Montesquieu ha muerto. ¡Viva Montesquieu!

La independencia del poder judicial sí tiene arreglo; 

pero es demasiado simple

La prensa de ayer mostraba la satisfacción de casi todos los políticos españoles tras el acuerdo de renovación de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Debe ser un órgano vital, pienso yo. Busco sus estatutos en San Google y leo: “El Consejo General del Poder Judicial (tiene) la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.

Enterado. Vuelvo a la noticia de prensa. De los nombres llevados a la aprobación parlamentaria (que, tras el Consenso, ya está asegurada) 10 lo son a propuesta del PP y 7 del PSOE. Los tres miembros restantes han sido escogidos respectivamente por CiU, el PNV e IU. La mayoría de los afortunados pertenecen a las dos grandes asociaciones de jueces y fiscales: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia. Los calificativos “conservador” y “progresista” no los invento yo, es la forma habitual con la que se designan ellos mismos.  

Por lo visto las manifestaciones de júbilo más visibles proceden de IU que por fin ha conseguido meter un pie en el poderoso Consejo. Las caras más risueñas son las del PP que se lleva el agua a su molino: con la mayoría conseguida podrán controlar durante los  próximos cinco años los nombramientos de la cúpula del poder judicial y las sentencias con mayor carga política. Los que respiran más hondo son los dirigentes del PSOE que han hecho recular al Ministro de Justicia, Sr. Gallardón. Eso de profesionalizar el Consejo estaba bien para el programa electoral del PP, no para hacerlo realidad. Cuando mañana ellos (los socialistas) lleguen al poder volverán a coger las riendas del poder judicial. 

            ¿No habrá nadie, me pregunto yo, que denuncie la incongruencia de que los políticos elijan a los jueces? ¿Dónde ha quedado la separación de poderes predicada por Montesquieu como condición necesaria para controlar a los políticos?  Montesquieu murió del todo en 1755. Su doctrina ha ido muriendo poco a poco, a medida que la democracia ha degenerado en “partitocracia”. El Parlamento ya no es quien aprueba las leyes que el Gobierno deberá ejecutar. Solo es la cámara donde se refrendan los textos emanados del ejecutivo. El ruido que allí se escenifica no pretende convencer al resto de grupos parlamentarios sino transmitir un mensaje a los electores que todavía no tienen claro el destino del voto. Ganar las próximas elecciones es el leitmotiv de la partitocracia.

            No veo la manera de revitalizar la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. ¡Razón de más para reforzar la independencia del poder judicial! Este problema sí que tiene arreglo, y muy fácil de aplicar. Bastaría elegir por sorteo a los miembros del Consejo, del Tribunal Constitucional y de otras altas instancias de la judicatura. Los elegibles en el sorteo serían aquellos magistrados que cumplan determinados requisitos, por ejemplo, un mínimo de años desde que se accedió a la carreara por oposición. Subrayo lo de la “oposición” pues el anterior Ministro de Justicia, Sr. Bermejo, llegó a proponer la eliminación del sistema de oposiciones que tan injusto era para los malos estudiantes. Lamentablemente este tipo de propuestas tan simples, no suelen ser del agrado de quienes se han instalado en el poder y temen perder la discrecionalidad en su ejercicio. Seguiremos viendo como el Consejo y el mismo Tribunal Constitucional se parten por mitades ante los casos más conflictivos: los jueces “conservadores” dicen blanco; los “progresistas”, negro.

¿Quién ha dicho que los políticos españoles no eran capaces de unirse por cuestiones de Estado? Aquí les vemos a todos, poniendo cerrojos al féretro de Montesquieu al tiempo que gritan jubilosos: ¡Viva Monstesquieu!

La Tribuna de Albacete (27/11/2013)

España, consultorio de independencias y asuntos varios

Señorías, por favor, los experimentos con gaseosa

Como la imaginación es libre y no tributa, voy a promover un referéndum virtual sobre la reinstauración de la República. El momento parece oportuno, habida cuenta del descrédito que ha sufrido la monarquía por obra y gracia del yernísimo Sr. Urdangarin, sin menospreciar los méritos propios del Rey. La consulta podría ser convocada por la Junta de Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Albacete. Quien antes me haga llegar las urnas se apropiará del mérito de la iniciativa. La pregunta: “Desea usted sustituir la actual Monarquía medieval por una República siglo XXI? ¡A la tercera va la vencida!” Tengo la certeza de que los pocos o muchos que se molestaran en acudir a las urnas, votarían a favor de la tercera república.

