El referéndum de Podemos supone
un golpe al Estado de Derecho
tan grave como la declaración unilateral de
independencia
Dos hechos marcan la agenda europea de la semana que
iniciamos: el referéndum británico y las elecciones generales en España. Los
dos tienen un elemento común (la desafección de una parte de la población con las
instituciones vigentes) y otro diferencial (el respeto o la falta de respeto al
Estado de Derecho).
Mucha chicha para un solo párrafo. Lo explicaremos más
despacio. El referéndum del día 23 ha sido un órdago del Primer Ministro, David
Cameron, a los euroescépticos británicos, mayoría en su propio partido. “Si me
votáis, les dijo, os prometo un referéndum vinculante sobre la permanencia en
la UE”. Sin entrar a valorar el fondo del asunto, hay que reconocer que las
formas son correctas. En una confederación como la UE, es legítimo un
referéndum local por la escisión.
Un problema de separatismo planea también sobre las
elecciones españolas. Posiblemente sea el principal problema que ha impedido la
formación de Gobierno. No es un problema baladí. Está en jaque la pieza clave
de la civilización occidental: el respeto a los principios del Estado de
Derecho. En España, como en cualquier estado democrático de derecho, existe el
derecho a decidir y la obligación de decidir conforme a derecho. Ya en el
primer artículo de la Constitución queda claro que un cambio en la organización
territorial (central, autonómico, federal o confederal) y en la forma de estado
(monarquía o república) requiere una reforma constitucional aprobada (por
mayoría cualificada) en el Parlamento y en un referéndum nacional. No hay
atajos posibles.
En el RU,
Cameron ha promulgado un referéndum por el Brexit, matizando que él votará NO.
Podemos promete lo mismo: un referéndum en Cataluña donde sus afiliados votarán
NO a la escisión. La diferencia radica en que en el primer caso el referéndum
es legítimo, en el segundo no, al faltar esa reforma constitucional previa que
compete a todos los españoles. El referéndum de Podemos supone un golpe al Estado
de Derecho tan grave como la declaración unilateral de independencia por un
gobierno o parlamento regional. Algunos lo interpretarán como un golpe de
estado del que hay que defenderse con todo el arsenal de medios previstos por
la propia Constitución.
La Tribuna de Albacete (20/06/2016)
