España
y Argentina comparten dos rasgos significativos: una población de 47 millones sometida
a una regulación asfixiante y creciente. El nuevo año, parece haber provocado
un cambio de agujas. El Gobierno socialista de Sánchez ha aprobado un “decreto-ley
ómnibus”. Cientos de páginas “engrosarán” la ya abigarrada regulación de la justicia,
función pública y mecenazgo cultural. Por las mismas fechas, el gobierno
liberal-libertario de Milei ha aprobado una “ley ómnibus” que deroga importantes
regulaciones contenidas en 360 leyes peronistas.
El
liberalismo tiene sus razones y sinrazones. Hoy me referiré a los argumentos socioculturales
y económicas esgrimidos por los liberales. Las personas que pueblan el mundo y
cada una de sus naciones son tan diferentes que una regulación uniforme sería contraproducente
por no decir imposible. Más sencillo y justo parece dejarles asociar y organizar
libremente. Al Estado solo le correspondería el papel de constitucionalizar unos
derechos fundamentales como la igualdad ante la ley e igualdad de
oportunidades, la libertad civil y económica, amén de la propiedad privada. Por
supuesto, la colaboración siempre es posible. Los liberales moderados aceptan
que el Estado organice una educación infantil obligatoria y gratuita, señalando
unos contenidos científicos mínimos. Critican, sin embargo, que Estado
aproveche esta rendija para eliminar los centros educativos privados y adoctrinar
a los niños en materias de fuerte contenido ideológico.
Las
razones económicas del liberalismo se justifican por la mayor eficacia de las
empresas y organizaciones privadas. Para obtener beneficios, los empresarios han
de mejorar la calidad del servicio que ofrecen al tiempo que reducen su coste.
De lo contrario, pronto serían barridos por la competencia. Esta restricción no
rige para los centros de gestión pública. Los políticos y gestores
administrativos no sufren penalización alguna cuando sus organismos dejan de
funcionar. Posiblemente utilizarán esta ineficiencia como un motivo para solicitar
el aumento de su asignación presupuestaria.
La Tribuna de Albacete (15/01/2024)