Ahora bien, pregunto yo para tocar el fondo de este tipo de propuestas: “¿Para que serviría esa consulta, con independencia de su resultado?” –Para nada, respondo, y lo aclaro. Primero porque un referéndum así planteado sería ilegal. Segundo porque aunque consiguiéramos permiso del Gobierno central para montar un referéndum, los manchegos no podemos decidir sobre materias que afectan a todos los españoles. Tercero porque la materia que nos ocupa (la monarquía) está consagrada en el art. 1.3 y el título II de la Constitución española; su abolición requiere seguir, paso a paso, el proceloso camino de las reformas constitucionales detallado en el título X.

 El referéndum de autodeterminación pretendido por la Generalitat catalana adolecería de la misma inconstitucionalidad pues ataca frontalmente “la indisoluble unidad de la Nación” (art. 2) y “el estado de las autonomías” del título XVIII. Los partidos republicanos y/o independentistas tienen todo su derecho a soñar con la Tercera República Española o la Primera República Catalana pero para hacer realidad sus sueños primero habrán de ganar unas elecciones generales y luego conseguir 3/5 de votos en las dos cámaras legislativas. El referéndum previo no es ni necesario ni suficiente.

 Me sorprende que partidos catalanes tan serios como Convergencia y Esquerra Republicana no sean conscientes de la futilidad de la consulta que proponen. Me sorprende todavía más que la moderada Unió Democrática, socio de Convergencia, suscriba la consulta para poder decir NO a la independencia y SÍ a la confederación. El colmo de mi sorpresa llega cuando el Partido Socialista Catalán, hasta hoy uña y carne del PSOE, jalee una consulta donde sus afiliados puedan manifestar su opción federal.

Señorías, por favor, los experimentos con gaseosa. Si queremos saber las preferencias de los catalanes sobre la organización territorial (estado centralizado, autonómico, federal o confederal) y las formas de gobierno (monarquía o república) lo propio sería hacer una encuesta de opinión. Seleccionando bien la muestra, los resultados serían más completos y fiables que el referéndum más participativo. Pedir a los ciudadanos que voten sobre lo que no tienen capacidad de decisión constituye un engaño y un peligro. Un engaño todavía más peligroso que el que el 2006 refrendara la reforma del Estatut de Autonomía antes de que se hubieran resuelto los recursos de inconstitucionalidad que se cernían sobre él.

    Pero, ¿qué puede la Constitución contra la libre decisión de un pueblo?, me dirán los independentistas. ¿De qué pueblo y de qué libertad están ustedes hablando?, les respondería yo. ¿Qué dirían ustedes a los vecinos de una comarca catalana que votara masivamente por la independencia respecto a Cataluña? ¿Y de verdad creen ustedes que hoy se dan las condiciones para que los catalanes decidan libremente? Tras cuarenta años de franquismo, que controló férreamente los medios de comunicación y las escuelas, el resultado del referéndum hubiera sido uno. Tras cuarenta años de nacionalismo, que ha controlado los medios de comunicación y la escuela de manera con mano no menos férrea, el resultado será otro, sin duda. Para equilibrar la balanza yo propongo dejar pasar unos años de libertad. Libertad en la información, que empieza por cerrar las televisiones públicas y eliminar las subvenciones a los periódicos. Libertad en la educación que implica la libre creación de centros y el respeto a la libertad de los padres para llevar a sus hijos al colegio que les merezca más confianza. Cuando se den esas condiciones, hablamos. Posiblemente habrá poco que hablar pues ningún partido político se verá capaz de engañar al electorado. 

