La justicia tiene los ojos vendados

             

Hay problemas cuya solución se antoja difícil, por no decir imposible. El conflicto árabe-israelí o el separatismo de aquí y allí, suministran dos ejemplos. Otros problemas no menos importantes tienen, sin embargo, una solución sencilla, con tal que haya voluntad en resolverlos. Pienso en la independencia judicial que tanto revuelo ha levantado en España y en la UE durante los últimos meses.

                El quid de la cuestión radica en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPD), responsable de la gestión de asuntos internos que pueden afectar al signo de las sentencias más controvertidas. La solución más sencilla, objetiva y general consiste en sortear esos asientos entre los jueces interesados y que cumplan determinados requisitos. La segunda solución (second best), es que los jueces elijan directamente a sus representantes.  

El sistema actual admite la elección de los miembros del CGPJ (no necesariamente jueces) por el Parlamento. La fuerte mayoría exigida (3/5) evita las manipulaciones del Gobierno,  pero no los peligros de repartirse el botín judicial entre los dos o tres partidos mayoritarios. La última propuesta del Gobierno, que rebaja la mayoría parlamentaria al 51%, asestaría la puñalada de muerte a la independencia del poder judicial.

Igualmente nefasta me parece la permisión de organizaciones judiciales con sabor político. Cualquier decisión del Gobierno siempre será respaldada por su organización afín, la progresista o la conservadora. ¿Dónde queda la independencia del poder judicial!?

Y no hablemos de los juicios paralelos desarrollados en las Comisiones parlamentarias de investigación. Si el Gobierno y sus aliados detentan el 51% de los escaños que les confiere tres de los cinco miembros de la Comisión, es evidente que la oposición perderá todos los casos investigados por tres a dos. ¡Que ganas de perder tiempo y machacar la separación de poderes!

Alguno considerará inadecuado aislar a la judicatura de las ideologías políticas, siempre en evolución. Y tachará de paleto al juez que ha de juzgar a un político del que ni siquiera ha oído hablar. Pues no. Es la mejor garantía de que las sentencias solo estarán sometidas a las leyes, a su vez, circunscritas a la Constitución. ¿O es que vamos a arrancar la venda que ciega a la Justicia, en todas sus representaciones?

La Tribuna de Albacete (26/10/2020)

Checks and balances

             La democracia es la mejor contribución de la Edad Moderna a la civilización occidental. Los Padres de la Nación Americana y de su Ley Fundamental de 1787 dejaron claro que para sostener una democracia era indispensable un sistema de checks and balances donde los poderes se controlan y contrarrestan mutuamente. Además de los tres poderes clásicos auspiciados por Montesquieu en 1748 (legislativo, ejecutivo y judicial), advirtieron de la necesidad de una Constitución cuyos principios vincularían a todos los poderes públicos, cuyo intérprete y garante sería el Tribunal Constitucional y cuya modificación requeriría de una mayoría muy cualificada. El segundo contrapeso es la organización federal. El Gobierno central compartiría competencias con los estatales (regionales), posiblemente de diferente color político.

                La Constitución española recoge todos y cada uno de estos contrapesos y añade otro: la monarquía. El Rey es un Jefe de Estado que no está sometido a la presión directa de los partidos, ni a esa visión cortoplacista que obnubila a quienes deben ganar elecciones cada cuatro años.

La necesidad de asegurar la eficiencia en la gobernabilidad ha diluido la separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Se trata de un fenómeno generalizado y una razón adicional para reforzar la independencia del resto de poderes. Lamentablemente la izquierda española puja en sentido contrario. Con la excusa de acercar las instituciones al pueblo, socialistas y comunistas desean que el Parlamento (el 51% de los parlamentarios) elija al Jefe de Estado y a la cúpula del poder judicial. La erosión del contrapeso autonómico la dejan a las derechas.

