Señorías, por favor, los experimentos con gaseosa
Como la
imaginación es libre y no tributa, voy a promover un referéndum virtual sobre
la reinstauración de la República. El momento parece oportuno, habida cuenta
del descrédito que ha sufrido la monarquía por obra y gracia del yernísimo Sr.
Urdangarin, sin menospreciar los méritos propios del Rey. La consulta podría
ser convocada por la Junta de Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Albacete.
Quien antes me haga llegar las urnas se apropiará del mérito de la iniciativa. La
pregunta: “Desea usted sustituir la actual Monarquía medieval por una República
siglo XXI? ¡A la tercera va la vencida!” Tengo la certeza de que los pocos o
muchos que se molestaran en acudir a las urnas, votarían a favor de la tercera
república.
Ahora bien,
pregunto yo para tocar el fondo de este tipo de propuestas: “¿Para que serviría
esa consulta, con independencia de su resultado?” –Para nada, respondo, y lo
aclaro. Primero porque un referéndum así planteado sería ilegal. Segundo porque
aunque consiguiéramos permiso del Gobierno central para montar un referéndum, los
manchegos no podemos decidir sobre materias que afectan a todos los españoles.
Tercero porque la materia que nos ocupa (la monarquía) está consagrada en el
art. 1.3 y el título II de la Constitución española; su abolición requiere seguir,
paso a paso, el proceloso camino de las reformas constitucionales detallado en
el título X.
El referéndum de autodeterminación pretendido por la
Generalitat catalana adolecería de la misma inconstitucionalidad pues ataca
frontalmente “la indisoluble unidad de la Nación” (art. 2) y “el estado de las
autonomías” del título XVIII. Los partidos republicanos y/o independentistas
tienen todo su derecho a soñar con la Tercera República Española o la Primera
República Catalana pero para hacer realidad sus sueños primero habrán de ganar
unas elecciones generales y luego conseguir 3/5 de votos en las dos cámaras
legislativas. El referéndum previo no es ni necesario ni suficiente.
Me sorprende que partidos catalanes tan serios como Convergencia
y Esquerra Republicana no sean conscientes de la futilidad de la consulta que
proponen. Me sorprende todavía más que la moderada Unió Democrática, socio de
Convergencia, suscriba la consulta para poder decir NO a la independencia y SÍ
a la confederación. El colmo de mi sorpresa llega cuando el Partido Socialista
Catalán, hasta hoy uña y carne del PSOE, jalee una consulta donde sus afiliados
puedan manifestar su opción federal.
Señorías,
por favor, los experimentos con gaseosa. Si queremos saber las preferencias de
los catalanes sobre la organización territorial (estado centralizado, autonómico,
federal o confederal) y las formas de gobierno (monarquía o república) lo
propio sería hacer una encuesta de opinión. Seleccionando bien la muestra, los
resultados serían más completos y fiables que el referéndum más participativo.
Pedir a los ciudadanos que voten sobre lo que no tienen capacidad de decisión
constituye un engaño y un peligro. Un engaño todavía más peligroso que el que el
2006 refrendara la reforma del Estatut de Autonomía antes de que se hubieran
resuelto los recursos de inconstitucionalidad que se cernían sobre él.
Pero, ¿qué puede la Constitución
contra la libre decisión de un pueblo?, me dirán los independentistas. ¿De qué
pueblo y de qué libertad están ustedes hablando?, les respondería yo. ¿Qué dirían ustedes a los vecinos
de una comarca catalana que votara masivamente por la independencia respecto a
Cataluña? ¿Y de verdad creen ustedes que hoy se dan las condiciones para que
los catalanes decidan libremente? Tras cuarenta años de franquismo, que
controló férreamente los medios de comunicación y las escuelas, el resultado
del referéndum hubiera sido uno. Tras cuarenta años de nacionalismo, que ha
controlado los medios de comunicación y la escuela de manera con mano no menos
férrea, el resultado será otro, sin duda. Para equilibrar la balanza yo
propongo dejar pasar unos años de libertad. Libertad en la información, que
empieza por cerrar las televisiones públicas y eliminar las subvenciones a los
periódicos. Libertad en la educación que implica la libre creación de centros y
el respeto a la libertad de los padres para llevar a sus hijos al colegio que
les merezca más confianza. Cuando se den esas condiciones, hablamos. Posiblemente
habrá poco que hablar pues ningún partido político se verá capaz de engañar al
electorado.
La Tribuna de Albacete (20/11/2013)
