“La crisis del coronavirus lo cambiará todo y nos
transformará a todos”. A la vista de las bochornosas sesiones parlamentarias
que hemos seguido presenciado bajo el estado de alarma, no queda más remedio
que matizar la frase. “El coronavirus transformará a todos menos a los
políticos y a la forma de hacer política”.
El análisis económico de la política (A. Downs y J.
Buchanan a la cabeza) presenta a los políticos como “maximizadores del poder”.
Su objetivo es llegar al poder, perpetuarse en el poder y aumentar su poder. Quien
conozca la naturaleza humana no se extrañará de tales ambiciones. El problema
radica en que el marco institucional catapulte las ambiciones políticas al mezclarlas
con intereses económicos.
Estas son mis propuestas para evitar que la política se
convierta en una forma de vida y se alimente del odio, verdades a medias y
mentiras enteras. Pido disculpas por el sesgo económico, es deformación
profesional. Y me escudo en la frase convencional: “cualquier parecido con la
realidad es pura coincidencia.
Primera propuesta: limitar a ocho años el tiempo remunerado
de los cargos públicos. Por supuesto uno es libre de seguir colaborando con el
partido toda su vida, pero no a costa del erario público.
Segunda propuesta: suprimir todo tipo de puertas
giratorias que suponen compensaciones económicas en diferido a cambio de favores
políticos. Esta semana hemos sabido del nombramiento de un ex ministro y un ex presidente autonómico como
consejeros de Enagás a razón de 160.000 euros anuales
Tercera propuesta: Determinar las cantidades máximas asignadas
a los diferentes estamentos. Digamos, un millón de euros anuales para los
ministerios y otros 10 millones para los cargos de libre designación. Si el presidente eleva el número de
ministerios de 13 a 23 habrá de advertir a sus ministros que el sueldo bajará
de 77 mil a 44 mil euros. Y si divide una dirección general en dos para colocar
a un amigo de infancia, cada uno recibirá la mitad. El Gobierno actual tiene
más de 500 altos cargos que se reparten 45 millones en sueldos. Los asesores
de confianza necesitan 120 mil euros anuales para activar sus cerebros.
En estas condiciones, ¿quién
deseará ser político? De eso se trata. Que la gestión pública se acepte como un
servicio fatigoso pero limitado en el tiempo. Que nadie pueda hacer de la
política una forma de vida.
La Tribuna de Albacete (8/06/2020)
