El aborto ha vuelto a hacer acto de
presencia en la política española. No vayan ustedes a creer que es para repensar
con criterios científicos cuándo comienza la vida humana. Sería una pregunta incómoda.
Tampoco para ampliar el espectro de causas que justifican la aniquilación de un
embrión humano. Ya están todas las imaginables. Ni para alargar el plazo del
aborto que, prácticamente, ha llegado al fin del embarazo. Que nadie se rasgue
las vestiduras si algún día se admite el aborto tras el nacimiento, solo porque
se han percatado que el niño tiene alguna deficiencia oculta o que ellos son
incapaces de soportar los problemas de crianza. No hablo por habar. Recuerdo
haber comentado en esta misma Tribuna, veinte años ha, la propuesta de
un partido holandés en este sentido. Lo que más me molestó del caso fue que esperarían
lanzar la propuesta durante la nueva campaña electoral a fin de que tuviera más
gancho.
La reapertura del tema del aborto huele
a elecciones. Hay que colgarse la medalla de ser el segundo país que, además de
despenalizar el aborto, lo incluye en la categoría de los derechos
fundamentales recogidos en la Constitución. Francia fue el primer país en
hacerlo en 2023 alegando que había que defenderse de los provida. La España de
Sánchez sería el segundo. ¡No sería esto suficiente para votarle a ojos
cerrados!
Afortunadamente la Constitución
Española, ya previó este tipo de tropelías. El art. 53-1 dice: “Los derechos y
libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a
todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar
su contenido esencial, podrá regular el ejercicio de tales derechos y
libertades”. Podrá escribirse el derecho fundamental al aborto al lado del
derecho fundamental a la vida. Ahora bien, hay mil maneras de respetar la
libertad de la madre a olvidarse de su hijo (por ejemplo, darlo en adopción),
pero no es posible abortar sin destruir la esencia del derecho del embrión a la
vida.
