La independencia del poder judicial sí tiene arreglo;
pero es demasiado simple
La prensa de
ayer mostraba la satisfacción de casi todos los políticos españoles tras el
acuerdo de renovación de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial. Debe ser un órgano vital, pienso yo. Busco sus estatutos en San
Google y leo: “El Consejo General del Poder Judicial (tiene)
la finalidad de garantizar la
independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a
todos”.
Enterado. Vuelvo a la noticia de prensa. De los nombres
llevados a la aprobación parlamentaria (que, tras el Consenso, ya está asegurada)
10 lo son a propuesta del PP y 7 del PSOE. Los tres miembros restantes han sido
escogidos respectivamente por CiU, el PNV e IU. La mayoría de los afortunados
pertenecen a las dos grandes asociaciones de jueces y fiscales: la conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la
Democracia. Los calificativos “conservador” y “progresista” no los invento yo, es
la forma habitual con la que se designan ellos mismos.
Por lo visto las manifestaciones de júbilo más visibles
proceden de IU que por fin ha conseguido meter un pie en el poderoso Consejo.
Las caras más risueñas son las del PP que se lleva el agua a su molino: con la
mayoría conseguida podrán controlar durante los
próximos cinco años los nombramientos de la cúpula del poder judicial y
las sentencias con mayor carga política. Los que respiran más hondo son los
dirigentes del PSOE que han hecho recular al Ministro de Justicia, Sr.
Gallardón. Eso de profesionalizar el Consejo estaba bien para el programa
electoral del PP, no para hacerlo realidad. Cuando mañana ellos (los
socialistas) lleguen al poder volverán a coger las riendas del poder judicial.
¿No
habrá nadie, me pregunto yo, que denuncie la incongruencia de que los políticos
elijan a los jueces? ¿Dónde ha quedado la separación de poderes predicada por
Montesquieu como condición necesaria para controlar a los políticos? Montesquieu murió del todo en 1755. Su
doctrina ha ido muriendo poco a poco, a medida que la democracia ha degenerado
en “partitocracia”. El Parlamento ya no es quien aprueba las leyes que el
Gobierno deberá ejecutar. Solo es la cámara donde se refrendan los textos emanados
del ejecutivo. El ruido que allí se escenifica no pretende convencer al resto
de grupos parlamentarios sino transmitir un mensaje a los electores que todavía
no tienen claro el destino del voto. Ganar las próximas elecciones es el leitmotiv de la partitocracia.
No veo la manera de revitalizar la
separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. ¡Razón de más para
reforzar la independencia del poder judicial! Este problema sí que tiene arreglo,
y muy fácil de aplicar. Bastaría elegir por sorteo a los miembros del Consejo,
del Tribunal Constitucional y de otras altas instancias de la judicatura. Los elegibles
en el sorteo serían aquellos magistrados que cumplan determinados requisitos,
por ejemplo, un mínimo de años desde que se accedió a la carreara por oposición.
Subrayo lo de la “oposición” pues el anterior Ministro de Justicia, Sr.
Bermejo, llegó a proponer la eliminación del sistema de oposiciones que tan
injusto era para los malos estudiantes. Lamentablemente este tipo de propuestas
tan simples, no suelen ser del agrado de quienes se han instalado en el poder y
temen perder la discrecionalidad en su ejercicio. Seguiremos viendo como el
Consejo y el mismo Tribunal Constitucional se parten por mitades ante los casos
más conflictivos: los jueces “conservadores” dicen blanco; los “progresistas”,
negro.
¿Quién ha dicho que los políticos españoles no eran
capaces de unirse por cuestiones de Estado? Aquí les vemos a todos, poniendo
cerrojos al féretro de Montesquieu al tiempo que gritan jubilosos: ¡Viva Monstesquieu!
La Tribuna de Albacete (27/11/2013)