                Tales pretensiones son claramente inconstitucionales. Pero, puestos a la tarea, ¿qué nos impide cargarnos la Constitución por la vía de hecho? ¡Viva el poder absoluto de los políticos de bien! ¡Muera la separación de poderes, la democracia y la civilización occidental!

La Tribuna de Albacete (19/10/2020)

Banca y reconstrucción industrial

           La banca juega un papel clave en la reconstrucción industrial. Mucho más en un país como España donde más del 98% del tejido empresarial está formado por PYMES, pequeñas y medianas empresas sin acceso al mercado de capitales. En crisis anteriores el Instituto de Crédito Oficial jugó un papel estelar. Los créditos impagados (la mayoría) hubieron de cubrirse con emisiones de deuda pública. En la crisis actual se ha ideado otra fórmula que, a primera vista, vista parece más sensata. El Estado delega en la banca comercial la concesión de créditos a las PYMES, sabedor de que los bancos tienen más experiencia e interés en seleccionar bien a los clientes y proyectos empresariales. A cambio, el Estado se responsabiliza del 80% de los posibles impagos.

La experiencia está resultando positiva, queda por ver el resultado final. Como era de esperar, muchas PYMES se han endeudado para salvar los muebles y su reputación personal. Cubierto este objetivo, algunas empresas se declararán en quiebra. Estamos ante un caso típico de “información asimétrica” y “riesgo moral” que ni los propios bancos son capaces de detectar cuando se enfrentan a un aluvión de candidatos. Ayudaría exigir a las empresas prestatarias el mantenimiento de la actividad y el empleo por cierto tiempo.

A río revuelto ganancia de “oportunistas”. Lo peor que podría pasar es que, con la excusa de la crisis, se nacionalizara la banca o proliferaran entidades semipúblicas, donde nadie responde de los créditos fallidos. Esta falta de responsabilidad económica es el origen del “riesgo moral” y podría socavar el sector financiero y la entera economía nacional. El problema con los políticos-banqueros es que dan primacía a los proyectos que más votos prometen. Como estos no suelen crear ni riqueza ni empleos sostenibles, habrán de ser los contribuyentes quienes tapen los agujeros. 

La Tribuna de Albacete (10/12/2020) 

ERTE

              Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal del Empleo) pasarán a la historia como la única medida que suscitó el consenso durante la pandemia entre los agentes políticos y económicos. Aunque no sea un invento español, hay que aplaudir la claridad de ideas y la fuerza de convicción de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP). El consenso se logró tras reconocer que la COVID 19 nos había precipitado en una “economía de guerra” donde los principios que rigen una economía de mercado en tiempos normales quedan “entre paréntesis”. Los ERTE permiten a las empresas desentenderse del pago de las nóminas (las pagará la SS) a condición de readmitir a toda la plantilla cuando se normalice la situación económica.

La guerra se ha propagado de tal manera que la excepción de los ERTE deberá interpretarse en términos amplios. Habrá que ayudar a todas las empresas y autónomos hasta que recuperemos la normalidad. El dinero saldrá de los 140.000 millones de euros prometidos por la UE. Mientras llegue ese dinero, y exhibiendo el aval europeo, el Gobierno español podrá endeudarse a un coste bajo.

El verdadero problema radica en que, tras la pandemia, el panorama económico va a sufrir cambios profundos. Sería absurdo obligar a las empresas a producir lo mismo que antes y con los mismos métodos y plantilla laboral. Las empresas deben saber que si mantienen el mismo nivel de empleo (aunque organizado de manera diferente) la pandemia no les supondrá costes extraordinarios. Si por, el contrario, deciden aligerar su plantilla, en legítimo ejercicio de su libertad empresarial, deberán devolver parte de la ayuda recibida. Contarán, eso sí, con créditos blandos del ICO.  

Europa y España, Gobierno y oposición, sindicatos y patronal, por favor, no destruyamos el único punto de consenso en tiempos del coronavirus.  

La Tribuna de Albacete (5/10/2020)