Quería escribir un artículo sobre “la sanidad en tiempos de guerra” y, sin querer, lo he titulado “la guerra de la sanidad”. Qué le vamos a hacer, es lo que hay. El Estado español puede y debe centralizar las competencias sanitarias mientras se libra la guerra contra el coronavirus. Problemas globales reclaman soluciones globales. Estas han de venir de la OMS y ser apuntaladas por cada uno de los 200 estados del mundo. La razón: es en el territorio nacional donde la movilidad personal es máxima.
El Estado español es el último responsable del control de la pandemia en España. Ello no significa que las medidas
hayan de aplicarse a toda España ni que la gestión directa corresponda a la
clase política. Lo suyo es que las propuestas emanen de un Comité de Crisis
compuesto básicamente de epidemiólogos. Añádase algún economista que ponga
sobre la mesa las consecuencias económicas de las medidas propuestas por los
sanitarios.
La clave de una buena gestión
estriba en que quien tome las decisiones asuma las consecuencias y
responsabilidades. Me temo que quienes defienden la vuelta al confinamiento
total, son políticos o funcionarios que siguen cobrando lo mismo, aunque no
trabajen o hagan unas gestiones mínimas por teletrabajo. Un cuarto de la
población no tiene esa suerte y cuando la pandemia esté controlada podría
ocurrir que no encontrara su antigua empresa. Aun a riesgo de ser defenestrado
por mis compañeros de universidad o mi propia familia, propongo que, en caso de
un confinamiento total, los políticos, funcionarios y demás personas que
dependemos del erario público suframos un recorte salarial del 25%. Serviría
para aliviar a los que pierden todos sus ingresos. También para que antes de repetir
una decisión de tal calibre, los expertos y políticos se aseguren de su
absoluta necesidad.
La Tribuna de Albacete (16/11/2020)
