Una tribu que se arroga el derecho
de educar a los hijos del vecino
En un lugar
de España, de cuyo nombre no quiero acordarme, irrumpió un partido que prefiero
no nombrar. Un día, su lideresa decidió saltar del anonimato a la fama manifestando
su preocupación por la educación tan pobre y conservadora que proporciona la
familia tradicional, ya saben, aquella reliquia histórica basada en un padre,
una madre y sus hijos. Para reemplazarla propuso la familia colectiva donde los
hijos son comunes y es la propia “tribu” quien se encarga de educarlos. El
individualismo y el derecho de propiedad que corrompe la sociedad, quedarían
superados cuando las madres tuvieran los mismos sentimientos y
responsabilidades por sus hijos biológicos que por los del vecino. ¡Así de
fácil!
Sin conocer
la vida personal de esta señora me atrevo a pensar que no debe tener hijos. Si
los tuviera sabría que necesitan una atención continua, cercana y amorosa que
solo los padres le pueden facilitar. No siempre lo hacen bien. Pero la solución
no consiste en alejar a los niños de su familia sino en recordar a los padres
la necesidad de olvidarse de sus caprichos personales para acercarse y
centrarse en las necesidades de sus hijos.
Las ideas de
la diputada son cualquier cosa menos originales. Su estrategia es tan antigua
como la política misma. Los movimientos antisistema empiezan por erradicar la
religión y la familia. ¿Cómo van a aceptar un ser superior que en todas las
culturas ha prohibido matar, robar y mentir y que da consistencia a otros
tantos derechos fundamentales? ¿Cómo van a consentir la presencia de una
familia que no se dejará arrebatar a los hijos y los buscará hasta la extenuación
en caso en caso de que desaparezcan o se extravíen?
No me
preocupan esas ideas disparatadas que el viento se llevará tan pronto como las
comunas hippies que pulularon en mi juventud. Me preocupa que esa tribu, con el
beneplácito y los poderes de un estado intervencionista, se arrogue el derecho de educar a los hijos
del vecino. Tampoco me asusta un gobierno revolucionario surgido de las urnas. Mi
único temor es que ese gobierno se conceda una patente de corso para saltarse
la Constitución, cuya reforma implica mayoría cualificada. Y para machacar ese
puñado de derechos y libertades fundamentales que, por emanar de la dignidad personal,
no pueden bailar al son de las mayorías parlamentarias, ni simples ni cualificadas.
La Tribuna de Albacete (16/05/2016)