El Banco
Central Europeo (BCE) acaba de advertir al Gobierno español de las
irregularidades y consecuencias de un gravamen discrecional de 3000 millones de
euros a los grandes bancos españoles. Al gobierno le faltó tiempo para condenar
el documento como maniobra política del PP. La verdad es que el documento
firmado por la presidenta del BCE, Sra. Legarde, se limita a leer la cartilla
básica de la Unión Europea (UE) y la Unión Monetaria Europea (UME). Un
documento similar le fue enviado al Gobierno de Lituania en 2019. A los avisos que siguen deben añadirse las objeciones que puedan poner los juristas españoles. ¿Autoriza la Constitución española gravámenes discrecionales a unos cuantos bancos para cuadrar las cuentas presupuestarias o redistribuir la riqueza?
El primer
artículo de esta cartilla recuerda que la UE es una economía de mercado en régimen
competitivo. ¿Puede un estado miembro crear empresas públicas (o bancos)? Sí,
tantas como quiera, con una sola condición: no podrán recibir de su gobierno ni
subvenciones ni ventajas fiscales, para no poner en desventaja a las empresas y
bancos europeos. Por la misma razón, el Gobierno español no puede imponer gravámenes discrecionales
a unos cuantos bancos; quedarían en desventaja con respecto a sus competidores españoles y europeos. Si los
bancos españoles no son capaces de trasladar a sus clientes estos gravámenes, es
muy posible que se vean abocados a cambiar su sede geográfica o cerrar.
El segundo artículo
de la cartilla recuerda que el BCE tiene encomendado gestionar la política
monetaria antiinflacionista, asegurar el flujo ininterrumpido de dinero-crédito
y controlar la solvencia-liquidez de la banca privada. La propuesta española,
insiste el BCE, impide el cumplimiento de estas tres funciones.
Mi opinión: “Zapatero
a tus zapatos”. Las actuaciones económicas de los gobiernos mejor que se
centren en crear las condiciones que facilitan la inversión privada y la financiación
de esas inversiones. Del incremento de renta resultante, saldrán los impuestos
que permitirán al Gobierno cumplir sus funciones sociales.
La Tribuna de Albacete (07/11/2022)
