Todos aceptamos que una buena educación básica es lo mejor que le puede ocurrir a un país. Contribuye a la formación de personas libres, críticas y respetuosas. Personas capaces de crear y disfrutar de la cultura. Impulsoras del progreso técnico y económico.
Lamentablemente, la escuela también es un terreno abonado
para sembrar ideologías y manipular los valores de los alumnos, futuros
votantes. Tras el fiasco de ocho leyes generales de educación en 40 años, parece
evidente que estamos incapacitados para consensuar los valores que hemos de
transmitir en la educación. El único pacto posible consiste en respetar y
encarrilar la libertad de los agentes que intervienen en la educación: libertad
de creación-gestión de los centros docentes y libertad de elección
Libertad de oferta educativa. Los
centros habrán de atenerse a las directrices generales señaladas por el
gobierno central o regional. Este respetará la libre iniciativa en la
organización del aprendizaje en su esfuerzo por conseguir que cada alumno saque
lo mejor de sí mismo. ¡En eso consiste la calidad educativa!
Libertad de elección. Entregando
el “vale” suministrado por el Gobierno, los padres escogerán el colegio que
consideren mejor para sus hijos, habida cuenta de los resultados en las
reválidas nacionales al final de cada ciclo y de la confianza que les merezcan
sus actividades complementarias. Lo que no es admisible es que cualquier
iluminado secuestre a nuestros hijos en el aula y les obligue a aprender su
filosofía de la vida.
El actual sistema de
organización de la comunicación de masas podría ser copiado por la educación. Conscientes
de que constituyen un cuarto poder ideológico y político, exigimos (por el
momento) la libre creación de medios públicos y privados y les dejamos
expresarse como quieran. Respetamos también la libertad de los ciudadanos para
ver el canal televisivo y leer el periódico que deseen. No pedimos más que eso.
Y nuestro mejor aval es el artículo 28 de la Constitución española.
La Tribuna de Albacete (7/12/2020)