En la
primera semana de julio el termómetro del Congreso de los Diputados alcanzó
cotas solo comparables a las de una moción de censura. El PSOE coló la
propuesta en el hemiciclo a través de un decreto-ley contra el que el PP
formuló inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad. La portavoz del
PSOE, Adriana Lastra, celebró la recuperación de la independencia y el pluralismo
en RTVE tras la negra etapa del PP. El popular Ramón Moreno lo tachó de “decretazo
redactado por Podemos al más puro estilo bolivariano”.
¿Le extraña
al lector tanta pasión por una simple renovación de cargos? A mí no. El 1 de
junio culminó la moción de censura para destituir al líder del poder ejecutivo.
El 1 de julio empezó la moción de censura para hacerse con el cuarto poder de
un estado moderno, el de los medios de comunicación.
Si aceptamos
que el control de la información que beben los ciudadanos-electores constituye
un auténtico poder, habrá que buscar los medios para asegurar su independencia.
Lo primero es garantizar la libertad de expresión que conlleva la libertad de
empresa en el sector audiovisual. Algo hemos avanzado en este camino. Lo
segundo, asegurar la neutralidad de los medios públicos de comunicación, los
que viven del dinero de los contribuyentes. Para ello resultan aconsejables mandatos
largos y renovables por partes. Ellos elegirían al director entre sus miembros
con acreditada experiencia en el mundo audiovisual. Éste comparecería
anualmente ante el Parlamento para responder a las legítimas dudas sobre
eficacia, transparencia e independencia que diputados y senadores puedan tener.
Buena noticia si los políticos
se enteraran por la prensa del cambio de director. Si se demostrara que la neutralidad política
en los medios audiovisuales resulta poco menos que imposible, todavía quedaría
la opción de prescindir de ellos. Es lo que ha ocurrido con la prensa y no
parece que vaya tan mal.
La Tribuna de Albacete (09/07/2018)
