La nueva legislación laboral fue
aprovechada
por las grandes empresas para despedir a parte
de la plantilla
fija, antes intocable.
¿Cómo es posible que, en España, el número de parados haya saltado de 1,8 millones en 2008 a 6,2 millones en 2013? ¿Cómo es posible que la tasa de paro que en 2007 se situó en la media de la Unión Monetaria Europea hoy sea 2,5 veces superior? ¿Cómo es posible que desde que se inició la crisis hace cinco años hayamos perdido dos mil puestos cada día? Estas eras las preguntas que nos planteábamos en el artículo de la semana pasada.
Varias fuerzas han presionado hacia ese resultado. La primera y más importante es el hundimiento de la construcción. La excesiva dependencia del sector con el mayor multiplicador del empleo explica el milagro del auge (cuando en España se creaban la mitad de los puestos de trabajo de la UE) pero también la hecatombe de la recesión. De ese sector colgaban la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron en los dos primeros años de la crisis. La cifra se eleva considerablemente si añadimos los empleos de la industria y de los servicios relacionados con la construcción: maquinaria, pintura, muebles, inmobiliarias, estudios de arquitectura…
Tradicionalmente los servicios han sido el aliviadero de los puestos perdidos en otros sectores. ¡Ya no! Un cuarto de los puestos perdidos se registra en los servicios. A las actividades anexas a la construcción, que acabamos de mencionar, hay que añadir la banca y administraciones públicas. La crisis financiera incidió de lleno en ambos sectores y les obligó a una reestructuración profunda. Como telón de fondo hay que añadir los efectos de la revolución tecnológica. Todo cambio técnico destruye puestos de trabajo. Afortunadamente, los puestos creados en otras ramas suelen compensar con creces. Es la “destrucción creadora” de la que nos hablaba Schumpeter. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han roto esta tendencia. Los puestos de trabajo destruidos con la introducción de un ordenador o una máquina de control remoto, superan a los puestos creados en la producción de esos aparatos y de los programas que manejan.
El sistema de relaciones laborales también tiene mucho que ver con la destrucción de empleo. A la altura de 2007 el mercado laboral español presentaba una fuerte dualidad. Por una parte estaban los funcionarios y trabajadores de élite, blindados con contratos indefinidos y arropados de todo tipo de privilegios laborales. Por otra parte, los trabajadores temporales, con un contrato precario que podía ser anulado a los seis o doce meses sin indemnización alguna. La extremada rigidez del mercado laboral se sorteó con un desarrollo del trabajo precario hasta alcanzar al 33% de la población ocupada. La crisis barrió en un año buena parte de esos contratos. El año más destructivo de empleo fue el 2009, cuando pasamos de 2 a 4 millones.
El PSOE en el 2011 y el PP en el 2012 se atrevieron con la reforma laboral que los sindicatos resistían. Ellos abjuraron de Franco, pero no de la legislación laboral franquista. Todos los especialistas coincidían que era necesario devolver al mercado laboral un mínimo de homogeneidad y flexibilidad para conseguir dos objetivos. El primero, evitar que la quiebra empresarial fuera la única manera de ajustarse a una economía en recesión. El segundo, rebajar del 2,5 al 1,5 la tasa de crecimiento que España necesitaba para no perder empleo. Lamentablemente, la bondad del experimento no pudo demostrarse pues a mediados de 2012 la economía entró en una segunda recesión que durará hasta el 2014. La nueva legislación laboral fue aprovechada por las grandes empresas para despedir a parte de la plantilla fija, antes intocable. Sin negar los efectos positivos que pueda tener a largo plazo, hay que reconocer que por el momento se ha saldado con una cadena de ERES.
Pero, ¿puede vivir funcionar un país con un 27% de paro? ¿No será ficticia una buena parte del mismo? (trabajadores de la economía sumergida que se declaran parados para cobrar el subsidio). El sistema de subsidio español ciertamente favorece esas actitudes. Urge reformarlo para que todos los parados tengan incentivos para encontrar trabajo cuanto antes y declararlo ipso facto.
La Tribuna de Albacete (8/05/2013)
