Si una cosa ha dejado clara la actual
legislatura es la ingobernabilidad de España. Pedro Sánchez consiguió ser
investido comprando a golpe de talonario y prebendas a cualquier partido que no
se llamara PP o VOX. La realidad demostró que era poco menos que imposible
poner de acuerdo a los socialistas con los marxistas todavía obsesionados por
la lucha de clases, con los separatistas de izquierdas y derechas, y con los
enemigos de los fines y medios acordados en la Constitución de 1978. Para salir
del paso, el Gobierno de Sánchez prescindió del Parlamento y de la ley más
significativa de cada año, la que aprueba los presupuestos de ingresos y gastos
donde se articulan los programas gubernamentales.
Lamentablemente, no es solo un problema
de la izquierda política ni se manifiesta exclusivamente a nivel estatal. Por el momento dos comunidades autónomas
gobernadas por el PP (Extremadura y Aragón) han debido adelantar las elecciones
autonómicas por la imposibilidad de atraer los votos de VOX que le permitirían
aprobar los presupuestos. Los resultados de los comicios han sido
desconcertantes. Aunque el PP haya ganado en ambas autonomías se ha vuelto más
dependiente de VOX pues éste ha duplicado sus escaños. La posibilidad de
aprobar una ley de presupuestos es todavía menor.
Es necesaria y urgente una reforma
profunda de la Ley electoral para asegurar que los políticos elegidos por la
mayoría de los ciudadanos puedan atender las preferencias populares y
responsabilizarse de los resultados. La primera reforma consistiría en introducir
un sistema proporcional que enterraría la ley de Ohms. La segunda, en adoptar
el sistema de doble vuelta. Si ningún partido obtiene un número suficiente de
votos en el primer sufragio, se pasará a una segunda votación entre los dos
partidos más votados. El sistema dista de ser perfecto, pero favorecería la
gobernabilidad y responsabilidad de los políticos con mayor apoyo popular.
