No podemos vender el Estado democrático
de Derecho
por un puñado de votos
El pasado lunes
el presidente de la Generalitat envió una carta al presidente de la Comisión de
Venecia quejándose de la negativa del presidente del Estado español para
negociar las condiciones del referéndum de autodeterminación aprobado por el
Parlament. La respuesta no se ha hecho de esperar, tan breve como clara.
"Usted [Sr. Puigdemont]
es, sin duda, consciente de que no sólo el referéndum como tal, sino también la
cooperación con nuestra Comisión, tendrán que llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas. También quiero subrayar que la
Comisión de Venecia, cuyo nombre oficial es Comisión
Europea para la Democracia a través del Derecho, ha enfatizado
constantemente la necesidad de que
cualquier referéndum se lleve a cabo con pleno cumplimiento de la Constitución
y la legislación vigente" (Gianni Buchichio)
Es lo que todos sabíamos.
Pero está bien que la voz venga allende los Pirineos. Yo las imprimiría en bronce
junto a los dos primeros artículos de nuestra Ley fundamental. Sería un texto de lectura obligatoria para
todos los que ocupan cargos públicos y los que participan en cualquier debate
sobre independencia y referéndum.
Nuestra Constitución
arranca con estas palabras: “España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho” (art. 1.1). Un Estado donde ya existe el derecho a
decidir y la obligación de decidir conforme a derecho. Un Estado donde “la
soberanía nacional reside en el pueblo español” (art. 1.2). Al conjunto del
pueblo español, por mayoría cualificada, le corresponde aprobar los cambios en
sus instituciones fundamentales. Por ejemplo, para pasar de la Monarquía
parlamentaria del artículo 1.3, a la República. O para pasar del Estado
autonómico del artículo 2, a un estado centralista, federal o confederal. Sólo
en estos últimos, entre los que podemos incluir a la actual UE, es posible
escindirse a través de un referéndum unilateral pactado.
La Comisión de Venecia, cuya denominación
oficial es “Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho”, ha hecho
honor a su nombre. Los políticos de dentro y fuera de Cataluña que venden la
posibilidad de independizarse tras un referéndum tolerado por el Gobierno de
turno y avalado por alguna comisión internacional, esos políticos debieran ser
enviados a un centro de rehabilitación jurídica o de desintoxicación populista.
La historia nos pasará cuentas si vendemos el Estado democrático de Derecho por
un puñado de votos.
La Tribuna de Albacete (05/06/2017)
