El Estado
Democrático de Derecho es la gran aportación de la Edad Moderna. Para que sea
efectiva, se requieren unas instituciones que encarnen el poder ejecutivo,
legislativo y judicial. No menos necesaria es una Constitución que garanticen
la separación de poderes con un sistema de frenos y contrapesos (checks and balances,
decía los Padres de la Patria americana.
Entre los
enemigos del Estado democrático de Derecho, el más peligroso ha demostrado ser el
propio Gobierno. Al lector incrédulo le invitamos a repasar los últimos años de
la historia de los Estados Unidos o de España. El Gobierno se ha convertido en
una máquina legislativa a través de Decretos-leyes. Su control de las cámaras
legislativas y órganos jurisdiccionales (basta un voto de diferencia) les
garantiza superar el trámite parlamentario y los posibles recursos de
inconstitucionalidad.
No podemos
caer en la trampa ya anunciada por el refranero español. “Mal de mucho,
consuelo de tontos”. Aprovechando la cercanía del día de la Constitución, nos
atrevemos a sugerir reformas procedimentales que impidan que el estado
democrático de derecho sea fagocitado por el poder ejecutivo.
La primera
reforma consistiría en diseñar un sistema estrictamente proporcional y unas
elecciones a doble vuelta. ¿Alguien está en contra de que el voto de todos los
ciudadanos valga lo mismo? La segunda blindaría la independencia del poder
judicial. Que los jueces elijan a sus representantes. La tercera exigiría mayoría
cualificada fuerte (no menos del 60%) para la aprobación, derogación y enmienda
de las Leyes orgánicas, esto es, las que regulan las instituciones básicas y
derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución.
Las reformas
nos parecen lógicas y fáciles de implementar. La única condición es que en las próximas
elecciones la mayoría constitucionalista consiga 2/3 de los votos.
La Tribuna de Albacete (21/11/2022)