Y el Tribunal Constitucional, ¿para cuándo?

 

La noticia bomba de la semana pasada fue el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ. Un paso necesario hacia la despolitización del poder judicial. Se logrará cuando los candidatos al CGPJ sean elegidos por sorteo entre los jueces habilitados. Solo entonces acallaremos la queja de los partidos minoritarios: “Y los de mi cuerda ideológica, ¿cuándo?”

El siguiente paso es la despolitización del Tribunal Constitucional (TC). Resulta ineludible para detener el golpe de Estado en ciernes que ha empezado con un cambio semántico. Hoy cualquier norma es constitucional si así lo decide el TC, no importa cuán graves sean sus ataques a la letra y el espíritu de la Ley Fundamental. Por supuesto, antes de dar tamaño giro, el Gobierno se aseguró de tener mayoría absoluta entre los magistrados y un presidente de absoluta confianza. Aquel que aseguró estar dispuesto a mancharse la toga con el barro de la política.  

La CE de 1978 es claramente garantista, como procede. Bastaría consensuar alguna precisión al Título IX. Los 12 magistrados elegidos (con mayoría de 3/5) por el Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ se circunscribirían a los 20 nombres elegidos por sorteo entre los juristas que, cumpliendo ciertas condiciones, estén dispuestos a asumir la nueva responsabilidad.

Toquemos fondo. La pretensión de mezclar jueces con diferentes “sensibilidades políticas” para que cada uno ataque la Ley Fundamental desde su punto de vista, me parece tan peligrosa como exponer un plato de nitroglicerina al sol de julio. Un TC independiente es el que se atreve a decir al Gobierno y Cámaras legislativas: “Nuestra sentencia es el resultado de aplicar la Constitución vigente. Si no están de acuerdo, les conmino a emprender una reforma constitucional”.

La Tribuna de Albacete (1/07/2024)

Volvió Milei ... ¿Para quedarse?

 

El Presidente Argentino, Javier Milei, vistió España el 17-18 de mayo para presentar su libro sobre el liberalismo libertario y participar en un acto organizado por Vox a las puertas de las elecciones europeas: “Europa Viva 24”. El Gobierno español mostró su enfado por las críticas recibidas en nombre de la libertad y amenazó con prohibir la entrada del mandatario argentino si no era oficialmente invitado. A pesar de las amenazas, Javier Milei volvió a visitar España la semana pasada (21 de junio) para recoger un premio del Instituto liberal Juan de Mariana entregado por Jesús Huerta de Soto y la medalla internacional de la Comunidad de Madrid de manos de su Presidente.

El discurso de Milei es tan simple como profundo. Su oratoria, incendiaria y seductora como demostró al captar el voto del 60% de la población argentina. Un resumen, no literal, de sus últimos discursos en Madrid podría ser este. “Vengo del futuro para prevenirles de los males que esperan a españoles y europeos. El socialismo-estatismo ha llevado a Argentina a una crisis económica y social cuyo final es el socialismo bolivariano. Lo mismo pasará aquí si el Estado campa a sus anchas. El socialismo es una máquina de pobreza. Iguala por abajo: “todos igual de pobres”. Iguala a base de robar la riqueza producida por un grupo de emprendedores cada vez más reducido. El socialismo es el caldo de la corrupción: los políticos controlan mucho dinero y de forma discrecional. El socialismo erosiona la libertad y la democracia. Necesita pobres dependientes del Gobierno que se ven obligados a votarle para seguir disfrutando de subvenciones. Urge volver a una economía impulsada por la libre iniciativa privada, fundada en la propiedad y coordinada por mercados competitivos. Una economía impulsada por los empresarios innovadores”.

¿Calará un mensaje tan radical en la sociedad española y europea? Difícil, ciertamente lo es. Pero, ¿más que en Argentina? En las próximas visitas, Milei habrá de demostrar que sus propuestas funcionan. Que su gobierno es capaz de estabilizar la economía, crear riqueza y ofrecer puestos de trabajo sostenidos por la inversión productiva nacional e internacional.

La Tribuna de Albacete (23/06/2024)

Togas sin rostro

 Los ataques que está recibiendo en España la independencia del poder judicial hacen temer la caída de todo el edificio constitucional, y la seguridad jurídica que nos permite funcionar como sociedad. A diferencia de otros problemas, la solución de este es relativamente sencilla. Basta con tomarse en serio los principios constitucionales y apostar por la vía que mejor los garantiza.

El capítulo VI de la CE aclara que jueces y magistrados están sometidos al imperio de la ley y sólo a la ley. Sus sentencias aplican la ley vigente y aseguran su cumplimiento. Al artículo 122 organiza el gobierno de los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consta de 20 miembros. Los doce primeros los escoge el propio Consejo. Los ocho restantes los elegirán, a partes iguales, el Congreso y el Senado, por mayoría de 3/5.  

La Ley del Poder Judicial de 1985, propuesta por Felipe González, dio un paso más allá de la CE. Congreso y Senado pasaron a elegir directamente los 20 miembros del CGPJ. Con el deseo de acercar la justicia a la sociedad, se fomentaron las asociaciones de jueces. A semejanza de los partidos políticos, unas se declaran “progresistas”, otras “conservadoras”. Durante los primeros años no hubo conflictos serios. Los partidos eran suficientemente sensatos como para proponer jueces de perfil técnico que fácilmente conseguían el beneplácito del partido rival.