La Tribuna de Albacete (20/11/2013)

Regeneración ética de la política

Preparación intelectual y moral, 

que en la política las dos cosas son igualmente importantes

En julio de 2013 se publicó el último informe de “Transparencia Internacional” donde se recogen las opiniones de 114.000 personas en 107 países. Más de la mitad de los encuestados considera a los partidos políticos como la institución más corrupta y acepta que los niveles de corrupción empeoran con el paso del tiempo por el control que los grupos de presión ejercen sobre los políticos. Esto como media. En España el porcentaje de personas que consideran a los partidos como la institución más corrupta se eleva del 53 al 83%.

En mis estudios universitarios me explicaron que la corrupción política era un problema de países pobres dominados por un déspota y que el problema se curaría con el progreso económico y democrático. A la vista de los datos de la encuesta anterior y los que leo cada mañana en la prensa es evidente que me engañaron. La democracia que conocemos se instrumenta en un sistema de partidos cuyo objetivo prioritario, por no decir único, consiste en ganar elecciones. Para engrasar la maquinaria electoral precisan de donativos de empresas y sociedades. Estas prodigan los “donativos”, a sabiendas de que una nueva contrata les puede asegurar los beneficios de una década. He aquí los dos canales que alimentan el puchero de la corrupción política. El tamaño de esos canales y ese puchero están claramente relacionados con el tamaño y discrecionalidad de los aparatos del Estado.

¿Daremos por pedida la batalla por la gestión honrada y eficaz de la cosa pública? Mercedes Serrano, profesora de Derecho Constitucional, respondió negativamente en la Segunda Jornada Universitas que versó sobre temas éticos.  Aunque no podamos erradicar la corrupción, afirmó, estamos obligados a sacarla a la luz para castigarla y hacerla más difícil. Es posible y necesario un pacto por la regeneración ética de la democracia. En su opinión, la Declaración del Congreso de Diputados el pasado mes de febrero y el subsiguiente informe del Centro de Estudios Políticos-Constitucionales, constituyen un buen punto de arranque.

Yo también valoro positivamente este tipo de iniciativas que combinan las tradicionales vías penales (sanciones a la apropiación indebida de fondos públicos) con la introducción de códigos de buenas prácticas (publicación de las cuentas de los partidos, por ejemplo). Estimo, sin embargo, que se trata de remedios necesarios, que no suficientes. Ha llegado el momento de replantearnos qué hacer con el Leviathan del sector público y la maquinaria que ha montado para su propia supervivencia. Sólo así podremos bloquear los canales que riegan el puchero de la corrupción política

Algunas preguntas subversivas, para calentar el debate. ¿Perderíamos algo si redujéramos drásticamente el número de parlamentarios, exonerándoles de impuestos … y de sueldo? ¿Pasaría algo si la campaña electoral pagada con fondos públicos se redujera al franqueo de un par de cartas a todos los domicilios del país y a quince minutos en la televisión pública para cada formación política? Quienes tengan muchas cosas que contar, que creen una página web interactiva; sale gratis. ¿Pasaría algo si los contratos se asignaran aleatoriamente entre todas las empresas habilitadas para realizar obras públicas? Me temo que el único cambio relevante sería la reducción de las posibilidades de corrupción y de esas vocaciones políticas prematuras que no buscan tanto el servir como el ser servido.

¿Es posible ser un político honrado y no morir en el intento? Esta pregunta surgió en varios momentos de la Jornada Universitas. Rebeca Carrión, estudiante de Derecho, respondió afirmativamente glosando la vida y obra de Robert Schuman. Quienes valoramos las ventajas de pertenecer a la Unión Europea y contamos año a año el periodo más largo de paz en Europa, no debiéramos ignorar la aportación de esos políticos que han consagrado sus vidas al servicio de la causa pública. Uno de los peores efectos de los escándalos actuales sería desanimar a los jóvenes que sientan vocación política. Mirando a Schuman alguno descubrirá la esencia de la vocación política y, ojalá, se anime a prepararse bien. Preparación intelectual y moral, que en esta profesión las dos cosas son igualmente importantes. 

