–¿Está usted de acuerdo en destinar más recursos
a la sanidad pública?, me preguntaron hace un par de semanas por teléfono. –Pregunta
capciosa, respondí. Usted debe empezar precisando la cantidad que reclaman los
sindicatos médicos, el destino que piensan dar a ese dinero y, sobre todo, qué
partidas del presupuesto regional o nacional recortarán para posibilitar el mayor
gasto sanitario. Mi respuesta no debía entrar entre las esperadas pues la
entrevista acabó aquí.
Por los mismos días, el PSOE y Podemos
comunicaron que se retiraban del pacto educativo a no ser que el Estado pusiera
mucho más dinero sobre la mesa. Anteayer el turno de protesta tocó a los
jubilados. Se manifestaron por miles para exigir pensiones dignas y una reforma
constitucional que asegure su crecimiento al ritmo de la inflación, como
mínimo. La policía nacional está negociando un aumento del sueldo para
equipararlos a los de la policía autonómica (en las comunidades donde más cobran,
se sobreentiende). Al resto de funcionarios les parece de justicia y están
preparados para subirse al mismo carro.
Todos
suscribiríamos las reivindicaciones anteriores. Pero, ¿alguien ha calculado su
incidencia presupuestaria para asegurar que la suma de porcentajes no supere el
100%, que el total de recursos empleados no supere los disponibles? ¿Alguien
se atreve a señalar la partida presupuestaria que se reduciría para posibilitar
el aumento de otras? Me diréis que siempre es posible subir los impuestos. ¿Y
quién los pagará? De una u otra manera, todos los impuestos salen de la empresa.
Facultan un aumento del gasto público a costa de disminuir los salarios
disponibles y el consumo privado, los beneficios y la inversión. Elevar los
impuestos sin tino podría estrangular a la gallina de los huevos de oro.
No desearía ser un aguafiestas. Solo
pretendo reivindicar la importancia de la aritmética para salvar el Estado del
Bienestar de sus entusiastas.
La Tribuna de Albacete (19/03/2018)
