Hay problemas cuya solución se antoja difícil, por no
decir imposible. El conflicto árabe-israelí o el separatismo de aquí y allí, suministran
dos ejemplos. Otros problemas no menos importantes tienen, sin embargo, una
solución sencilla, con tal que haya voluntad en resolverlos. Pienso en la
independencia judicial que tanto revuelo ha levantado en España y en la UE durante
los últimos meses.
El quid de la cuestión radica en
el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPD),
responsable de la gestión de asuntos internos que pueden afectar al signo de
las sentencias más controvertidas. La solución más sencilla, objetiva y general
consiste en sortear esos asientos entre los jueces interesados y que cumplan
determinados requisitos. La segunda solución (second best), es que los
jueces elijan directamente a sus representantes.
El sistema actual admite la elección de los miembros del
CGPJ (no necesariamente jueces) por el Parlamento. La fuerte mayoría exigida (3/5)
evita las manipulaciones del Gobierno, pero
no los peligros de repartirse el botín judicial entre los dos o tres partidos mayoritarios.
La última propuesta del Gobierno, que rebaja la mayoría parlamentaria al 51%, asestaría
la puñalada de muerte a la independencia del poder judicial.
Igualmente nefasta me parece la permisión de organizaciones
judiciales con sabor político. Cualquier decisión del Gobierno siempre será respaldada
por su organización afín, la progresista o la conservadora. ¿Dónde queda la
independencia del poder judicial!?
Y no hablemos de los juicios paralelos desarrollados en
las Comisiones parlamentarias de investigación. Si el Gobierno y sus aliados detentan
el 51% de los escaños que les confiere tres de los cinco miembros de la
Comisión, es evidente que la oposición perderá todos los casos investigados por
tres a dos. ¡Que ganas de perder tiempo y machacar la separación de poderes!
Alguno considerará inadecuado aislar a la judicatura de las
ideologías políticas, siempre en evolución. Y tachará de paleto al juez que ha
de juzgar a un político del que ni siquiera ha oído hablar. Pues no. Es la
mejor garantía de que las sentencias solo estarán sometidas a las leyes, a su
vez, circunscritas a la Constitución. ¿O es que vamos a arrancar la venda que
ciega a la Justicia, en todas sus representaciones?
La Tribuna de Albacete (26/10/2020)
