Dime tu nivel de autonomía presupuestaria
y te diré quien eres
Quien desee
medir las disfuncionalidades de la UE no tiene más que mirar a su proceso
presupuestario. Tan duro es el drama fiscal europeo que los presupuestos ya no
se debaten cada año sino cada siete. Acaban de aprobarse los que
regirán en el periodo 2014-2020. Fueron presentados por la Comisión Europea al
Consejo hace seis meses. Los 27 jefes de Estado que integran dicho Consejo lo
aprobaron por unanimidad (¡qué remedio!) en el último minuto del último día. El
siguiente trámite pasaba por la Eurocámara. La batalla prometía ser dura. Y lo fue
hasta la semana pasada en que el Presidente se sacó de la manga 60.000 millones
de euros para limar diferencias. La triquiñuela consistió esta vez
en autorizar que los remanentes no gastados en los siete años anteriores quedaran
a disposición de la Eurocámara, en lugar de retornar a los Estados miembros
como disponía la ley vigente hasta aquel momento. ¡Uf!
Toda esta
comedia para repartir un presupuesto que no llega al 1% del PIB europeo. No
estoy proponiendo elevar el gasto europeo. Apunto a la necesaria reforma del
procedimiento presupuestario quitando poder al Consejo y eximiéndole del
requisito de unanimidad. Como ocurre en los países federales, el presupuesto
elaborado por la Comisión debiera tener el voto mayoritario del Parlamento, que
representa a los ciudadanos y el del Consejo que representa a los Estados. En
la situación actual cualquier Jefe de Estado puede bloquear el
proceso si intuye que, de regreso a su país, la oposición le acusará de haber
cedido un euro.
La política
fiscal europea es más difícil de criticar por la sencilla razón de que no
existe. Consecuencia: mientras EE.UU. superó la recesión de 2008 con relativa
normalidad, la UE volvió a caer en ella tres años después. No hace falta ser
Keynesiano para entender que si todos los agentes económicos de un país
(familias, empresas y gobiernos) están obligados a reducir el porcentaje de
renta que gastan cada ejercicio, alguien tendrá que tapar la brecha entre
producción y demanda. En las circunstancias actuales ese alguien tiene nombre y
apellidos: la UE. Sólo ella puede emitir eurobonos libres de cualquier prima de
riesgo por no tener déficit acumulados y por contar con el respaldo del BCE,
que no necesita intervenir, basta su presencia. La política fiscal europea más sensata debiera
haber dispuesto lo siguiente: “Los países que tomen en serio la consolidación
fiscal eliminando los gastos estructurales insostenibles en condiciones
normales, esos países recibirán financiación de la UE para obras públicas que
mejoren la productividad del país al tiempo que crean empleos”.
El Tratado de
Maastricht (1992) y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que vino a
continuación impusieron dos restricciones a la política fiscal de los estados. (1)
El déficit público no podía superar el 3% del PIB respectivo. (2) La deuda
pública (resultado del déficit acumulado año tras año) no podía superar el 60%
del PIB. Quien desee contar con instrumentos de política fiscal útiles en
tiempos de crisis no debiera rechazar ciertas limitaciones en épocas normales. El
problema con las restricciones establecidas en Maastricht es que son
pro-cíclicas. En los años de auge (2002-2007) el gasto público se disparó pero
la recaudación impositiva creció todavía más deprisa dando
lugar a un superávit presupuestario nunca visto en la historia fiscal española.
A partir de mayo de 2010 el Gobierno diezmó el gasto público y retocó al alza
los tipos impositivos. El sacrificio que hubimos de soportar los ciudadanos no
ha conseguido reducir el déficit por debajo el 6% mientras que el peso de la
deuda sigue creciendo inercialmente. A finales de 2014 llegará al 100% del
PIB español. Es el resultado esperado de aplicar unos tipos crecientes a unas
bases impositivas menguantes, por la caída de la renta y por el aumento
del fraude fiscal.
La UE no
necesita integrar los procesos presupuestarios y la política fiscal de sus
estados miembros. Sí parece conveniente que goce de autonomía para manejar su
propio presupuesto y para utilizarlo, en momentos decisivos, como un
instrumento de estabilización macroeconómica. ¡Dime tu nivel de autonomía
presupuestaria y te diré quién eres!
La Tribuna de Albacete (23/04/2014)
