domingo, 30 de julio de 2017

Aritmética de la ruptura legal de España

La reforma confederal de la Constitución Españaola
es la vía legal para la secesión

                En España, como en cualquier “Estado democrático de Derecho”, existe el derecho a decidir y la obligación de decidir conforme a Derecho. Hasta la monarquía y el estado autonómico podrían transformarse en una república y una confederación donde los territorios gozan del derecho a la secesión mediante un referéndum unilateral. El Bréxit es el ejemplo más cercano. La condición para llegar a este resultado es que la nueva Constitución confederal se apruebe por 2/3 del Parlamento y sea refrendada por el pueblo español. Luego vendría el referéndum de independencia propiamente dicho que permitiría la secesión unilateral de la región de marras si se obtiene una mayoría cualificada.
                Me he tomado la molestia de elaborar la aritmética de una ruptura legal de España. Con los datos de las elecciones generales de junio 2016, la solución confederal sería hoy aceptada por el 27% de los votantes. Incluyo los votos de Podemos y de los partidos regionalistas con representación parlamentaria. Podríamos añadir un pico por los partidos regionales que se quedaron a las puertas de un escaño. Por supuesto, no todos estos grupos se declaran independentistas. Me temo, sin embargo, que aceptarían de buena gana una constitución que les permitiera independizarse en el momento que mejor les viniera y a coste cero.
Para conseguir más del 67% de los votos a escala nacional, haría falta que se doblara el voto a la opción confederal más el pico sugerido. El incremento se antoja difícil. Pero, ¿y si la mitad del PSOE pasara de su actual opción federal a la confederal? En este caso bastaría un incremento del 33% para que la constitución confederal quedara aprobada por mayoría cualificada. Este cambio ya entra dentro de lo probable. Terremotos mayores hemos visto recientemente.

                La opción confederal es la vía legal para la independencia de las comunidades autónomas que lo deseen. Requiere que el voto independentista pasara del 50 al 67% de las comunidades implicadas y que alguno de grandes partidos nacionales apoyara la nueva constitución confederal. Una opción que no existe en ningún país del mundo, excepto en instituciones en formación como la Unión Europea. Una opción que atraparía a sus benevolentes promotores en un final no deseado. Podemos promete una y otra vez que, llegado el referéndum regional, ellos votarían en contra de la secesión. El problema es que una vez constituido el Estado confederal, los independentistas ya no necesitarían su voto para tener la holgada mayoría que precisan para aprobar el referéndum y su propia Constitución.  Estos partidos confederales pasarían a la historia de España como el “tonto útil” de los independentistas. 
La Tribuna de Albacete (31/07/2017) 

domingo, 23 de julio de 2017

Referéndums malos y peores

Dudo que un referéndum sea la mejor manera de mostrar 
la insatisfacción popular... incluso en Venezuela

Llevo días criticando el referéndum independentista catalán y defendiendo la reforma constitucional como única vía legal para introducir algunos cambios razonables. Esta semana me he quedado en fuera de juego al leer que la oposición venezolana improvisó un referéndum contra la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro.  ¡Y todo el mundo aplaudió!
      Tras una lectura más detenida de los hechos, descubro que ambos fenómenos se encuentran en las antípodas. El referéndum impulsado por la oposición venezolana fue una movilización  complementaria a la huelga general subsiguiente y a las protestas callejeras que se producen cada día en cualquier parte del país. ¡Una población hambrienta es difícil de controlar!
Dudo que un referéndum sea la manera mejor de mostrar la insatisfacción popular. Se presta a la demagogia y la manipulación. Los convocantes cuentan que acudieron a votar 7,2 millones de venezolanos y que el 98% asintió con las propuestas de la oposición. Podrían haber dicho cualquier otra cosa pues las urnas eran de cartón. El régimen podría haber respondido que también los dictadores consiguen cifras de aprobación similares en sus consultas y que el verdadero voto negativo estaría cuantificado en los 12 millones de electores que prefirieron quedarse en casa.
        El objetivo inmediato de la Asamblea Constituyente es distraer la atención de la Asamblea Nacional dominada por la oposición desde enero de 2016. Aunque la Constituyente no consiga reforzar los poderes del Presidente, gana tiempo en espera de una subida del precio del petróleo antes de las próximas elecciones presidenciales. ¡Con los estómagos vacíos es difícil conseguir votos!