La Tribuna de Albacete (12/11/2013)

Regeneración ética de la economía

“Sin honestidad no hay confianza 

y sin confianza no hay mercado, solo selva”

La teoría económica tradicional asociaba el crecimiento a una buena combinación de dosis crecientes de trabajo y capital (maquinaria). En los años sesenta del siglo pasado, Robert Solow demostró que los dos factores productivos mencionados apenas explicaban el 50% del crecimiento real. El elemento que faltaba (el “factor residual”) era el progreso técnico. Otros le llamaron el “capital humano” y lo asociaron al gasto en educación y en I+D, gasto que mejora la productividad del trabajo. Pero tampoco el nuevo modelo de crecimiento se mostró suficiente para explicar el éxito de unos países en desarrollo y el fracaso de otros. Se empezó a hablar entonces del “capital social”, identificado con aspectos morales de todo tipo: respeto a leyes y contratos, honestidad de los líderes económicos y políticos, grado de confianza entre los agentes… Doscientos años después, la ciencia económica volvía a reconocer la importancia de los fundamentos éticos. Adam Adam Smith, padre de la Economía, los dejó bien claros; pero sus sucesores los olvidaron pronto, empeñados como estaban de conseguir una ciencia pura a imitación de la Física, sin valores y sin límites éticos.

En la Segunda Jornada Universitas se habló de la regeneración ética de la Economía. Diego Pedregal, Catedrático de la UCLM, trajo a colación la obra de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. “Es de idiotas, de idiotas racionales, pensar que el egoísmo y el interés propio hacen funcionar por sí mismos a los mercados. Sin este saber moral, sin la honestidad que comporta respetar los contratos, sin la cooperación y colaboración necesarias para la producción; sin la credibilidad del producto o marca… no hay confianza. Y sin confianza no hay mercado, solo selva”. La fuerza de estas afirmaciones quedó patente cuando fueron contrastadas por frases similares de Benedicto XVI en su encíclica “Caritas in Veritate”. Este tipo de coincidencias nos invitan a concluir que la fundamentación ética de la economía no es una cuestión de credo religioso o ideología; es puro sentido común.

                Quienes piensan que en Occidente andamos sobrados de “capital social” o “moral”, piensan mal. Lo demostró Luis Sahuquillo, estudiante de Economía en la UCLM, en sus comentarios al documental de Charles Ferguson: “Inside Job”.  El título alude, precisamente, a los “chanchullos” (a veces ilegales, casi siempre inmorales) entre directivos financieros de la banca comercial, la banca de inversión y las agencias de calificación. La crisis actual pone de manifiesto, concluyó Sahuquillo, las consecuencias de levantar castillos financieros sobre unas bases morales muy deterioradas.

                Todavía atrapados entre las ruinas del castillo, nos preguntamos hoy: ¿qué podemos hacer para regenerar las bases éticas de la economía? Compartiendo las pautas marcadas por Pedregal y Sahuquillo, entiendo que la solución no estriba tanto en más regulación como en mejor regulación.  Hay que reforzar la responsabilidad ética de los directivos financieros para desincentivar la asunción de riesgos excesivos a costa del bolsillo ajeno. Por concretar: no me opongo a las bonificaciones pero pospondría el pago una década y previo descuento de las pérdidas acaecidas en el ínterin. Para desincentivar el riesgo moral, yo dejaría claro que los bancos pueden quebrar y sus dueños perder todo el capital invertido. Esto podría hacerse sin daño económico si el Gobierno, a través de una nacionalización temporal, garantiza los depósitos y el crédito

                Pensemos ahora en las empresas no financieras. Los códigos éticos de buena conducta y buenas prácticas, así como las certificaciones éticas, han demostrado ser instrumentos útiles. Logran unir los intereses personales (vender los productos) con el interés social (que en la producción de esos bienes no se haya utilizado trabajo infantil, inputs contaminantes…).  El peligro, como decía José Ramón Ayllón, otro de los participantes en las Jornadas, es convertir la ética en etiqueta.  Se evitará si la población tiene una sólida formación moral que le lleva a rechazar todo lo que huele a fraude, robo y abusos sobre la parte débil. Mi experiencia vital me dice que esa formación se mama en la familia y es difícil suplir. Pero, ¿dónde está la familia?  

La Tribuna de Albacete (06/11/2013)