Hace exactamente un año, Podemos
presentó la Proposición de Ley sobre igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Esta propuesta, elaborada por el
propio colectivo LGBTI, aspira a liderar la transformación social y moral del
siglo XXI en el planeta Tierra. Introduce el derecho fundamental a la
“autodeterminación humana” que nos obliga a tratar a cada uno según del género
con el que se identifica, género que puede variar por un cambio de sexo o un
cambio de humor. Nadie, ni siquiera los padres, pueden oponerse a estas
prácticas o criticar la ideología de género que hay detrás so pena de fuertes sanciones.
Por todos los medios a su alcance, en especial a través del sistema educativo, los
poderes públicos quedan obligados a promover esa ideología.
La semana
pasada se publicó el informe preceptivo de los letrados del Congreso.
¡Devastador! Descalifica jurídicamente 37 de los 90 artículos de la Proposición
LGBTI. Con la excusa de crear un nuevo derecho, dicen los letrados, se machacan
otros derechos fundamentales que sí están en la Constitución: libertad de
pensamiento, libertad de expresión y derecho/deber de los padres a ejercer la
patria potestad y tomar decisiones en la educación moral de sus hijos. La
seguridad jurídica pierde su base cuando el género queda al albur del
sentimiento. Lejos de evitar discriminaciones, la ley otorga unos privilegios
al colectivo LGBTI que atentan contra la igualdad. Con una ley así, ¿quién no
se apuntará al colectivo LGBTI?
El informe de
los letrados no es vinculante. Podemos lo ha descalificado como retrógrado y
confía que la mayoría progresista del Congreso sacará adelante la propuesta
LGTBI. Antes de votar, los parlamentarios habrán de preguntarse quién progresa
al torpedear la Constitución desde sus cimientos, desde el artículo 1.1 que “propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político”. Personalmente me inclino por retirar una
propuesta que los letrados han declarado en fuera de juego. “Fuera de campo”, habría
que decir. Además de contrariar el ordenamiento jurídico, ignora la propia
naturaleza humana. Por favor, ¡basta ya de hacer experimentos con los niños!
La Tribuna de Albacete (07/05/2018)
