Involución a la barbarie

Un día de la semana pasada me llamó mi hija pequeña que estudia en la Complutense. “Papá, han convocado una huelga. Los organizadores se despidieron convocándonos a nuevos paros los días 4 y 5 de noviembre. Así hasta el día de las elecciones. De ganar la derechona, enemiga de la universidad pública, podrían arder edificios y calles, como está ocurriendo en París y otras ciudades europeas”.

                Por mi mente se cruzaron recuerdos del inicio de mi carrera universitaria en Barcelona, entre la muerte de Franco y la Constitución de 1978. Había una huelga intermitente de los PNN (profesores no numerarios) que seguían cobrando durante los paros pues la huelga era ilegal. Cuando estábamos en medio de la clase, un par de jóvenes (que nadie conocía) subían a la tarima para soliviantarnos. “Compañeros, ayer despidieron a un trabajador de una quesería extremeña. Salgamos del aula para mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores españoles. Quien no esté de acuerdo, que levante la mano”. Los cabecillas se plantaban en medio de la Diagonal y obligaban al conductor de un autobús articulado a cruzarse para interrumpir el tráfico. Así pasaban los días, sin poder disfrutar del derecho a la enseñanza.

Un hecho sentó los cimientos de una manera más civilizada y sensata de vivir. En el referéndum del 6/12/1978, el  87,78% de los votantes votó a favor de la nueva Ley Fundamental que constituía España en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la CE). Las huelgas se desinflaron cuando estudiantes, profesores y trabajadores comprendieron que la mejor manera de defender sus ideas e intereses era aprobar leyes en el Parlamento y asegurar que jueces independientes las hicieran cumplir.  

Me aterra pensar que España pueda involucionar hacia la era preconstitucional. El actual Estado de Derecho degeneraría en la ley del más fuerte. ¡La barbarie!    

La Tribuna de Albacete (26/10/2026)

Siete tipos de pucherazo

 

                La democracia perfecta no existió ni existirá. Habremos de conformarnos con que se respeten sus esencias, a saber, elecciones periódicas en las que no haya ningún atisbo de engaño al votante ni de manipulación de las urnas. En la España del siglo XIX el fraude más común era el pucherazo. Las papeletas de voto se depositaban en unas huchas de barro que eran llevadas en diligencias a Madrid. En el cruce convenido, unos ladrones de guante blanco cambiaban los pucheros. Resultado: el partido que convocaba las elecciones siempre las ganaba.

Para evitar ser engañados y manipulados, los ciudadanos debemos conocer y combatir siete medios que el partido en el poder utiliza en el siglo XXI para engañarnos y manipular las elecciones. Pero no nos olvidemos del pucherazo clásico, como el captado por una cámara oculta el día de las elecciones a la secretaría general del PSOE (2016).

1. Engañar a los electores mediante la propaganda difundida por los medios financiados por el Gobierno.

2. Manipular las expectativas de los votantes desde el Centro de Investigaciones Sociológicas. Importan mantener alta la confianza de los votantes potenciales del partido en el poder.

3. Comprar votos a base de subvenciones, amenazando con que las perderán si gana la oposición.

4. Comprar votos a cambio de dinero o de un puesto de trabajo.

5. Adulterar el voto por correo. Correos no deja de ser una empresa pública. Basta con que el Gobierno nombre al director general y a las pocas personas que controlan los documentos.

6.  Adulterar los logaritmos de recuento a través de la inteligencia artificial

7. Lo último y más significativo. Adulterar el censo de votantes. Los cientos de miles de emigrantes en suelo español votarán al partido que acelere su nacionalización. La ley de nietos podría suponer la nacionalización (y el voto favorable) de 2,5 millones de latinoamericanos.

                Ahora entiendo por qué el gobierno español tiene más de 800 consultores con un sueldo superior al de los ministros. La democracia se ha convertido en una máquina siniestra para conservar el poder.

La Tribuna de Albacete (21/09/2026)

Golpes de estado de terciopelo

 Hay muchos tipos de golpe de Estado. El 23F (1981) recuerda un golpe clásico. Tejero, entró en el Congreso de Diputados, pistola en mano, con la confianza de animar a las fuerzas armadas a derogar la Constitución de 1978 y reinstaurar la monarquía absoluta. El golpe iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y proseguido por Pedro Sánchez desde 2018, es un golpe pausado, suave, de terciopelo.   Los dos presidentes trataron de desmantelar el régimen político de 1978 para que el Gobierno tuviera mayor libertad de movimientos. Sin derogar la Ley Fundamental, se aseguraron de que el Tribunal Constitucional la reinterpretaría a conveniencia del Gobierno. ¿No es esto un golpe de Estado?

