La izquierda política se equivoca al ver a la empresa capitalista como enemigo a combatir, un enemigo que aguanta los disparos sin moverse. La ingenuidad del actual gobierno español ha quedado evidenciada por el desplazamiento de la sede social de Ferrovial, harta de impuestos confiscatorios e inseguridad jurídica. Indra suministra otro ejemplo aunque aquí quien se mueve no son los individuos sino los mercados.
Estamos ante la joya de la corona de las empresas participadas por el Estado español (SEPI). Un ejemplo de lo que puede lograr el capital público junto al privado para competir en los mercados mundiales de alta tecnología. Indra es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría en temas como la defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y todo lo que le encomiende el gobierno, como sería el recuento de votos en las próximas elecciones.
El Gobierno de turno hace valer el 20% de su participación, para nombrar a los consejeros. Los motivos de los cambios suelen ser ocultos. En 2020 el PSOE cesó al Presidente, Abril Martorell, a quién se atribuía el éxito de la internacionalización. En 2021 forzó la dimisión los consejeros nombrados por el PP. En marzo de 2023 se ha anunciado el cese del Consejero Delegado, Ignacio Mateix. Ese mismo día la acción de Indra se desplomó un 7,18%.
Desde la
izquierda más radical y sectaria se ha criticado a las empresas y empresarios
por no estar sujetos a ningún tipo de control. Nada más lejos de la realidad.
Los mercados de capitales controlan día a día a los propietarios de tales
empresas. Si Indra pasa a ser un brazo más del poder político, nadie querrá
invertir en ella. Su colapso está anunciado.
