“Sin consecuencias”. Este es el epitafio que sella la mayoría de las huelgas.
Sería lamentable que la del 29-M corriera la misma suerte
En mi último artículo advertía que el ejercicio del derecho de huelga, la forma como transcurre a pie de calle, pone en evidencia el grado de civilización de un país. ¡Suspenso!, sería mi calificación. Pero no todos comparten esta opinión. Gobierno y sindicatos coincidieron en resaltar que la huelga del 29 de Marzo “discurrió con normalidad”. Normal es que a primerísimas horas de la mañana los huelguistas bloquearan vías públicas y otros centros neurálgicos de comunicación. Normal es que los piquetes informativos impidieran a muchas personas acudir al puesto de trabajo y que obligaran a los comercios a echar el candado. Normal es que los manifestantes apedrearan las lunas de los escaparates y quemasen los contenedores que encontraban a su paso. Normal es que insultasen y golpeasen a los responsables del orden público. Normal es que los enfrentamientos abiertos de Barcelona se saldasen con 104 heridos (58 policías y 46 civiles, para más precisión). Normal es que los manifestantes irrumpieran en el ayuntamiento de Albacete e impidieran el desarrollo de un pleno.
Me niego a considerar normales, por más que se repitan, estos signos de violencia e incivismo. Es preocupante que el ejercicio de un derecho constitucional, como es la huelga, se aproveche para realizar conductas ilegales. Es inadmisible que la responsabilidad penal y civil quede en suspenso durante las huelgas generales.
No hay mal que por bien no venga. A raíz de la violencia desatada en Barcelona, la Generalitat y el Gobierno español se han puesto de acuerdo en aplicar la normativa de terrorismo callejero (Kale Barroka, como dicen los vacos). La medida va en la dirección correcta: responsabilizar a cada persona de las consecuencias de sus actos libres. Pero no podemos quedarnos ahí. Más importante y efectivo sería exigir responsabilidad subsidiaria a los convocantes de cualquier manifestación pública. Los líderes sindicales alegarán que los desperfectos fueron causados, a título individual, por personas descontroladas. Les responderemos que su responsabilidad como convocantes consiste precisamente en controlar a esos individuos y denunciarlos ante el juez. A falta de denuncias personalizadas y justificadas, la responsabilidad subsidiaria corresponde a los convocantes. ¿Qué pasaría si el medio millón de euros que la huelga costará al ayuntamiento de Barcelona fuera descontado de las subvenciones públicas a CC.OO. y UGT? Pues que ese tipo de huelgas salvajes se cortarían en seco. No me digan que es imposible. Yo he visto manifestaciones multitudinarias que recorrían las calles de Madrid sin apenas dejar rastro. La del 29-M más recordaba al caballo de Atila.
La primera forma de responsabilidad económica asociada al derecho de huelga es la renuncia al sueldo durante las horas no trabajadas. ¿Se cumple en España? Los sindicatos hablan de un paro laboral del 75%. El Gobierno, lo reduce a la mitad. Habría una manera más fácil de calcularlo. Que las empresas y administraciones indiquen las personas que han renunciado a un día de sueldo por motivos de huelga. ¿Llegaría al 10% de los asalariados? Por supuesto, este tipo de transparencia no interesa a los sindicatos. En la Universidad Complutense de Madrid se dio la casualidad que los servicios que controlan la asistencia al trabajo dejaron de funcionar el día 29. Por los correos recibidos, me consta que muchos profesores universitarios tomaron parte activa en la organización de la huelga. Me gustaría saber si alguno de ellos comunicó al servicio de personal que el día 29 estaría de huelga y, por tanto, renunciaba al sueldo.
“Sin consecuencias”. Este es el epitafio que sella la mayoría de las huelgas. Sería lamentable que la del 29-M corriera la misma suerte. Ha de servir para apuntalar la responsabilidad civil y penal, empezando por la que corresponde a los sindicatos convocantes. Ha de propiciar una reflexión sobre la conveniencia de las huelgas generales. Detesto la hipocresía. Si de lo que se trata es de criticar las políticas aprobadas por el Ministerio de Trabajo, o de presionar sobre el Gobierno, ¿por qué no convocar una manifestación política para tal fin? Y por qué no hacerla un festivo, como sería lo propio en este tipo de manifestaciones. Desde luego, días festivos no faltan en este país de huelgas, panderetas y castañuelas.
La Tribuna de Albacete (4/04/2012)