El enemigo a batir ya no sería el terrorismo de ETA o el independentismo catalán, sino el PP y VOX partidarios de una Ley Fundamental muy garantista. Para gobernar, ya no haría falta ganar las elecciones sino sumar el 51% de los votos y asegurar la fidelidad de los socios dándoles el doble de lo que piden y recordándoles el mito de la caverna.  Para mayor seguridad había que atraer el voto de los 11 millones de pensionistas y los cientos de miles de emigrantes que cada año entran en España

¿Y de dónde conseguiría tanto dinero? Un buen socialista no se arredra por la falta de dinero. Zapatero y Sánchez basaron la suficiencia financiera en el aumento de la imposición a los ricos. Luego, en la emisión de deuda que la UE compraría a coste cero y, llegado el caso, condonaría. ¿Cómo iba a dejar quebrar a un país tan importante para la UE como España?

Zapatero y Sánchez cambiaron de aliados internacionales por aquello de “mejor ser cabeza de ratón que cola de león”. Abanderaron el grupo latinoamericano de Puebla, blanqueando a los narcoestados de Chávez y Maduro.  Desde 2022 Sánchez dirige la Internacional Socialista con el lema que más entusiasma a los buenos socialistas: “Paz a todos los hombres de buena voluntad”.

 La Tribuna de Albacete (01/05/2026)

España ingobernable

 

Si una cosa ha dejado clara la actual legislatura es la ingobernabilidad de España. Pedro Sánchez consiguió ser investido comprando a golpe de talonario y prebendas a cualquier partido que no se llamara PP o VOX. La realidad demostró que era poco menos que imposible poner de acuerdo a los socialistas con los marxistas todavía obsesionados por la lucha de clases, con los separatistas de izquierdas y derechas, y con los enemigos de los fines y medios acordados en la Constitución de 1978. Para salir del paso, el Gobierno de Sánchez prescindió del Parlamento y de la ley más significativa de cada año, la que aprueba los presupuestos de ingresos y gastos donde se articulan los programas gubernamentales. 

Lamentablemente, no es solo un problema de la izquierda política ni se manifiesta exclusivamente a nivel estatal.  Por el momento dos comunidades autónomas gobernadas por el PP (Extremadura y Aragón) han debido adelantar las elecciones autonómicas por la imposibilidad de atraer los votos de VOX que le permitirían aprobar los presupuestos. Los resultados de los comicios han sido desconcertantes. Aunque el PP haya ganado en ambas autonomías se ha vuelto más dependiente de VOX pues éste ha duplicado sus escaños. La posibilidad de aprobar una ley de presupuestos es todavía menor.

Es necesaria y urgente una reforma profunda de la Ley electoral para asegurar que los políticos elegidos por la mayoría de los ciudadanos puedan atender las preferencias populares y responsabilizarse de los resultados. La primera reforma consistiría en introducir un sistema proporcional que enterraría la ley de Ohms. La segunda, en adoptar el sistema de doble vuelta. Si ningún partido obtiene un número suficiente de votos en el primer sufragio, se pasará a una segunda votación entre los dos partidos más votados. El sistema dista de ser perfecto, pero favorecería la gobernabilidad y responsabilidad de los políticos con mayor apoyo popular.

¿Judicialización de la política o politización de la judicatura?

 

La semana pasada se entabló la siguiente conversación entre mis compañeros de trabajo a raíz del juicio al fiscal general del estado. -Nunca pensé que un juicio retransmitido en directo por televisión me engancharía más que una serie de Netflix. -La culpa de esta tragicomedia la tiene la oposición. No aceptó el resultado de las elecciones del 2023 y, para maniatar al gobierno, todo lo lleva a juicio. -¿Qué dices? La culpa la tiene el gobierno que está colonizando todas las instituciones para dar un golpe de estado desde dentro. No nos queda más remedio que pararle los pies en los tribunales, en internet y en la calle...

El estado de derecho nació para controlar al más peligroso de todos los poderes: el ejecutivo. El poder legislativo pierde su capacidad de control cuando la coalición mayoritaria está liderada por el partido gobernante. Solo nos queda el poder judicial para sancionar las tropelías del ejecutivo. Cierto que cada juez adolece de un sesgo ideológico, pero como las sentencias las dicta un tribunal colegiado y pueden ser recurridas a una instancia superior, lo normal es que se imponga una interpretación objetiva de la legislación vigente.

A mi entender, el problema no radica en la “judicialización de la política”, sino en la “politización de la judicatura”. La mejor muestra (y la más nociva) consiste en haber convertido la corte Constitucional en el tribunal de última instancia, cuando en realidad solo debía garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales. El paso previo del gobierno socialista consistió en asegurarse en esa corte una mayoría de magistrados afines e imponer como presidente al jurista de cabecera del PSOE.

Ignoro si el juicio que acabamos de presenciar en directo acabará en la absolución o condena del fiscal general del estado. Sí me atrevo a predecir que, en caso de condena, el Tribunal Constitucional le absolverá y el Gobierno le condecorará con un ministerio o la presidencia de una empresa pública.

La Tribuna de Albacete (17/11/2025)

Había una vez un circo.

