La
Constitución española de 1978 fue refrendada por el 88% de los españoles. En
Cataluña la cifra rebasó el 90%. El Estatut de 1979 fue apoyado por el 88% de
los catalanes. Durante muchos años los independentistas catalanes no superaban
el 10% del censo electoral. ¿Qué pasó en
los 40 años siguientes para que el 50% de los catalanes abrazaran la causa
independentista y renegaran de la Constitución? Pues muy sencillo: la siembra del
nacionalismo excluyente a través de los medios de comunicación públicos y del
sistema educativo público.
Me diréis, ¡pero
también los poderes públicos de otras regiones y el propio gobierno español, manipulan los medios y las escuelas para sus
intereses electorales! Cierto. Y de ahí mi propuesta. Amarrar a los políticos cuando
se adentran en la información y la educación.
En Cataluña,
en Castilla-La Mancha y en el resto de España debemos asegurar la pluralidad de
los medios de comunicación. Acepto que los medios públicos pueden mejorar el
contenido cultural de los mismos. Pues eso, que se centren en la cultura. En los
informativos y otros programas de contenido político debemos evitar que el
dinero público se utilice para los objetivos del gobierno de turno.
En Cataluña, en Castilla-La
Mancha y en el resto de España debemos evitar la manipulación de la educación y
eso se consigue asegurando la libertad de creación de centros educativos y la
libertad de elección de los padres. Corresponde a los poderes públicos diseñar un
programa general y los contenidos mínimos, comprometiéndose a financiar a todos
los centros que los cumplan. No es admisible que se arroguen el poder de
regular el currículum educativo hasta los mínimos detalles y de obligar a los
escolares a cursarlo en “sus” centros públicos.
Si un centro público desea predicar la ideología del nacionalismo
excluyente o la ideología de género lo mismo que puede hacer es respetar la
libertad de que algunos padres lleven a sus hijos a otros centros.
La Tribuna de Albacete (1/10/2018)
