En España ya existe el derecho a decidir ...
y la obligación de decidir conforme a derecho
“La vía
catalana a la independencia será democrática, pacifista, cívica y festiva
-aseveró el President de la Generalitat, Artur Mas-; nadie podrá detener el
clamor popular”. Como referentes internacionales citó la vía báltica y la marcha
de Luther King. Dos comparaciones tan
torpes como odiosas. Y una retahíla de adjetivos que olvida el más importante:
“legal”.
En 1989 un millón y medio de
personas se dieron la mano a lo largo de los seiscientos kilómetros que
recorren las tres repúblicas bálticas. El 11 de septiembre de 2013, un millón y
medio de personas unieron los cuatrocientos kilómetros que separan el norte y sur
de Cataluña. Sonaron muy bien, a los oídos de los independentistas, las palabras
de elogio a la última Diada pronunciadas por algún político lituano. Este
pronto se vio obligado a aclarar que, por supuesto, él se refería a un proceso
legal de autodeterminación. De hecho, así
lo fue su independencia de la URSS en 1991. El Kremlin se limitó a aplicar un
artículo de la Constitución soviética que admitía el derecho de
autodeterminación para las repúblicas anexadas tras la II Guerra Mundial; no
para los territorios históricos de Rusia. La cuestión que hoy está sobre el
tapete, y que plantearíamos a nuestro interlocutor lituano es otra: “¿Cómo
reaccionarían ustedes si mañana una región o municipio de la actual Lituania decide
a mano alzada y en tono festivo su independencia del resto del país?” No
conozco bien a los lituanos. Sí sé lo que dirían Rusia, Alemania, Francia o
cualquier país con siglos de historia común y una constitución que garantiza la
unidad política.
La segunda comparación resulta
todavía más “odiosa”. Tanto es así que la Fundación Martin Luther King,
dirigida por los hijos del líder americano asesinado en Memphis en 1968, ha
pedido al político catalán que no vuelva a mezclar movimientos políticos con
movimientos pro derechos humanos. En la marcha de 1983 hacia Washington se
dieron la mano negros y blancos para defender los derechos civiles de la
población negra que seguía flagrantemente segregada. En España, por fortuna ya no
estamos reivindicando derechos humanos. La mejor prueba de su respeto es la
convocatoria de una manifestación independentista por partidos que se declaran
tales. La autodeterminación de los territorios, que yo sepa, no es un derecho
humano, ni está recogido en ninguna Constitución de países democráticos, ya
sean unitarios, ya federales. No se dejen engañar cuando los independentistas a
mano alzada invocan alguna declaración de la ONU. Este organismo refirió el
derecho a la autodeterminación solo a las colonias ocupadas por los países
europeos desde finales del siglo XIX. Colonias que siempre fueron vistas como
una figura transitoria.
Dos días después de la Diada,
Mariano Rajoy respondió una carta de Artur Mas donde éste pedía que se crearan
las condiciones para que el pueblo catalán pudiera ejercer el derecho de
autodeterminación. Yo hubiera despachado la respuesta en un par de párrafos. El
primero para recordar que en España ya existe el derecho a decidir … y la
obligación de decidir conforme a Derecho. Se trata, ciertamente, de un proceso
largo que requiere reformar la Constitución de 1978. Lo primero que han de
hacer sus promotores es aclarar sus pretensiones independentistas en el
programa electoral. Es la manera correcta de apreciar cuánto pesa el “clamor
independentista” del que habla Mas. Si de verdad existe, otros partidos de
ámbito nacional pueden apoyar la creación de un nuevo estado español sin
Cataluña. O la creación de una confederación, similar a la actual UE, donde
cada país es libre de solicitar la entrada o salida. O ninguna de las dos cosas, que para eso son
soberanos.
Aprovecharía la carta para aclarar
que, con la legislación actual en la mano, sí caben otras formas de ejercer el
derecho a decidir en toda España. ¿Por qué no lo promueven en el campo
educativo donde tan saludable sería? ¿Por qué no se concede a los padres el
derecho a decidir el colegio de sus hijos entre los que libremente creen la
iniciativa privada y la pública? Con una medida tan sencilla como esta, es
posible que el pretendido mal de la “desafección
catalana” se curara en un par de décadas. La mitad de la que llevan los
catalanistas controlando el sistema educativo.
La Tribuna de Albacete (18/09/2013)