 

El Presidente de España compareció el 30 de octubre ante una Comisión de Investigación del Senado para esclarecer si era el número uno de una trama de corrupción donde están implicados los más altos cargos del PSOE, amén de sus familiares más allegados, los que comparten mesa y techo en el Palacio de la Moncloa. Entre los temas a dilucidar: ¿cómo justificar que en Ferraz entregaran a esos gerifaltes sobres llenos de dinero en efectivo?

Los portavoces aprovecharon para restregar en la cara del Presidente tales obscenidades, antes de lanzarle preguntas que había de responderse con un monosílabo: “SÍ o NO”. So pretexto de contextualizar las acusaciones, el compareciente aprovechó para revertir las acusaciones al PP, y aseverar que el PSOE de Zapatero y Sánchez es lo más limpio y transparente que ha conocido la democracia española. Cuando el compareciente ya había olvidado la pregunta que le había formulado, el portavoz de turno vociferaba: “SÍ o NO”. Sánchez respondía complaciente: “ese detalle no me consta, del otro no me acuerdo”. Así hasta 50 veces.

Nuestro Presidente espetó que se sentía en una comisión de difamación en el circo del Senado. Posiblemente, lo del circo fue su única verdad, y bien que se empeñó en hacer durar el espectáculo cinco horas. Yo, que estaba celebrando mi cumpleaños, puse como música de fondo a los payasos de la tele: “Había una vez un circo…”. Recordé los “Esperpentos” de Valle Inclán y la película de Cantinflas, “Su excelencia”, donde un político gana el premio de hablar más horas seguidas sin decir nada. Recordé también aquella frase de Gila: “Oiga, si usted no es el asesino, por qué lo mató”. El inminente sketch de Mota sugiero que se titule “De cómo esquivar la verdad sin que te tiemble la voz”. ¡He ahí el mayor mérito del Presidente.

Mi conclusión. Carpetazo definitivo a las comisiones de investigación. Los hechos presuntamente delictivos, directamente al juzgado.

La Tribuna de Albacete (3/11/2025)

La hora de los jueces

 

El 28 de junio de 2025 pasará a la historia como el día de la primera manifestación masiva de jueces y fiscales para pedir algo tan obvio como “la independencia judicial”. Un intento desesperado de frenar, antes de que sea demasiado tarde, la “ley Bolaños” que trata de colonizar desde dentro al mismísimo poder judicial. El culmen de las tropelías a las que el Gobierno nos ha acostumbrado.

Para empezar, la ley pretende alterar el sistema de acceso a la carrera judicial. En lugar de las horrorosas oposiciones donde se imponen las personas con mayor inteligencia y voluntad, se crearán unas academias públicas para la preparación de jueces, fiscales, abogados de estado y altos funcionarios de la administración. ¿Eugenesia política-jurídica? Me aterra pensar que el partido en el poder escoja y prepare las mentes más progresistas y dóciles para administrar la justicia en consonancia con lo políticamente correcto y para eximir de responsabilidad a unos políticos quienes, por definición, solo buscan el bien común.  

La segunda propuesta es un reforzamiento de las competencias y poderes de la cúpula del Ministerio Fiscal, a las órdenes de un Fiscal General del Estado elegido directamente por el Jefe de Gobierno. ¿O alguien osará pensar que una persona tan relevante pueda buscar su interés personal o el de quien le elevó al cargo, por encima del interés general de España?

“Nadie encontrará una sola línea del proyecto que atente contra la independencia judicial”, aseveró sonriente Félix Bolaños.  ¡Faltaría más!, Sr. Ministro. Lamentablemente, a estas alturas de la película ya sabemos que lo que el Gobierno pretende es exactamente lo contrario de lo que dicen y escriben sus voceros. La sumisión de la judicatura necesariamente ha de realizarse de una manera más sibilina, que el Tribunal Constitucional bendecirá por 6 votos contra 4. 

Caballo de Troya

 

Se cumplen 10 años desde las elecciones autonómicas que encumbraron a Carles Puigdemont (CP) como Presidente de la Generalitat de Cataluña. Una oportunidad para que “*” entreviste virtualmente a “CP”.

*- Benvenido, exPresident. Da gusto entrevistar a un político que no tiene miedo de decir la verdad. ¿Cómo valora su primera etapa política? Aquel octubre del 2017 cuando lanzó un referéndum sobre la independencia y proclamó (entre dientes) la República Catalana?

CP- Una machada que supuso un enorme desgaste personal y no sirvió para nada. Es duro caminar todos los días al filo de la ilegalidad. Deprimente que nadie reconociera el referéndum. El PP y el PSOE nos castigaron con el art. 155 de la Constitución. El Rey y la UE nos condenaron sin permiso...

*- Llegaron las elecciones generales del 2023 y su partido apoyó la investidura del Sr. Sánchez? ¿Cómo valora la propuesta del Presidente y su aceptación?

