La corrupción es proporcional al
tamaño del presupuesto
y la discrecionalidad de los políticos que lo ejecutan
“Todo poder tiende a corromperse y corromper,
el poder absoluto lo hace absolutamente”.
El “dictum” de Lord Acton ha ganado actualidad con el paso del tiempo.
El caso Lezo que salpica a la plana mayor del PP madrileño, se añade al caso 3%
de la catalana CiU, al caso de los ERES del socialismo andaluz y un largo
etcétera que deja un olor nauseabundo.
Mi lectura
del fenómeno de la corrupción política acepta como punto de partida la conclusión
de Acton y añade cuatro observaciones de sentido común. (1) La corrupción suele
ser el resultado del contubernio entre el poder político y el poder económico.
Aflora continuamente en las empresas y organismos públicos. También en las
concesiones y contratos de obra pública. (2) La corrupción echa raíces cuando las
mismas personas ocupan cargos públicos durante mucho tiempo. (3) La corrupción es
proporcional al tamaño del presupuesto y a la discrecionalidad con la que se
maneja. (4) El binomio “elecciones – concesiones” suministra el caldo más
propicio para la corrupción. “Tú (empresa) me das dinero para financiar la
campaña electoral; yo (político) te premiaré con los mejores contratos”.
Mis consejos
para atajar la corrupción son tan simples como baratas. (1) Separación de
poderes. ¿A quién se le ocurrió que los jueces y fiscales de los organismos supremos
fueran elegidos por los propios políticos? Mejor un sorteo entre los letrados
que cumplan determinadas condiciones. (2) Disminución del número de políticos y limitación
de su tiempo en puestos de responsabilidad. Si las decisiones políticas se
toman en el seno de los partidos entre dos o tres personas, ¿para qué
necesitamos 350 diputados y 266 senadores, más sus réplicas a escala regional y
local). (3) Minimizar la financiación
pública de las campañas electorales. ¿No estamos en la era de las redes
sociales, libres y gratuitas? Una hora adicional en las cadenas públicas les
bastaría. (4) Adelgazar los presupuestos públicos y limitar la discrecionalidad
de los políticos en las concesiones y contratos de obra pública. Estos se
sortearían entre las empresas habilitadas por cumplir con determinadas condiciones
objetivas. (5) Asegurar que los políticos corruptos salgan de la cárcel preparados
para una nueva etapa en la que ya no podrán vivir del dinero de los
contribuyentes.
La Tribuna de Albacete (8/05/2017)
