Un día de la semana pasada me llamó mi hija
pequeña que estudia en la Complutense. “Papá, han convocado una huelga. Los
organizadores se despidieron convocándonos a nuevos paros los días 4 y 5 de
noviembre. Así hasta el día de las elecciones. De ganar la derechona, enemiga
de la universidad pública, podrían arder edificios y calles, como está
ocurriendo en París y otras ciudades europeas”.
Por
mi mente se cruzaron recuerdos del inicio de mi carrera universitaria en
Barcelona, entre la muerte de Franco y la Constitución de 1978. Había una huelga intermitente de los PNN (profesores no
numerarios) que seguían cobrando durante los paros pues la huelga era ilegal.
Cuando estábamos en medio de la clase, un par de jóvenes (que nadie conocía)
subían a la tarima para soliviantarnos. “Compañeros, ayer despidieron a un
trabajador de una quesería extremeña. Salgamos del aula para mostrar nuestra solidaridad
con los trabajadores españoles. Quien no esté de acuerdo, que levante la mano”.
Los cabecillas se plantaban en medio de la Diagonal y obligaban al conductor de
un autobús articulado a cruzarse para interrumpir el tráfico. Así pasaban los
días, sin poder disfrutar del derecho a la enseñanza.
Un hecho sentó
los cimientos de una manera más civilizada y sensata de vivir. En el referéndum
del 6/12/1978, el 87,78% de los votantes
votó a favor de la nueva Ley Fundamental que constituía España en un Estado
social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la CE). Las huelgas se desinflaron
cuando estudiantes, profesores y trabajadores comprendieron que la mejor manera
de defender sus ideas e intereses era aprobar leyes en el Parlamento y asegurar
que jueces independientes las hicieran cumplir.
Me aterra pensar que España pueda involucionar hacia la era preconstitucional. El actual Estado de Derecho degeneraría en la ley del más fuerte. ¡La barbarie!
La Tribuna de Albacete (26/10/2026)
