El ejercicio del derecho de huelga muestra el grado de civilización de un país,
Aprendí lo que era y no debiera ser una huelga cuando fue a estudiar a la Universidad de Barcelona a mediados de los setenta. Aquel año, puedo decirlo sin exageración, vivimos en estado de huelga. El lunes teníamos un par de clases, el martes una y a partir del miércoles los ánimos se caldeaban tanto que el Decano cerraba la facultad hasta nueva orden. Las huelgas estaban protagonizadas por los profesores no numerarios (penenes), quienes gozaban del apoyo de toda la comunidad universitaria. ¿Cómo iba a dar clase el catedrático si su ayudante estaba con los brazos cruzados? Lo curioso del caso es como no existía el derecho a huelga tampoco existía la posibilidad de reducir del sueldo las horas no trabajadas. No debería ser muy alto el sueldo de los penenes pero la remuneración por hora efectiva de trabajo debió dispararse al infinito aquel curso que no llegaron a impartir una clase completa.
La Constitución de 1978 empezó a poner un poco de orden en el asunto distribuyendo derechos pero también obligaciones y responsabilidades. El artículo 28 admite el derecho de los trabajadores a sindicarse… o a ir por libre. El derecho a la huelga…y al trabajo. Desde el momento en que legalizaron la huelga y la descontaron del sueldo, el número de horas perdidas bajó a niveles europeos. Bastó este pequeño elemento de responsabilidad económica para que las aguas se recondujeran a su cauce. El problema es que todavía quedan muchos ámbitos donde la responsabilidad brilla por su ausencia.
El derecho de huelga, sobre todo cuando goza del calificativo de “general”, está perdiendo su objetivo y los medios que le son propios. Lejos de defender los derechos de los empleados contra las presiones injustas del empleador, se convierte en un arma política contra el gobierno de turno y contra todo lo que éste haga. Algunos políticos disfrazados de sindicalistas utilizan la huelga para recuperar lo que perdieron en las urnas.
La segunda perversión consiste en interpretar el derecho constitucional como una patente de corso que les faculta para tomarse la justicia por su mano. El huelguista profesional, que los hay, no se conforma con abandonar el puesto de trabajo para manifestar sus reivindicaciones en la calle. Aspira a que nadie pueda trabajar y para eso nada mejor que bloquear la red de transportes o cruzar un autobús en la vía pública. No pretendo que se inventen castigos nuevos para esos huelguistas. Me conformo con que se les aplique el código civil y el penal, como hacen contigo y conmigo. Si un “piquete informativo” (¡vaya con los eufemismos!) no te deja entrar a trabajar, el castigo debería ser similar al que sufrirías tú si impides salir de casa a uno de los miembros de ese piquete el día siguiente a la huelga. ¿Qué indemnización debería pagar yo a los comerciantes del barrio si esta tarde mis hijos juegan a ver quién rompe más lunas de los escaparates? Pues la misma sanción pido para los delincuentes de mañana.
La responsabilidad implica que los convocantes de una huelga se hagan cargo de los daños materiales causados a no ser que sean capaces de identificar y denunciar a los autores materiales. El coste de las reparaciones habría de ser descontado de las subvenciones oficiales al sindicato o del sueldo que las empresas han de pagar a los liberados. Les aseguro que con estas estrategias se cortaba en seco la barbarie asociada a las huelgas.
El ejercicio del derecho de huelga muestra el grado de civilización de un país. Pasado mañana hablaremos. Sin aminorar la responsabilidad directa de los manifestantes, hay que dejar claro que los culpables últimos de las tropelías son esos líderes sindicales que tienen valor para convocarlas, pero no para controlarlas. Culpables son también, y sobre todo, los gobernantes que no se atreven a regular con seriedad el ejercicio del derecho de huelga asegurando que todos pueden ejercer el derecho a trabajar o dejar de trabajar, y que todos pueden acceder a los servicios públicos. Las huelgas se hacen contra el patrón, no contra los consumidores.
La Tribuna de Albacete (28/03/2012)