CP- ¡Un milagro de esos que solo acaecen una vez por siglo! El PSOE necesitaba los siete votos de Junts para ser elegido y tragó con todo lo que le pedimos. De entrada, una ley de Amnistía que borraría los delitos por los que habíamos sido condenados. Una ley que, de impugnarse, tenía asegurado el respaldo del nuevo Tribunal Constitucional. En los meses posteriores, seguimos vendiendo nuestros votos a cambio de reformas institucionales que nos facilitaránn el gobierno de la República Catalana tras el siguiente referéndum. En resumen, la connivencia con Sánchez ha sido el Caballo de Troya que nos permitirá dar un golpe desde dentro del Estado. Todo tan legal y popular que ni el Rey ni la UE se atreverán a ponerlo en cuestión.

*- E. Kant, sentenció que una propuesta política es moralmente condenable cuando, de generalizarse, llevaría al caos social. ¿No le parece que el actual gobierno “Frankestein” nos aboca a ese desenlace?

CP- ¡Miel sobre hojuelas! Si además de la independencia política de Cataluña hundimos el Estado español habremos vencido por partida doble.

La Tribuna de Albacete (16/06/2025)

Amnistía, porque lo digo yo

 

               La semana pasada se filtró el borrador de la sentencia redactada por la vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de Amnistía de 2023.  Con la radicalidad propia de un converso, María Luisa Berenguer lanzó varias invectivas para defender la amnistía. Hacen temer lo peor para nuestro frágil Estado de Derecho y la propia Constitución abierta a su reforma ... siempre que se sigan los cauces constitucionales.

Primero, sin necesidad de reformar la Ley Fundamental, el Parlamento español puede aprobar cualquier cosa que no esté expresamente prohibida en ella. Me pregunto yo, ¿también la vuelta al Estado unitario que borraría las actuales autonomías? ¿Y la reducción del TC a una sala del Supremo especializada en derechos humanos? No faltará quien defienda este argumento para asegurar la independencia política del TC.

Segundo, el derecho “alternativo”, “progresivo” o como se le quiera denominar, ha de adaptarse a las necesidades e ideas de los tiempos. Lejos quedó el arduo proceso de reforma constitucional. Los magistrados del TC se prestan a interpretar los artículos de la CE a conveniencia de la voz de su amo. ¿Dónde se anclará la seguridad jurídica que todos necesitamos?

Tercero, el fin justifica los medios. El Gobierno que aprobó la Ley y el Tribunal que la respalda aseguran que solo pretenden superar las tensiones sociales y mejorar la convivencia en Cataluña. ¿Qué pasará con el 50% de catalanes y el 80% de los españoles (incluyendo muchos socialistas) que opinan lo contrario pero se quejan menos? Si esta mayoría se rebelará, por las buenas o las malas, ¿habría otra ley de amnistía que les eximiera de cualquier delito?

Cuarto, los motivos de los políticos no son susceptibles de valoración. No importa que los socialistas cambiaran su opinión cuando se percataron que necesitaban los siete votos de Junts. Ni que estos insisten, micrófono en mano, que la amnistía era el primer paso hacia la independencia perseguida por el Procés. Me pregunto yo, ¿acaso la justicia no puede y debe adelantarse a la comisión de los delitos, máximo si van contra los pilares del orden constitucional?

La Tribuna de Albacete (09/06/2025)

Deudas de toma y daca

 

Esta semana vamos a tocar el fondo de la condonación por parte del Estado español de 83 mil millones (mM) de deuda a sus Comunidades Autónomas. “Tocar fondo” significa, ante todo, defender la verdad llamando a las cosas por su nombre. Eso es lo que me propongo hacer por boca de la Ministra de Hacienda. Si por un descuido hubieran cambiado la sacarina del café por la píldora de la sinceridad, esta sería la verdad que hubiera contado la Ministra desde la tribuna del Congreso el pasado lunes.

Ilustrísimas señorías. Como todos sabemos, los antecedentes del sainete que hoy vamos a representar se remontan a Noviembre de 2023. Sabedor de que sus votos eran imprescindibles para la elección y continuidad del Presidente del Gobierno, ERC exigió la condonación del 20% de la deuda que la Generalitat de Catalunya había contraído con el Estado español a través del FLA. Unos 17 mil millones (mM) de euros. Para no levantar ampollas, el Gobierno propone ahora condonar al resto de las comunidades un 20% de la deuda contraída del 2007 al 2017. A golpes de martillo, he inventado una fórmula que concede una quita de 19 mM a Andalucía (no tiene nada que ver con mi reciente nombramiento a candidata a la Presidencia andaluza, Je, je); 17 a Cataluña (los compromisos obligan); 11 a Valencia … y así sucesivamente hasta llegar al 0,4 a La Rioja.

Esos 83 mM pasan a ser deuda del Estado y se pagarán poco a poco con los impuestos recaudados de todos los españoles. Si a una Comunidad le condonan 10 y paga 20 adicionales en el IRPF, estará contribuyendo a financiar a las comunidades más endeudadas por esa diferencia. Cataluña tiene asegurado el saldo positivo que habíamos prometido. Sinceramente, no entiendo de qué se quejan los catalanes y piden ahora la cesión de todos los impuestos recaudados en su territorio. Supongo que no buscan organizar una hacienda catalana independiente. Eso lo prohíbe expresamente la Constitución. Como también prohibía…(Je, je)

Bueno, ese tema no está en el orden del día. Hoy tenemos que regocijarnos de haber conseguido el consenso de los buenos españoles.

