Empezaremos con unas pinceladas
históricas; rejuvenecen las neuronas y nos hacen más sensatos. La crisis del
petróleo de 1973 engendró un nuevo fenómeno económico: la estanflación, mezcla
letal entre estancamiento e inflación. En el espacio de unos breves años, el
IPC español se disparó del 7 al 27% y la tasa de paro del 4 al 24%. La
conflictividad social resultante representó una seria amenaza a la incipiente
democracia española. Se necesitaron los Pactos de la Moncloa para limitar los
incrementos salariales a la tasa “objetivo” de inflación propuesta por el Banco
de España. La política monetaria pasó a centrarse en el control de la inflación.
El experimento funcionó. En 1987 la inflación en España era del 2%, tal y como se
exigía a los candidatos a la Unión Monetaria Europea.
Volvamos a la situación actual. Sin haber superado la crisis causada por el COVD-19 empiezan a sonar tambores de inflación. En septiembre 2021 el IPC español ha subido al 4%. El responsable inmediato es la factura de la electricidad, claramente ligada al precio del gas. En julio leí este titular: “El gas se dispara un 500% y la electricidad triplica su precio en Europa”. Las cifras serían todavía más alarmantes si las trasladamos aquí y ahora.
Las preguntas del millón: ¿Hemos abierto una nueva era inflacionista? ¿Volverá a liderar España la carrera de precios con la consiguiente pérdida de competitividad internacional y aumento de los conflictos sociales? Los profesores de economía, llevamos tiempo afirmando que el problema de la inflación es una cosa del pasado y del Tercer Mundo. Es posible que hayamos de cambiar el guion. Dos elementos me preocupan sobremanera: la indiciación de salarios y pensiones al IPC y la permanencia de la política de relajación monetaria (quantitative easing) practicada por los bancos centrales desde el 2010. Sí, los mismos ingredientes que retroalimentaron la inflación y el paro en el periodo de estanflación iniciado en 1973. ¿Mera coincidencia?
La Tribuna de Albacete (25/10/2021)
