Lo único que se requiere, y que yo no veo por ninguna parte,
es voluntad política.
Entre el seis y el catorce de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido seis autos dando la razón a la Plataforma de Convivencia Cívica Catalana que defiende el derecho a un bilingüismo real. Actualmente el castellano sólo se utiliza como lengua vehicular durante tres horas de las 25 que llenan el horario escolar. Ya antes se habían dictado una decena de sentencias en el mismo sentido. La Generalitat trató de evitar el rigor de estas sentencias ofreciendo personal de apoyo al puñado de niños que deseaban recibir parte de la educación en castellano. Los últimos autos rechazan esta solución porque aislaba a los niños. El riesgo de exclusión social explica que haya tan pocas demandas de una educación verdaderamente bilingüe.
La Constitución es tan clara que el TSJC no tiene margen de opción. Lamentablemente, los jueces pecan de ingenuidad manifiesta, están pidiendo peras al olmo. Los últimos autos suministran carne de cañón para el nacionalismo excluyente. Los mensajes que llegan desde la Generalitat suenan así: “¿Cómo puede un niño, cuyos padres no quiere que aprenda catalán, cómo puede ese niño obligar a cambiar la lengua vehicular de todo el colegio? ¿Cómo vamos a consentir que diez alumnos, amparados por una plataforma anticatalanista, rompan el sistema de inmersión lingüística que tantos buenos resultados ha cosechado en los últimos treinta años?
Estos argumentos, además de falsos denotan una hipocresía supina. Lo que pide la Plataforma es crear en los colegios una línea donde la lengua vehicular se reparta por mitades entre castellano y catalán con el objetivo de asegurar un auténtico bilingüismo. Estoy pensando en la cara de asombro que pondría la Consejera de Educación cuando comprobara que más de la mitad de los niños se apuntaba a esa línea. Las encuestas dejan claro que la gran mayoría de los padres prefieren un bilingüismo acorde a la realidad social catalana, frente al monolingüismo de diseño que nos han impuesto los políticos nacionalistas.
Pero esta no es la solución definitiva. La solución definitiva al conflicto lingüista, a la ideologización de la enseñanza y al deterioro de los niveles educativos se llama “cheque escolar”. El Gobierno español debería atreverse a coger al toro por los cuernos y aprobar una ley orgánica de educación con tres preceptos:
Artículo 1: Se reconoce la libertad de creación de centros educativos en todo el territorio nacional, así como la libertad de organización interna, respetando los contenidos mínimos fijados por el Estado y las Comunidades Autónomas.
Artículo 2: Se reconoce a los padres la libertad de elección de centro educativo. Por cada hijo en edad escolar los padres recibirán un cheque que aportarán al colegio de su preferencia.
Artículo 3: Al final de cada ciclo habrá unas reválidas para constatar el nivel de cada colegio. Estos listados se harán públicos para que sirvan de orientación a los padres en la elección de centro.
Ha de quedar claro que las comunidades autónomas conservan todas sus competencias normativas en materia educativa. También las competencias organizativas en los colegios públicos gestionados por ellas mismas. La Generalitat podrá crear tantos colegios catalanistas como desee, con una sola lengua vehicular; con un mapamundi que se extiende del Ter al Francolí; y con una un historia que empieza en Jaume I el Conquistador y acaba en Artur Mas el Libertador. Los problemas aparecerán más tarde. ¿Cuántos niños será capaz de atraer ese tipo de colegios de claro sesgo ideológico y pobreza cultural? Lo que la Generalitat no podrá impedir es que los alumnos opten por colegios bilingües o trilingües compensados, o colegios que utilizan como lengua vehicular exclusivamente el castellano o el inglés. Su viabilidad dependerá, de que los niños consiguen el mínimo de competencias lingüísticas fijadas por la Generalitat y el Estado.
Otra aclaración importante. El sistema vales escolares no tiene por qué ser más caro ni más complejo que el actual. Lo único que se requiere, y que yo no veo por ninguna parte, es voluntad política. Al parecer, la potestad de modelar el cerebro y la conciencia de los estudiantes es un caramelo demasiado atractivo para los políticos. Pero como sus efectos son nefastos, no me cabe la menor duda de que acabará imponiéndose el sentido común.
La Tribuna de Albacete (16/04/2013)
