lunes, 20 de marzo de 2017

Estibadores, el último mohicano

Bastantes problemas tienen los gobiernos 
como para añadir el de la negociación laboral

Dónde incluirían ustedes el conflicto de los estibadores? Algunos optarán por la crónica internacional con este titular: “Choque entre la UE y el Estado español” Otros, por la crónica de política doméstica: “Conflicto de un Gobierno débil con una oposición sin criterios”. Yo me inclino por un titular económico, que aunque sea más gris esconde la raíz del problema: “Estertores del último monopolio natural”.
                Los economistas emplean el término de monopolio natural para referirse a sectores donde lo más eficiente es que existe una sola empresa. Desde luego tiene poco sentido que en cada puerto compitan muchas empresas de estiba, cada una con sus propias grúas e instalaciones para la carga y descarga de buques.  La solución tradicional consistía en encargar al Estado la gestión del servicio ya sea de forma directa o a través de una empresa concesionaria. Habida cuenta de su mal funcionamiento, se decidió limitar el monopolio a la gestión de las infraestructuras y obligar al monopolista a alquilarlas a cualquier empresa interesada. Esto es lo que se hizo en España con la telefonía y el transporte aéreo en los noventa. Quien conserve facturas de Telefónica o Iberia de esa época, que las compare con la los precios actuales y concluya por sí mismo. ¡Casi parece un milagro!
En los servicios portuarios nadie se ha atrevido a hacer algo parecido por la resistencia del sindicato de estibadores SAGEB, un monopolio dentro del monopolio. Solo el Tribunal Europeo de Luxemburgo advirtió en 2014 que sus prácticas contravenían la normativa laboral europea. ¿Qué es eso de que para cargar o descargar un buque solo se pueda contratar a los inscritos en el registro del SAGEB?  
Si el Gobierno y la oposición tuvieran un mínimo de visión de estado procederían a la liberalización inmediata. Cualquier empresa podría entrar en el puerto y tendría capacidad para contratar a los trabajadores precisos al salario vigente en el mercado. La competencia introduciría incentivos para innovar, mejorar la calidad y reducir precios, algo imposible si los salarios no están también sometidos a la competencia. De rebote reduciríamos la politización de la economía que no es buena ni para las empresas ni para el Gobierno. ¡Bastantes problemas tienen los gobiernos como para añadir el de la negociación laboral!

La resistencia del último de los monopolios naturales será tan fuerte como la del último mohicano. De hecho, en una de sus pancartas podíamos leer el mismo grito de guerra: “Moriremos matando”. El problema, seamos claros, no está en la resistencia de 6156 estibadores que no quieren perder sus privilegios sino en la incapacidad del Estado (Gobierno y oposición) de defender los derechos de 40 millones de españoles y 500 millones de europeos.  
La Tribuna de Albacete (20/03/2017)