En las últimas semanas he roto varias lanza a favor del
liberalismo. Ante la imposibilidad de ponernos de acuerdo sobre los valores que
deben transmitirse en la educación, las expresiones culturales que conviene
apoyar o la mejor forma de organización socioeconómica, dejemos libertad para
que cada persona y grupo se organice como mejor le parezca. La conditio sine
qua non, es que todos y cada uno, empezando por el Estado, respetemos la ley
natural. Se llama así, precisamente, porque es la más adecuada a la
naturaleza humana, garantía del desarrollo personal y cemento de la paz social.
Los códigos morales de todas las épocas y latitudes han refrendado esa ley
natural ya sea en forma de prohibiciones (“no matarás, no robarás, no
mentirás”), de derechos (vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica),
o de instituciones (familia educadora y empresa inversora).
La negación de la ley natural y el ataque a las instituciones que la protegen constituye una de las mayores amenazas de nuestros días. Obrando así, dinamitamos la base de nuestra civilización y el referente al que mirar. Desaparecen los límites científicos y morales, que encauzan la libertad individual. “Es cierto y bueno porque lo digo yo, punto”. En caso de conflicto prevalecerá la verdad y la moral del más fuerte o pillo, es decir, el que ha sido capaz de aglutinar el 51% de los votos. El Estado democrático de Derecho, buque insignia de la civilización occidental, sufre una tensión tan innecesaria como peligrosa. ¿Hasta cuándo resistirá? ¿Qué vendrá después?
Por alguna extraña razón que se me escapa, la gente presume de liberarse de la ley natural. Ignoran que derribando la media docena de columnas que la configuran, el templo de la civilización les caerá encima. Pese a todo, veo motivos para la esperanza. Tratándose de leyese instituciones naturales, resulta muy difícil acabar con ellas. La mayoría sensata despertará de su letargo antes de ser aplastada.
La Tribuna de Albacete (01/02/2021)
