La banca juega un papel clave en la reconstrucción industrial. Mucho más en un país como España donde más del 98% del tejido empresarial está formado por PYMES, pequeñas y medianas empresas sin acceso al mercado de capitales. En crisis anteriores el Instituto de Crédito Oficial jugó un papel estelar. Los créditos impagados (la mayoría) hubieron de cubrirse con emisiones de deuda pública. En la crisis actual se ha ideado otra fórmula que, a primera vista, vista parece más sensata. El Estado delega en la banca comercial la concesión de créditos a las PYMES, sabedor de que los bancos tienen más experiencia e interés en seleccionar bien a los clientes y proyectos empresariales. A cambio, el Estado se responsabiliza del 80% de los posibles impagos.
La experiencia está resultando positiva, queda por ver el
resultado final. Como era de esperar, muchas PYMES se han endeudado para salvar
los muebles y su reputación personal. Cubierto este objetivo, algunas empresas se
declararán en quiebra. Estamos ante un caso típico de “información asimétrica”
y “riesgo moral” que ni los propios bancos son capaces de detectar cuando se
enfrentan a un aluvión de candidatos. Ayudaría exigir a las empresas
prestatarias el mantenimiento de la actividad y el empleo por cierto tiempo.
A río revuelto ganancia de “oportunistas”. Lo peor que podría pasar es que, con la excusa de la crisis, se nacionalizara la banca o proliferaran entidades semipúblicas, donde nadie responde de los créditos fallidos. Esta falta de responsabilidad económica es el origen del “riesgo moral” y podría socavar el sector financiero y la entera economía nacional. El problema con los políticos-banqueros es que dan primacía a los proyectos que más votos prometen. Como estos no suelen crear ni riqueza ni empleos sostenibles, habrán de ser los contribuyentes quienes tapen los agujeros.
La Tribuna de Albacete (10/12/2020)