         Nada que ver con referéndum catalán que ni es democrático, ni es legal, ni responde a una situación de opresión política o de hambruna desesperada. Así lo han visto los estados y organismos internacionales, ninguno de los cuales ha brindado su apoyo al flamante consejero catalán de Asuntos Exteriores. El caos se apoderaría del planeta si cualquier territorio de cualquier país del mundo pudiera independizarse mediante un referéndum unilateral. Aunque se llegara a celebrar el 1-O no pasaría de ser una pantomima sin reconocimiento nacional o internacional. Sólo el régimen de Maduro ha anticipado su voluntad de reconocer la hipotética República Catalana. ¡Vaya casualidad!
La Tribuna de Albacete (24/07/2017) 

lunes, 17 de julio de 2017

El marco del diálogo

Antes de empezar el juego político conviene repasar 
las líneas, reglas y tiempos que lo enmarcan

            Dos de cada tres artículos sobre el affaire catalán, incluyendo los contrarios al referéndum de independencia, empiezan condenando el inmovilismo e incapacidad de diálogo del actual Gobierno español. ¡Disiento! A los políticos del PP se les puede reprochar muchas cosas. Su negativa a negociar un referéndum de secesión es digna de elogio. Saben que no entra en el marco de sus competencias.
Si mis lectores me apoyan, podríamos crear un nuevo partido político: ALI (Albacete Libre de Impuestos). El señuelo de limitar las cargas impositivas de los albaceteños al IBI, seguro que atraería muchos votos. ¿Y si el Ministerio de Hacienda no nos toma en serio? ¡Pues convocaríamos un referéndum de independencia! ¿En qué consistiría el diálogo en este caso? ¿En decidir hasta donde se rebaja la participación impositiva de la ciudad española de Albacete? ¿O en determinar los nuevos derechos y obligaciones de un Albacete independiente? Ni una cosa ni la otra. Un acuerdo así compete a la soberanía nacional y requiere la previa modificación del texto constitucional.
Pues esto es lo que no quieren ver los “referendentistas” y quienes, sin serlo, acepta las nuevas reglas del juego político que aquellos se han sacado de la manga. Un referéndum como el anunciado para el 1/10/2017, es ilegal y, por tanto, jurídicamente inocuo. Lo seguiría siendo aunque el Gobierno o el Parlamento concedieran a la Generalitat el derecho a convocarlo. La independencia de una parte del territorio español exige una reforma constitucional previa. Según el artículo 168 de la CE esta empieza con la aprobación por 2/3 del Congreso y del Senado; sigue con la disolución de las cámaras, nuevas elecciones y aprobación del texto constitucional por 2/3 de las nuevas cámaras;  acaba con un referéndum nacional.

Antes de empezar el juego político conviene repasar las líneas, reglas y tiempos que lo enmarcan. De lo contrario nos podemos decepcionar tanto como los redactores del Estatuto Catalán de 2005. Catorce de sus artículos fueron declarados inconstitucionales por el TC. De nada sirvió el argumento de que tales preceptos habían sido aprobados por el Parlament y el Congreso, y que habían sido refrendados por el pueblo catalán. Esas instituciones no pueden decidir sobre asuntos que no son de su competencia. El diálogo es útil para todo, pero en cada caso ha de ceñirse al marco legal que protege el Estado democrático de Derecho.
La Tribuna de Albacete (17/07/2017)

lunes, 10 de julio de 2017

Historietas en el "Independence Day"

