En caso de secesiones ilegales, los nuevos estados soberanos
ni siquiera tendrían derecho a solicitar la integración en la UE
Las elecciones vascas del 21 de octubre se saldaron con una mayoría holgada de las fuerzas independentistas, donde ya se incluye el PNV de Urkullu. En las elecciones convocadas en Cataluña el próximo 25 de noviembre, las fuerzas independentistas también conseguirán mayoría absoluta. El Presidente Artur Mas lleva en el programa electoral de su partido (CiU) la convocatoria de un referéndum con la siguiente pregunta: “Desea usted que Cataluña sea un nuevo Estado de la Unión Europea?”
Hasta aquí nada anormal en el ambiente electoral de un estado democrático. Cada partido puede escribir lo que quiera en su programa. Lo que no debiera faltar es una respuesta contundente del resto de partidos políticos desvelando las propuestas absurdas, utópicas y/o ilegales, y poniendo, negro sobre blanco, las nefastas consecuencias que se siguen de ellas. El Gobierno español, por su parte y al margen del color político que tenga en cada momento, debiera desmontar las falacias e ilegalidades en que se basa el discurso independentista. No menos importante es implicar a la UE en un proceso que también es vital para ella.
El primer punto que el Gobierno español y los partidos mayoritarios deben poner de manifiesto es que en España existe el derecho a decidir y la obligación de decidir conforme a derecho. La escisión de una parte de su territorio no es imposible, pero para conseguirlo habría que empezar por reformar la Constitución de 1978. A los independentistas no hay que recriminarles por sus objetivos sino por los métodos. La primera pregunta que habría que hacer al Sr Urkullu y al Sr Mas es si están dispuestos a aceptar las reglas del Estado de Derecho, quintaesencia de la civilización occidental.
El segundo punto que el Gobierno debiera aclarar a los ciudadanos vascos y catalanes es que los territorios escindidos no forman parte de la UE. Varios líderes de la UE, incluido su Presidente, Durao Barroso, han recordado que esta fue la opinión vertida por los juristas de la UE a una cuestión similar a la que ahora está sobre el tapete. Los nuevos estados soberanos, concluyen estos informes, estarían obligados a iniciar los trámites de integración que pasan por el visto bueno de todos y cada uno de los estados miembros. La pregunta del referéndum de Mas esconde, por tanto, una trampa para los catalanes: les pide que voten algo sobre lo que no tienen derecho a tomar una decisión. La decepción generará un malestar social difícil de encauzar. Ya hemos tenido una experiencia amarga en el Estatut de Catalunya de 2006 que fue sometido a referéndum antes de que se pronunciara el Tribunal Constitucional. Éste abrió una herida, que todavía sigue sangrando, cuando cuatro años después declaró inconstitucionales alguno de sus artículos.
El Gobierno español debiera viajar con urgencia a Bruselas y pedir al Parlamento que diera rango legal a la resolución que acabamos de comentar. De paso convendría aprobar otra norma del siguiente tenor: “En caso de secesiones ilegales, los nuevos estados soberanos ni siquiera tendrían derecho a solicitar la integración en la UE y a participar en su mercado único”. Entiendo que esta conclusión también puede deducirse de la legislación europea vigente. Pero para evitar que la ciudadanía sea engañada con argumentos falaces y promesas imposibles, habría que dejarla por escrito. Cuanto antes mejor.
La primera y principal tarea del Gobierno consiste convencer a los líderes europeos que lo que se está jugando es la supervivencia de los actuales Estados europeos y, por ende, de la UE. Si no atajan con energía y rapidez los movimientos independentistas ilegales, la balcanización de Europa será inevitable. Cualquier líder político de una región, provincia o municipio se animará a airear la bandera independentista cuando descubra que puede obtener rédito político en las próximas elecciones y, con un poco de suerte, pasar a los anales de la historia como “Míster X, el libertador”. Cualquier comunidad política (municipios incluidos) podría votar a favor de la independencia en un referéndum que les promete menos cargas fiscales y más puestos de trabajo (… en las embajadas). La dimensión del territorio, vocearán los independentistas, no es un obstáculo. Ahí están el Principado de Andorra y la República de San Marino para probarlo.
La Tribuna de Albacete (31/10/2012)
