La reforma
del sistema de las pensiones se ha encallado en un problema aparentemente
menor: la inflación. ¿Deberían subir automáticamente las pensiones cuando la
inflación sea positiva? Pensaremos en la respuesta a la luz de cuatro criterios:
(1) Bienestar de los jubilados; (2) Sostenibilidad o viabilidad financiera; (3)
Flexibilidad; (4) Estabilidad macroeconómica.
La
incorporación de la inflación es deseable según el primero y el cuarto
criterio. Una tasa de inflación del 10% reduciría, en una década, la capacidad
adquisitiva de la pensión casi en dos tercios. ¡Los jubilados morirían de
hambre! Desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica interesa que
algunos elementos de la demanda agregada se mantengan constantes para compensar
las continuas subidas y bajadas de la inversión privada que arrastran al
consumo privado. El consumo de los pensionistas contribuiría a estabilizar el
ciclo económico si el poder adquisitivo de sus pensiones se mantuviera constante,
es decir, si la pensión incorporara la tasa de inflación.
Quienes
conocen las cuentas de la seguridad social objetarán: ¡Bastantes problemas de
viabilidad financiera tenemos para que añadamos el coste de la inflación! No
tienen en cuenta que la cláusula de la inflación aumenta simultáneamente gastos
e ingresos. Los problemas de sostenibilidad financiera, que son previos a la
inflación, se controlan mejor a través de la tasa de reemplazo o sustitución.
En la actualidad, un trabajador español de salario medio cobra al jubilarse el
82% del mismo. La media de la Unión Europea es del 59%. Tenemos, pues, un
holgado margen de maniobra. La maniobra consiste en modelar ese porcentaje cada
cinco o diez años para asegurar que las cuotas cargadas a los trabajadores alcanzarán
a pagar las pensiones de los jubilados durante los próximos años. Esta medida,
acompañada de unos topes máximos y mínimos, merecería un juicio favorable desde
los cuatro criterios expuestos.
La Tribuna de Albacete (16/04/2018)
