Si me pidieran escribir un libro para
políticos, la primera lección llevaría por título: “De cómo es absurda la
pretensión de transformar todo desde arriba, pues las leyes económicas acaban
imponiéndose a las leyes políticas”.
Casi
todos los bienes necesitan ser producidos. La competencia en el mercado fuerza
a que el precio se ajuste al coste de producción y que retorne a él cuando un
exceso de demanda eleva el precio y la tasa de beneficio. El aumento de la
producción corregiría el exceso de demanda. Esta regla general se rompe en el
caso de los bienes no producidos o de difícil reproducción como son la tierra y
las viviendas. En estos casos, se requieren medidas complementarias con cuidado
de que no interfieran con las leyes económicas.
Entre
1995 y 2005, la demanda de viviendas se disparó gracias a la concesión de
créditos hipotecarios a un interés prácticamente nulo. El resultado ya lo
conocemos. Los precios de la vivienda se multiplicaron por tres y el interés se
disparó al 5% provocando una crisis financiera
que pronto degeneró en una crisis económica general. ¡Todos perdimos, y mucho!
Pasemos
al alquiler. Si una ley política obliga a mantener, de por vida, el alquiler
pactado en cada contrato e impide desahuciar en caso de impago, se contraerá la
oferta de pisos en alquiler con el consiguiente aumento del alquiler mensual. Y si se otorgan condiciones todavía más ventajosas
a las personas vulnerables, nadie querrá alquilarles nada. Los políticos
debieran resolver estos problemas sociales con subvenciones públicas puntuales.
Todos
debemos congratularnos de que los dos decretos Maricarmen no se hayan aprobado.
Y todos debemos acordar cómo asegurar las condiciones que hacen posible la
estabilidad del precio de la vivienda en torno a su coste de producción. La
primera condición es respetar la iniciativa y la propiedad privada. La segunda,
la construcción masiva de viviendas dotadas de las infraestructuras que las
hacen habitables.
La Tribuna de Albacete (05/10/2026).