La diferencia es que en el caso español 
no hay armas de por medio

4 de julio de 2017. Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental que llegó a la costa de Alaska en 40 horas, mientras los americanos celebraban su “Independence Day”. El Presidente, Kim Jong-un,  se congratuló del éxito de la prueba y advirtió a los “yanquis” que están preparados para lanzar misiles de cabeza nuclear a cualquier rincón del mundo. Los medios estatales de Pionyang remataron: “Es hora de que Corea del Norte demuestre su ímpetu a EE. UU. quien, desafiando una y otra vez sus advertencias, está poniendo a prueba la voluntad del pueblo coreano”. La reacción de EE. UU. no se hizo esperar. Además de enseñar los dientes (msiles en Seul), el Secretario de Estado, Mr. Tillerson, urgió una respuesta conjunta de la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad de las NU y de los gobiernos nacionales: “Todos los países deberían enviar a Corea del Norte el mensaje de que probar armas nucleares tiene consecuencias”.
Con pocas horas de dilación, asistimos a la puesta de largo del independentismo catalán en la presentación de la web “garantías.cat”. Sus dirigentes confirmaron que el referéndum se celebraría el 1 de octubre, con independencia de lo que diga el Gobierno español y el Tribunal Constitucional. Y que sería vinculante si ganara el SÍ a la secesión aunque fuera por la mínima y sin apenas participación. En 48 horas se proclamaría la independencia de la República Catalana y se aprobaría la Ley de Transitoriedad que desconectaría al pueblo catalán del yugo de la Constitución española y del Estatut de Autonomía. El Presidente, Carles Puigdemont, ensalzó el “nuevo Estado de Derecho frente a las actuales cloacas del poder” y  dio la bienvenida a la nueva legalidad que, por su carácter democrático, sí vinculará a todo el pueblo catalán. Los partidos constitucionalistas, que representan una mayoría aplastante a nivel nacional, se pusieron de acuerdo para tachar el referéndum de ilegal. Lamentablemente, en la letra pequeña, sigue prevaleciendo el interés por marcar sus diferencias. A nadie se le ha ocurrido llevar el asunto al Parlamento Europeo y preguntar qué hay que hacer cuando los habitantes de cualquier territorio europeo deciden independizarse a las bravas.
¿Una china en el zapato? Sí, este es el elemento común de estas dos historietas de nunca acabar. La diferencia más ostensible (y reconfortante) es que, en el caso español no hay armas de por medio.
La Tribuna de Albacete (10/07/2017)

lunes, 3 de julio de 2017

El odio populista a la economía de mercado

A quienes critican a la economía del mercado habría que regalarles una empresa 
para que comprobaran lo difícil que es mantenerla viva para acabar consiguiendo un beneficio ramplón

Los argumentos populistas se venden bien porque sintonizan con la vena filantrópica que todos llevamos dentro. Partidos de izquierda y derecha, movimientos sindicales, culturales o religiosos, todos nos sentimos más humanos cuando predicamos las ventajas de la cooperación altruista frente la competencia despiadada en el mercado; o la satisfacción de las necesidades humanas frente a la búsqueda de beneficios. El gran mérito de Adam Smith consistió en verlos como aliados naturales. La presión competitiva fuerza a los empresarios, trabajadores y consumidores a ser más eficientes, honestos e innovadores. Ahí radica el secreto de la mano invisible.
Quien desea desenmascarar las falacias económicas del populismo está invitado a asistir a mi curso de Introducción a la Economía. En la lección primera se aporta evidencia empírica para demostrar que el sistema capitalista de mercado es el único que ha demostrado la capacidad de un crecimiento sostenido de donde deriva el bienestar y el empleo. Siguen existiendo desigualdades clamorosas. Pero son menores que las que había antes del capitalismo y no se perpetúan en el tiempo cuando el sistema educativo logra la “igualdad de oportunidades”. De la “igualdad por abajo” que predica el sistema socialista, mejor no hablar.
En la lección segunda se explica que la competencia fuerza a introducir nuevos y mejores productos, minimizar costes (es lo mismo que “maximizar beneficios”) y ajustar los precios a unos costes de producción en continuo descenso.
En la tercera lección se analizan los fallos de mercado. Entre ellas necesidades insatisfechas, desempleo involuntario y contaminación.  
En la cuarta lección se recomienda la intervención estatal para corregir los fallos del mercado. No podemos obviar, sin embargo, que también el Estado tiene fallos y que los políticos fácilmente corrompen y se dejan corromper.  Lo peor que nos podría suceder es que la intervención pública ahogara la iniciativa privada y nos convirtiera a todos en “buscadores de subvenciones”.
Posiblemente mis clases no serán suficientes para acabar con los prejuicios populistas contra la economía de mercado. Agradecería al Tesoro Público que regalara a cada partido político, a cada sindicato y a cada movimiento filantrópico, el dinero necesario para montar una empresa. Cuando comprobaran lo difícil que es mantenerla viva para conseguir un beneficio ramplón, dejarían de criticar al mercado, a la empresa y al beneficio.
La Tribuna de Albacete (03/07/2017)