Involución a la barbarie

Un día de la semana pasada me llamó mi hija pequeña que estudia en la Complutense. “Papá, han convocado una huelga. Los organizadores se despidieron convocándonos a nuevos paros los días 4 y 5 de noviembre. Así hasta el día de las elecciones. De ganar la derechona, enemiga de la universidad pública, podrían arder edificios y calles, como está ocurriendo en París y otras ciudades europeas”.

                Por mi mente se cruzaron recuerdos del inicio de mi carrera universitaria en Barcelona, entre la muerte de Franco y la Constitución de 1978. Había una huelga intermitente de los PNN (profesores no numerarios) que seguían cobrando durante los paros pues la huelga era ilegal. Cuando estábamos en medio de la clase, un par de jóvenes (que nadie conocía) subían a la tarima para soliviantarnos. “Compañeros, ayer despidieron a un trabajador de una quesería extremeña. Salgamos del aula para mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores españoles. Quien no esté de acuerdo, que levante la mano”. Los cabecillas se plantaban en medio de la Diagonal y obligaban al conductor de un autobús articulado a cruzarse para interrumpir el tráfico. Así pasaban los días, sin poder disfrutar del derecho a la enseñanza.

Un hecho sentó los cimientos de una manera más civilizada y sensata de vivir. En el referéndum del 6/12/1978, el  87,78% de los votantes votó a favor de la nueva Ley Fundamental que constituía España en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la CE). Las huelgas se desinflaron cuando estudiantes, profesores y trabajadores comprendieron que la mejor manera de defender sus ideas e intereses era aprobar leyes en el Parlamento y asegurar que jueces independientes las hicieran cumplir.  

Me aterra pensar que España pueda involucionar hacia la era preconstitucional. El actual Estado de Derecho degeneraría en la ley del más fuerte. ¡La barbarie!    

La Tribuna de Albacete (26/10/2026)

La inflación vuelve al escenario

 

La semana pasada se otorgó el Premio Nobel de Economía a R. Hall y M. Woodford “por su investigación sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. Tras una larga investigación de las causas y remedios de la inflación, los autores concluyeron que, además de liberalizar los mercados, era preciso combinar una política monetaria suficientemente restrictiva (subidas del tipo de interés) y una política fiscal que respete el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo.

Todas las prescripciones económicas son discutibles. Ello no nos impide aprovechar el Nobel de Economía 2026 para reflexionar sobre la necesaria estabilidad del proceso económico. Para empezar, hay que volver a dar la importancia que merece el control del nivel general de precios. Una inflación alta dificulta el cálculo económico, lo que implica destruir la inversión y el empleo. Los que más ganan son los grandes deudores, entre los que se encuentra el Estado. Por eso los gobiernos se hacen los remolones.

                La inflación se mueve en ciclos.  En la época dorada del capitalismo (1950-1970) la inflación fue relativamente baja, a pesar de que la producción y el empleo crecían más que nunca. De 1975 a 1995 vivimos  una crisis de estanflación: altas tasas de inflación y desempleo. La inflación se contrajo con la  crisis global de 2007 y la pandemia. Volvió a subir en 2025 y se aceleró en 2026. El pasado mes de agosto, la inflación española fue del 4,2%, una de las más altas de la UE. Como la “tasa objetivo” del BCE es del 2%, debemos esperar que éste eleve el tipo de interés de intervención. Caerán la inversión y la creación de empleo. Aumentará el peso del pago de intereses en el gasto público. El estado del bienestar solo podrá mantenerse dandoo rienda suelta a la inflación.

¡Mal augurio a quienes tratan de solucionar los problemas alimentando sus causas!

La Tribuna de Albacete (19/10/2026)

A los 250 años de "La Riqueza de las Naciones"

 

                Estamos celebrando el 250 aniversario de la obra maestra de Adam Smith: "Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones". ¡Cuánto desearía que nuestros políticos entendieran los principios básicos de esta obra para dejar de entorpecer el funcionamiento de las economías capitalistas de mercado!

                El primer principio es que la economía NO es un juego de suma cero en el que unos ganan a costa de otros. Cuando un empresario invierte con acierto, además de beneficiarse él mismo, ganan los trabajadores que podrán disponer de un empleo y sueldo que mejoren el bienestar de su familia; ganan las demás empresas por el aumento generalizado de la demanda; y gana el propio Estado, que contará con una base imponible mayor para sufragar los servicios públicos.

