La semana pasada se entabló la siguiente conversación entre
mis compañeros de trabajo a raíz del juicio al fiscal general del estado. -Nunca pensé que un juicio retransmitido en directo por
televisión me engancharía más que una serie de Netflix. -La culpa de esta tragicomedia la tiene la oposición. No
aceptó el resultado de las elecciones del 2023 y, para maniatar al gobierno,
todo lo lleva a juicio. -¿Qué dices? La culpa la tiene el gobierno
que está colonizando todas las instituciones para dar un golpe de estado desde
dentro. No nos queda más remedio que pararle los pies en los tribunales, en internet
y en la calle...
El estado de derecho nació para controlar al más peligroso
de todos los poderes: el ejecutivo. El poder legislativo pierde su capacidad de
control cuando la coalición mayoritaria está liderada por el partido
gobernante. Solo nos queda el poder judicial para sancionar las tropelías del
ejecutivo. Cierto que cada juez adolece de un sesgo ideológico, pero como las
sentencias las dicta un tribunal colegiado y pueden ser recurridas a una
instancia superior, lo normal es que se imponga una interpretación objetiva de
la legislación vigente.
A mi entender, el problema no radica en la
“judicialización de la política”, sino en la “politización de la judicatura”. La
mejor muestra (y la más nociva) consiste en haber convertido la corte Constitucional
en el tribunal de última instancia, cuando en realidad solo debía garantizar el
respeto a los derechos y libertades fundamentales. El paso previo del gobierno socialista
consistió en asegurarse en esa corte una mayoría de magistrados afines e
imponer como presidente al jurista de cabecera del PSOE.
Ignoro si el juicio que acabamos de presenciar en directo
acabará en la absolución o condena del fiscal general del estado. Sí me atrevo
a predecir que, en caso de condena, el Tribunal Constitucional le absolverá y
el Gobierno le condecorará con un ministerio o la presidencia de una empresa
pública.
La Tribuna de Albacete (17/11/2025)