La estrategia del calamar

 

El calamar se defiende de sus perseguidores arrojando chorros de tinta. La actual política española sigue esa estrategia rebautizada como “fábrica de fango”. La novedad es que está fábrica es capaz de crear tinta cada vez más negra reciclando los ataques del enemigo.  El botón de muestra nos lo ofrece el breve discurso del President of Spain (P.S.) en el 46 aniversario de la Constitución española (CE).

La tragedia de las riadas en Valencia sur, obligaba a mandar un mensaje de solidaridad y, de paso, un dardo contra la extrema derecha que se había atrevido a criticar la inacción del Gobierno para prevenir desbordamientos y ayudar a los damnificados. P.S. sacó pecho para recordar que habían estado allí desde el minuto uno y para cargar toda la culpa de la tragedia del siglo al negacionismo climático de la oposición.

El Presidente aprovechó para reivindicar su constitucionalismo que consiste en crear nuevos derechos y blindarlos frente a la derecha reaccionaria. ¿Quiere esto decir que está dispuesto a acabar con los derechos fundamentales de la CE como la vida y la libertad de expresión? ¿O que buscará un sustituto al Estado autonómico y la separación de poderes?

En un discurso más propio de una campaña electoral, P.S. presumió de que nuestra economía era el motor de la UE y que España gozaba del máximo respeto internacional. La carestía del alquiler y compra de la vivienda, se solucionará cuando las CC.AA. del PP arrimen el hombro. Lamentablemente, las estadísticas son tozudas: la tasa de paro en España dobla la media de la UE y el precio de la vivienda se acelera tras cada reforma gubernamental.  La escalada de deuda e impagos estatales nos aboca a otra crisis como la del 2008.

Moraleja, “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

La Tribuna de Albacete (16/12/2024)

Y el Tribunal Constitucional, ¿para cuándo?

 

La noticia bomba de la semana pasada fue el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ. Un paso necesario hacia la despolitización del poder judicial. Se logrará cuando los candidatos al CGPJ sean elegidos por sorteo entre los jueces habilitados. Solo entonces acallaremos la queja de los partidos minoritarios: “Y los de mi cuerda ideológica, ¿cuándo?”

El siguiente paso es la despolitización del Tribunal Constitucional (TC). Resulta ineludible para detener el golpe de Estado en ciernes que ha empezado con un cambio semántico. Hoy cualquier norma es constitucional si así lo decide el TC, no importa cuán graves sean sus ataques a la letra y el espíritu de la Ley Fundamental. Por supuesto, antes de dar tamaño giro, el Gobierno se aseguró de tener mayoría absoluta entre los magistrados y un presidente de absoluta confianza. Aquel que aseguró estar dispuesto a mancharse la toga con el barro de la política.  

La CE de 1978 es claramente garantista, como procede. Bastaría consensuar alguna precisión al Título IX. Los 12 magistrados elegidos (con mayoría de 3/5) por el Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ se circunscribirían a los 20 nombres elegidos por sorteo entre los juristas que, cumpliendo ciertas condiciones, estén dispuestos a asumir la nueva responsabilidad.

Toquemos fondo. La pretensión de mezclar jueces con diferentes “sensibilidades políticas” para que cada uno ataque la Ley Fundamental desde su punto de vista, me parece tan peligrosa como exponer un plato de nitroglicerina al sol de julio. Un TC independiente es el que se atreve a decir al Gobierno y Cámaras legislativas: “Nuestra sentencia es el resultado de aplicar la Constitución vigente. Si no están de acuerdo, les conmino a emprender una reforma constitucional”.

La Tribuna de Albacete (1/07/2024)

Togas sin rostro

 Los ataques que está recibiendo en España la independencia del poder judicial hacen temer la caída de todo el edificio constitucional, y la seguridad jurídica que nos permite funcionar como sociedad. A diferencia de otros problemas, la solución de este es relativamente sencilla. Basta con tomarse en serio los principios constitucionales y apostar por la vía que mejor los garantiza.

El capítulo VI de la CE aclara que jueces y magistrados están sometidos al imperio de la ley y sólo a la ley. Sus sentencias aplican la ley vigente y aseguran su cumplimiento. Al artículo 122 organiza el gobierno de los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consta de 20 miembros. Los doce primeros los escoge el propio Consejo. Los ocho restantes los elegirán, a partes iguales, el Congreso y el Senado, por mayoría de 3/5.  

La Ley del Poder Judicial de 1985, propuesta por Felipe González, dio un paso más allá de la CE. Congreso y Senado pasaron a elegir directamente los 20 miembros del CGPJ. Con el deseo de acercar la justicia a la sociedad, se fomentaron las asociaciones de jueces. A semejanza de los partidos políticos, unas se declaran “progresistas”, otras “conservadoras”. Durante los primeros años no hubo conflictos serios. Los partidos eran suficientemente sensatos como para proponer jueces de perfil técnico que fácilmente conseguían el beneplácito del partido rival.

