El Banco Central es la institución económica más importante de
un país. De él depende la creación de dinero legal, esos billetes que lubrican
la economía real pero también pueden sumergirla en el caos de la inflación. De
ahí que a los bancos centrales de cada nación se les otorgara una independencia
política solo equiparable a la de los jueces.
La creación de la UME y el euro eliminó
las competencias monetarias del Banco de España (BE) y demás bancos nacionales.
Siguen quedándoles dos funciones claves que reclaman su independencia. La
primera es la regulación y control de los bancos comerciales que, a través del
engranaje créditos-depósitos, suministran más del 90% de los medios de pago. Esto
es el dinero bancario. La segunda, es el estudio riguroso y actualizado de la
situación de la economía nacional, de su potencial de crecimiento no
inflacionista y de sus riesgos. Lo hace a través de su Servicio de Estudios que
en el caso de España publica regularmente varios documentos entre los que
destacan: el “Informe Anual” y las “Cuentas Financieras”. Nuestra confianza en estos documentos como
profesores o gestores de la economía, se basa en la calidad científica de su
personal y la independencia política de la institución.
Lo que sucedió la semana pasada puede
marcar un antes y un después. La alarma sobre la colonización política del BE saltó
en Septiembre de 2024, cuando P. Sánchez nombró Gobernador del BE a uno de sus
ministros, José Luis Escrivá. La intromisión política se evidenció la semana
pasada con la dimisión de Ángel Gavilán, Director General de Economía del BE y
responsable de su Informe Anual. Al parecer, Escrivá eliminó del Informe el capítulo
de pensiones que cuestionaba la reforma que él mismo había introducido dos años
atrás. Las referencias críticas al déficit y deuda pública, o las propuestas
sobre políticas de productividad vivienda quedaron aguadas.
Una vez más, se impuso la táctica del
avestruz: ojos que no ven…
La Tribuna de Albacete (25/05/2025)