Cuando un precio se dispara, el de la electricidad, por ejemplo, caben tres alternativas: topar el precio, frenar la demanda o aumentar la oferta. Y hay dos maneras de actuar: desde arriba (por decreto-ley) o desde abajo (acuerdos privados en mercados competitivos). En la UE, España a la cabeza, parece que prevalecerá la opción intervencionista: el gobierno racionará el consumo tras topar el precio de la electricidad, el gas y el petróleo. Yo me inclino por la opción liberal: mercados competitivos donde la libre iniciativa multiplica la oferta cuando se dan las condiciones oportunas.
El esquema podía ser tan simple
como este. (1) Los consumidores de electricidad (empresas y hogares) contrataríamos
libremente con las comercializadoras el precio del kWh durante
los próximos 365 días. (2) Estas pequeñas empresas acordarían el precio con los
grandes suministradores, asegurándose de alguna manera contra los vaivenes del
mercado. (3) Los productores de electricidad (grandes y pequeños) se cuidarían
bien de generarla con las fuentes más baratas. El resultado esperable es que
los parque eólicos y solares se multiplicarían cuantas veces sea necesario.
Si las grandes empresas europeas no
están por la labor, peor para ellas. La inversión extranjera llegará a raudales
cuando se percaten que en la UE la electricidad se vende diez o cien veces por
encima de su coste. Como ocurre en el resto de sectores, el precio de la
electricidad tenderá al coste de producción y la tasa de beneficio a la normal.
Las empresas que generan electricidad con gas y otros combustibles fósiles lo
tienen claro: o reducen sus costes o desaparecen. El coste monetario para el
Gobierno sería nulo. Sólo se le pide que liberalice el sector eléctrico de una
vez por todas. Y que tire por la borda esa nefasta fórmula marginalista que no
pasa de ser una traducción, tan nefasta
como peligrosa, de la teoría de precios de D. Ricardo (1817).
La Tribuna de Albacete (19/09/2022)
