rechazar un contrato laboral explotador. Además, ¿quién será el afortunado de tener un empleo fijo en la economía robotizada que nos espera? Para estos autores, la renta básica universal, que sustituiría algunas prestaciones del estado del bienestar pero no todas, es un logro histórico equivalente al sufragio universal.

               Adviértase que ambas posturas (liberal e intervencionista) concluyen que para que el sistema funcione la renta básica ha de ser universal e incondicionada. Ninguno de los dos requisitos aparece en la propuesta sindical que será discutida en el Congreso español en los próximos meses. 

La Tribuna de Albacete (06/02/2017)