El sistema dejó de funcionar tras la politización institucional y la extrema crispación. Urge vencer el círculo vicioso en el que nos hemos metido.  Para recuperar el valor de la independencia judicial ,nuestra primera reforma sería prohibir las asociaciones de jueces; les anima a politizarse. La segunda reforma se centra en el CGPJ. Éste nombraría, por sorteo, a 12 jueces que cumplan los requisitos legales y manifiesten su interés en asumir nuevas responsabilidades. Como resultado del mismo sorteo, presentaría al Parlamento otros tantos jueces para que cada Cámara consensúe los cuatro que le corresponden. Si no son capaces, peor para los políticos. El CGPJ seguirá funcionando con los 12 jueces elegidos a sorteo.

“Togas sin rostro”. Esta es la condición necesaria y suficiente para asegurar la independencia del poder judicial.  

La Tribuna de Albacete (17/06/2024)

Respuesta a la carta del Sr. Presidente

 

Estimado Presidente del Gobierno español:

Recibí su carta del 24 de abril y me reconfortó que también los presidentes sienten la necesidad de pararse a reflexionar. Escuché también su alocución del lunes 29 donde correctamente insistió en que para salvar la civilización occidental hace falta una regeneración democrática que empiece por sanear las bases morales de la sociedad y de los políticos que la dirigen. Coincido con usted en que es relativamente fácil conocer estos principios pues pertenecen a la ley natural que todos llevamos grabada en la conciencia. Cosa distinta es qué la conciencia personal esté embarrada a consecuencia de nuestro egoísmo, superficialidad y falta de coherencia.

Los principios básicos de la ética han sido proclamados de diferente manera a lo largo de la historia. La DUDH (ONU, 1948) habla de derechos y libertades. A saber: derecho a la vida, igualdad ante la ley, libertad de pensamiento y expresión, libertad de empresa... Todos ellos conviven dentro de un estado democrático de derecho donde la independencia del poder judicial es una columna fundamental.

Kant, el profeta de la modernidad, los resumió en un par de “imperativos categóricos” y los justificó con un argumento inapelable: si los individuos no los cumplen la sociedad se autodestruiría. El primer imperativo deriva en la dignidad de la persona y nos obliga a tratarla como fin en sí misma, nunca como medio al servicio de otros intereses. El segundo reza así: obra de manera que tus reglas de conducta sean susceptibles de ser generalizadas sin provocar un caos social.

Los mandamientos de la tradición judeo-cristiana respecto al prójimo se resumen en tres: No matar, no robar, no mentir. Cristo enraizó estos mandamientos en el amor e insinuó las actitudes que les confieren credibilidad. Sé honrado: no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo, ni utilices dos varas de medir. Sé humilde: reconoce tus pecados y empieza por corregirlos; no te fijes en la paja que tu hermano lleva en el ojo y quita la viga que tú llevas en el tuyo.

La Tribuna de Albacete (06/05/2024)

La tinta del calamar

 

Escribo este artículo 24 horas antes de que Pedro Sánchez decida entre (1) mantenerse en la presidencia del Gobierno español, (2) dimitir y seguir haciendo política desde otros puertos más tranquilos, (3) abandonar la política de una vez por todas. Me tomo la licencia de darle un par de consejos para evitar el acoso que está sufriendo en los últimos meses y la desafección del pueblo español, socialistas incluidos. Vaya por delante, que estos consejos son aplicables a cualquier otra persona que le pueda suceder en la presidencia de la nación, no importa el partido político.

Primer consejo: Sea sincero y transparente. Lo mejor para evitar los bulos sería informar a la nación el contenido de los móviles hackeados por Pegasus (el suyo y el de su esposa). Aproveche la ocasión para dar una explicación creíble de la cesión a Marruecos de las competencias que nos otorgó la ONU sobre el Sahara. Por favor, no mienta a sus votantes y al pueblo español, ni cambie de principios tantas veces. ¿Se acuerda de la fábula de Pedro y el lobo?

Segundo consejo: Respete el Estado democrático de derecho. La CE de 1978 admite a partidos republicanos y separatistas siempre que estén dispuestos a reformarla siguiendo los cauces constitucionales. Lo que usted promueve es un “golpe de estado desde el propio Estado”. Un golpe que solo se puede combatir desde la calle o la prensa desesperada.

Más de lo mismo. Respete la independencia del poder judicial. Deje que los jueces elijan a los jueces. No se engañe a usted mismo ni trate de engañarnos asumiendo que es constitucional todo lo que aprueba un Tribunal cortado a la medida de los intereses cambiantes del Gobierno.

El calamar busca confundir y encrespar a los adversarios arrojándoles tinta negra. ¡Demuéstrese a sí mismo que usted no es un calamar!