El sistema dejó de funcionar tras la politización institucional y la extrema crispación. Urge vencer el círculo vicioso en el que nos hemos metido.  Para recuperar el valor de la independencia judicial ,nuestra primera reforma sería prohibir las asociaciones de jueces; les anima a politizarse. La segunda reforma se centra en el CGPJ. Éste nombraría, por sorteo, a 12 jueces que cumplan los requisitos legales y manifiesten su interés en asumir nuevas responsabilidades. Como resultado del mismo sorteo, presentaría al Parlamento otros tantos jueces para que cada Cámara consensúe los cuatro que le corresponden. Si no son capaces, peor para los políticos. El CGPJ seguirá funcionando con los 12 jueces elegidos a sorteo.

“Togas sin rostro”. Esta es la condición necesaria y suficiente para asegurar la independencia del poder judicial.  

La Tribuna de Albacete (17/06/2024)

Recuperar los principios rectores de la UE

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los viejos países europeos comprendieron la necesidad de compartir un mismo paraguas para asegurar la paz y conseguir metas que interesaban a todos pero que difícilmente podían conseguirse por separado. Países como España testifican la importancia de contar con un mercado de 500 millones de habitantes que te obligaba a ser competitivo, con ayudas sociales en momentos de necesidad y con un marco institucional que dificulta las veleidades contra el Estado democrático de Derecho.

Como cualquier institución humana, la UE es un claroscuro. Las críticas más repetidas contra ella aluden al centralismo, la burocratización y el intervencionismo asfixiante. En Bruselas se ha instalado una cohorte de funcionarios que conviven con los grupos de presión más variopintos y que se han empeñado en controlar nuestras vidas para hacernos felices. ¡Qué horror!

La solución consiste en volver a los principios fundantes de nuestra Unión. El artículo 5 del Tratado de la UE deja claro que las instituciones europeas han de limitarse a las competencias que le han sido expresamente atribuidas y lo harán respetando los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. La protección del medio ambiente no puede significar la eliminación de la ganadería porque los gases de las vacas lleven metano. El principio de subsidiariedad obliga a asignar cada función al nivel de gobierno que está más cerca del ciudadano, siempre que pueda ejercerla eficazmente. Obliga también a respetar la libre iniciativa privada. Este principio lo introduce la Economía Social de Mercado que dominó la reconstrucción alemana tras la guerra mundial. Lamentablemente fue barrido por el Estado del Bienestar anglosajón que, en palabras de W. Beveridge, debía cuidar del individuo “desde la cuna a la sepultura”.

Este es lo peor que nos puede ocurrir. Que el intervencionismo ahogue la iniciativa privada. Que las subvenciones discrecionales de la UE nos haga dormir atados a la pata de los políticos de turno.

La Tribuna de Albacete (10/06/2024)

¿Qué tipo de UE queremos?

 

Europa y la civilización europea que alumbró el mundo occidental nacieron de la confluencia de la filosofía griega (Sócrates, Platón y Aristóteles), la ética judeo-cristiana (los mandamientos que condenan matar, robar y mentir) y el derecho romano (que organiza las relaciones contractuales entre los individuos). En los siglos XVIII y XIX los filósofos ingleses y franceses realizaron importantes aportaciones al Estado democrático de derecho basado en la separación de poderes. En el siglo XX, la ONU recordó que los poderes públicos estaban obligados a respetar los derechos fundamentales del ser humano que arrancan con el derecho a la vida y siguen con la igualdad y libertad.

Las raíces de la Unión Europea beben, precisamente, de estas fuentes. Así lo atestiguan los Padres de Europa reunidos en Roma en 1957. Apremiados por reconstruir la paz, Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcide de Gaspari propusieron una integración económica y cultural que uniera a todos los europeos.  El fundamento era la Economía Social de Mercado que enfatiza la importancia de la propiedad e iniciativa privadas en mercados competitivos. El estado podía regularlos y suplirlos, respetando el principio de subsidiariedad. Con otras palabras, debería abstenerse de intervenir cuando los individuos y grupos sociales fueran capaces de organizarse por sí mismos. La influencia de la doctrina social de la Iglesia Católica fue importante. Basta con decir que Schuman y Gaspari están en proceso de beatificación.

La UE ha permitido a Europa disfrutar de la etapa más larga de paz, prosperidad económica y bienestar social. Las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 del junio nos brinda la oportunidad de refrendar qué tipo de UE queremos. ¿Apuntalar este sistema que tantos frutos ha cosechado o sustituirla por el señuelo de un Estado omnipresente y omnipotente que organiza nuestras vidas desde arriba? En la segunda alternativa el principio de subsidiariedad suena a anatema, la independencia del poder judicial es el próximo enemigo a batir y los derechos personales serán ahogados por la marea de nuevos derechos ofertados por los políticos. Yo elijo la primera alternativa convencido de que las deficiencias que pueda tener no se curan alejándonos de las raíces de Europa sino volviendo a ellas.

La Tribuna de Albacete (3/06/2024)