El 28 de junio de 2025 pasará a la
historia como el día de la primera manifestación masiva de jueces y fiscales
para pedir algo tan obvio como “la independencia judicial”. Un intento
desesperado de frenar, antes de que sea demasiado tarde, la “ley Bolaños” que
trata de colonizar desde dentro al mismísimo poder judicial. El culmen de las
tropelías a las que el Gobierno nos ha acostumbrado.
Para empezar, la ley pretende alterar el
sistema de acceso a la carrera judicial. En lugar de las horrorosas oposiciones
donde se imponen las personas con mayor inteligencia y voluntad, se crearán
unas academias públicas para la preparación de jueces, fiscales, abogados de
estado y altos funcionarios de la administración. ¿Eugenesia política-jurídica?
Me aterra pensar que el partido en el poder escoja y prepare las mentes más
progresistas y dóciles para administrar la justicia en consonancia con lo
políticamente correcto y para eximir de responsabilidad a unos políticos quienes,
por definición, solo buscan el bien común.
La segunda propuesta es un
reforzamiento de las competencias y poderes de la cúpula del Ministerio Fiscal,
a las órdenes de un Fiscal General del Estado elegido directamente por el Jefe
de Gobierno. ¿O alguien osará pensar que una persona tan relevante pueda buscar
su interés personal o el de quien le elevó al cargo, por encima del interés
general de España?
“Nadie encontrará una sola línea del
proyecto que atente contra la independencia judicial”, aseveró sonriente Félix
Bolaños. ¡Faltaría más!, Sr. Ministro. Lamentablemente,
a estas alturas de la película ya sabemos que lo que el Gobierno pretende es exactamente
lo contrario de lo que dicen y escriben sus voceros. La sumisión de la
judicatura necesariamente ha de realizarse de una manera más sibilina, que el
Tribunal Constitucional bendecirá por 6 votos contra 4.