Manual de corrupción

 No deben de ser muchas las personas que se meten en la política para robar. Pero todo parece indicar que, una vez dentro, la tentación que asedia a los políticos se antoja irresistible. Justificaciones no les faltan: “Todos lo hacen, no voy a ser menos que mi compañero”. “La presión y riesgos que soportamos los políticos, bien merecen un complemento salarial”. “No busco tanto mi enriquecimiento como asegurar el futuro de mi partido, el único que garantiza el progreso del país”...

 El mejor caldo de cultivo para la corrupción se genera por la confluencia de tres ingredientes: larga permanencia en el cargo; mucho dinero para robar, discrecionalidad para manejar ese dinero. La pandemia de marzo 2020 juntó estos ingredientes y el resultado es el que estamos descubriendo en marzo del 2024.

 Larga permanencia en el cargo. En el 2020, el PSOE acababa de llegar a la Moncloa pero conocía bien los entresijos del poder y los medios para aumentarlo y perpetuarlo. A saber, multiplicar las subvenciones para captar votantes; agasajar a los partidos minoritarios hasta conseguir el apoyo de un diputado más que el bloque conservador. Tales circunstancias no solo dan para corruptelas aisladas, sino para crear una trama de corrupción.

 Cantidad de fondos que se manejan. Un pellizco aquí y otro allí pasan desapercibidos. Además, los fondos extraordinarios que estamos considerando fueron concedidos graciosamente por la Unión Europea. Aparentemente nadie pagaba ni se preocupaba por los pellizcos asociados a las mascarillas.

 Discrecionalidad en el manejo del gasto público. En circunstancias normales no resulta sencillo robar al erario público. Ha de aprobarse un presupuesto de gastos e ingresos; el gasto ha de seguir un procedimiento muy exigente; cada euro será fiscalizado por la intervención general del Estado y el tribunal de cuentas. Las urgencias de una pandemia global justificaban relajar estos controles. Así se hizo y ahora estamos viendo las consecuencias.

La Tribuna de Albacete (18/03/2024)

Tres golpes de Estado en los 45 años de la Constitución española

 El 23 de febrero de 1981 asistimos a un golpe de estado tradicional: un alzamiento militar con tiros en el mismo Congreso nacional. El golpe quedó en una simple asonada cuando el Rey Juan Carlos I compareció en TVE para condenarlo.

 El 1 de octubre de 2017 la Generalitat cambio las armas por las urnas y las sonrisas. Un referéndum ilegal y chapucero desencadenó una declaración unilateral de independencia.  La parodia fue desmontada con las herramientas de nuestro estado de derecho: el Rey Felipe VI lo condenó de forma inequívoca, los dos partidos mayoritarios acordaron en las Cortes la aplicación del art. 155 de la CE, los tribunales (Supremo y Constitucional) dictaron las sentencias oportunas.

 El golpe de estado que estamos viviendo en el 45 aniversario de la Constitución española (CE) es más sutil. Son las propias autoridades estatales quienes están alterando la CE por la puerta de atrás, reinterpretando su letra y controlando las instituciones destinadas a protegerla. Un ejemplo. Tras asegurarse la mayoría “progresista” en el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno aclara: “Como no podía ser de otra manera, será constitucional todo lo que el TC considere como tal”.

 Tres métodos diferentes de alterar el orden constitucional saltándose los cauces de reforma dispuestos por ella. En eso consiste un golpe de estado, además de acabar con la división de poderes. Tres tragicomedias más propias de un escenario teatral que de la arena política. Los dos primeros golpes se desmoronaron antes de materializarse. El tercero es más peligroso y no tiene marcha atrás. Para conseguir los votos que necesitaba para llegar al gobierno y mantenerse en Moncloa, Sánchez ha dado tantos privilegios a la extrema izquierda y los independentistas que es muy difícil que le abandonen. Tampoco el PSOE sabría dónde ir. Solo cuando los votantes miren a Venezuela se despertarán de su letargo.

Juego de la escalera decadente (3)

El juego de la escalera consiste en enumerar las opiniones de un partido “progresista” sobre una institución fundamental del Estado. Hoy le toca el turno de la monarquía parlamentaria consagrada en el artículo 1.3 de la CE de 1978. El juego invita al lector a señalar el escalón donde se sitúa hoy (los valores que defiende) y el escalón que pisaba cuatro años atrás. No le costará trabajo imaginar donde se situará previsiblemente el próximo lustro. Si tuviera la osadía de pensar por sí mismo, podría calibrar la manipulación que ese partido progresista está ejerciendo sobre él.

1-      La Monarquía parlamentaria es una institución plenamente democrática, ni más ni menos que el resto de las instituciones que configuran la Ley fundamental refrendada por el 85,54% de los votantes. De hecho, los ciudadanos se identifican más fácilmente con un rey que con un presidente republicano que en su frente lleva grabadas las iniciales del partido que le aupó al poder.  

2-   Rectifico. La monarquía parlamentaria no es democrática ni representa a la población que nunca votó la Constitución. La monarquía sale cara. Más pronto que tarde, la Monarquía se corrompe y acaba usurpando y dilapidando la riqueza nacional.

