El cupo para el periodo
2017-2021 acaba de ser aprobado. El Gobierno vasco aportará al Estado español 1.300
millones de euros anuales como contraprestación a los servicios generales allí
prestados (defensa, justicia…). 225 menos de los que pagaba hasta la fecha. Los
vascos insisten en que el sistema del cupo es el más eficiente y que, bien
calculado, no entraña ningún privilegio. Si es cierto, se preguntarán muchos, ¿Por qué no
lo extendemos al resto de comunidades autónomas españolas? ¿Y por qué no lo han
copiado otros países, ni siquiera los federales?
Porque en política el orden de factores sí altera el
producto. No es lo mismo que el Estado transfiera a las regiones el 50 % de lo
recaudado en España, a que sean los gobiernos regionales quienes transfieran la
mitad de su recaudación. En el primer caso el Estado negocia simultáneamente
con 17 autonomías hasta que las cuentas cuadren. En el segundo, el Estado habría
de negociar con cada una de ellas. El descuadre está servido si son ellas
quienes aportan la información relevante y si el sistema ignora la función más
importante de cualquier estado moderno: la redistribución.
El cupo facilitaría a cada autonomía una estructura
de estado fundamental: la recaudación. La desconexión política por la vía
unilateral (DUI) sería una tentación al alcance de cualquiera. Aunque no se
llegara a ese extremo, la bilateralidad del cupo conlleva una tensión política
permanente que fácilmente desemboca en trapicheos ajenos al interés general.
Entiendo que
ningún estado del mundo haya caído en la trampa del cupo. La Constitución
española lo admite, como excepción histórica, para dos comunidades. Es, por tanto,
legítimo. Los agravios comparativos que ha creado, obligarán, sin embargo, a
repensar el tema en la próxima reforma constitucional.
La Tribuna de Albacete (27/11/2017)