3-   Remato. El desprestigio de la Monarquía resulta imparable. Mejor evitar que el Rey ejerza los escasos poderes que le otorga la Constitución. El modelo por seguir es la Commonwealth británica. El Rey es recibido con pitos cada x años, cuando realiza su visita de cortesía a las antiguas colonias. Lo mismo pasará al Rey español cuando salga de su jaula-palacio.

4-    Todavía cabe un paso adicional en la confusión lingüística. Convertiremos la Monarquía parlamentaria en una ReyPública. El rey estará obligado a abdicar cada cuatro años para proceder a la elección del siguiente Jefe de Estado.

¡Impresionante! Han conseguido pasar de la Monarquía a la República y controlar todos los poderes sin necesidad de reformar la Constitución. El partido progresista de marras nombra al Jefe de Estado y al Jefe de Gobierno; controla las Cámaras y el Tribunal Constitucional. Todas las ventajas de la monarquía y la república en una única palabra: ReyPública. ¡Vivan los lingüistas progresistas!

El juego de la escalera decadente (1)

 

John M. Keynes concluyó su Teoría General (1936) con estas palabras: “Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas (…) Tarde o temprano, son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros, tanto para mal como para bien”. Comparto el énfasis en la cultura e ideologías añadiendo un matiz. Los políticos sí están interesados en comprar ideas ajenas a cambio del voto que necesitan para mantenerse en el poder. Con el BOE en una mano y los medios oficiales de comunicación en la otra, la manipulación de las ideas de los ciudadanos está servida.

Se lo explicaré con un juego. Yo les presento una escalera de degradación ideológica aplicada a un tema capital. Usted señala el escalón donde se encuentra hoy y el escalón donde estaba cuatro años atrás. El juego le invita a pensar dónde podría estar dentro de un lustro si sus principios no están bien enraizados y su razón no es autónoma.

Los cambios de opinión del presidente de Gobierno sobre los fundamentos políticos del Estado español podían enunciarse así.

1- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho cuyas columnas basilares son la separación de poderes y unas elecciones periódicas que reflejan el pluralismo político. Así lo proclama la Constitución española de 1978 desde su primer artículo. Vamos a defender estos principios con uñas y dientes para que ellos defiendan a todos los españoles.

2- Para ser eficientes y evitar que una oposición retrógrada bloquee el progreso, conviene que concentrar los poderes en el Gobierno. Éste legislará mediante decretos-leyes que serán aprobados por el Congreso y refrendados por el Tribunal Constitucional. Solo hace falta controlar a la mitad más uno de los parlamentarios y magistrados.

3- Con el mismo ánimo de eficiencia y progreso, hemos eliminado el Congreso, el Tribunal Constitucional y todos los órganos consultivos. ¿Para qué mantener unas instituciones que de nada sirven?  

4- Las elecciones son una pérdida de tiempo, con el agravante que crispan y enfrentan a los ciudadanos. ¿Por qué no esconder las urnas y aceptar la actual forma de gobernar? A partir de ahora, nuestro líder concentrará todo el poder. No hay peligro que sus intereses particulares se opongan al interés general. En un líder carismático ambos intereses coinciden.

Lo que el futuro presidente del Gobierno no quiere saber

 

El futuro presidente del Gobierno español, sea quien sea, deberá afrontar unos problemas económicos que nadie se ha atrevido a mencionar en la campaña electoral. Provocan sofocos con solo pensar en ellos.

Las circunstancias adversas que hemos sufrido en los últimos años, han venido como anillo al dedo a los gobiernos intervencionistas. España ha sido el país europeo que más subvenciones ha recibido de la UE. También el que más se ha endeudado con el BCE, eso sí, a un tipo de interés nulo. Nuestro país ocupa la tercera posición en términos de déficit y deuda pública sobre PIB. Lo que los políticos españoles no se atreven a mentar es que esas subvenciones se han acabado y, aunque fueran a fondo perdido, han de gastarse bien para no ser sancionados. Respecto a la deuda pública, el BCE ha dejado claro que vuelven a prohibir la compra directa por la autoridad monetaria, y que los créditos subsistentes habrán de ser refinanciados al interés de mercado. Ya está en el 4% … y subiendo.

El BCE ha recordado también que su compromiso fundamental es con la estabilidad de precios. Teniendo España la más alta tasa de inflación subyacente, la UE vigilará el aumento del sueldo de funcionarios y pensiones a jubilados. Razón: unos y otras acaban trasladándose a la inflación.

¿De donde sacará, el estado el dinero para los pagos financieros y compromisos electorales? A estas alturas de la historia todos deberíamos saber que la subida de impuestos a los muy ricos no funciona. Para bien o para mal, también ellos tienen patas y saben sortear los gravámenes. El nuevo presidente de Gobierno no tendrá más remedio que afrontar la cruda realidad económica y coger al toro por los cuernos. ¿Quién se atreve a ser Presidente?