                Segundo principio: la iniciativa privada es el motor clave de la prosperidad económica y el bienestar social, cuando respeta la propiedad privada, la libertad de empresa y la coordinación del mercado. La “magia” de los mercados competitivos la atribuye Smith a una mano invisible que estimula la eficiencia y la innovación. Cada agente económico tendrá un fuerte incentivo para esforzarse al máximo cuando de este esfuerzo deriva un mayor beneficio o salario, amén de la permanencia de la empresa y del puesto de trabajo. También el beneficio tiene una dimensión social. Para maximizar sus beneficios, una empresa ha de producir los mejores bienes al mejor precio. La competencia se encargará de ajustar los precios a un coste decreciente gracias a los avances de la productividad.

                Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna y del liberalismo. Yo añadiría otro par de galardones a su realismo y prudencia. Tras reconocer que el mercado era incapaz de conseguir ciertos objetivos económicos, reclamó la intervención complementaria de los poderes públicos para asegurar la seguridad (defensa y orden público), la justicia, las infraestructuras de transporte y la educación. Hoy añadiría algún cometido más, no sin antes advertir que buena parte de nuestros problemas económicos son fruto de un intervencionismo público generalizado y desnortado. ¡Hay medicinas peores que las enfermedades que tratan de corregir!

La Tribuna de Albacete (12/10/2026)

Leyes políticas y leyes económicas. El caso de la vivienda.

 

                Si me pidieran escribir un libro para políticos, la primera lección llevaría por título: “De cómo es absurda la pretensión de transformar todo desde arriba, pues las leyes económicas acaban imponiéndose a las leyes políticas”.

                Casi todos los bienes necesitan ser producidos. La competencia en el mercado fuerza a que el precio se ajuste al coste de producción y que retorne a él cuando un exceso de demanda eleva el precio y la tasa de beneficio. El aumento de la producción corregiría el exceso de demanda. Esta regla general se rompe en el caso de los bienes no producidos o de difícil reproducción como son la tierra y las viviendas. En estos casos, se requieren medidas complementarias con cuidado de que no interfieran con las leyes económicas.

                Entre 1995 y 2005, la demanda de viviendas se disparó gracias a la concesión de créditos hipotecarios a un interés prácticamente nulo. El resultado ya lo conocemos. Los precios de la vivienda se multiplicaron por tres y el interés se disparó al 5% provocando una  crisis financiera que pronto degeneró en una crisis económica general. ¡Todos perdimos, y mucho!

                Pasemos al alquiler. Si una ley política obliga a mantener, de por vida, el alquiler pactado en cada contrato e impide desahuciar en caso de impago, se contraerá la oferta de pisos en alquiler con el consiguiente aumento del alquiler mensual.  Y si se otorgan condiciones todavía más ventajosas a las personas vulnerables, nadie querrá alquilarles nada. Los políticos debieran resolver estos problemas sociales con subvenciones públicas puntuales.

                Todos debemos congratularnos de que los dos decretos Maricarmen no se hayan aprobado. Y todos debemos acordar cómo asegurar las condiciones que hacen posible la estabilidad del precio de la vivienda en torno a su coste de producción. La primera condición es respetar la iniciativa y la propiedad privada. La segunda, la construcción masiva de viviendas dotadas de las infraestructuras que las hacen habitables.

La Tribuna de Albacete (05/10/2026).

El derecho a la propiedad privada es de todos

 

                El Imperio Romano llegó tan lejos porque supo consagrar y regular sabiamente el derecho de propiedad privada. Las constituciones liberales del siglo XIX recuperaron la primacía de la propiedad privada frente a la propiedad comunal de la Edad Media que llevó a la “tragedia de los comunes” (lo que es de todos no lo cuida nadie). La Constitución española de 1978 (CE) reserva el Título I para los derechos y libertades fundamentales. La sección 3ª habla de los derechos sociales y principios socioeconómicos (igualdad, empleo, estabilidad…) que “informarán” la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos. Para los derechos fundamentales recogidos en la sección 2ª (como es el caso de la propiedad privada), la protección es mucho mayor. El artículo 53 dispone que vinculan a los poderes públicos, quienes solo podrán regularlos por ley y respetando siempre su “contenido esencial”. Es el caso de la propiedad privada del art. 33.

                El lugar de privilegio que el derecho a la propiedad privada sigue ocupando en las constituciones de un “estado social y democrático de Derecho” se debe a que salvaguarda los restantes derechos y libertades fundamentales del individuo y garantiza el buen funcionamiento de una economía de mercado. Todos nos beneficiamos de que se respete el derecho de propiedad privada.

                Sirvan estas notas como marco para la discusión más profunda del caso de la anciana Mari Carmen a quien acaban de desahuciar por impago. Si al gobierno le preocupara realmente las personas, debería hacerse cargo de ese alquiler mientras busca una solución al problema macroeconómico de la vivienda, que es su verdadera competencia.

Otro tanto cabe decir de la “okupación” de viviendas. El Gobierno es el responsable de desalojar en 24 horas a los ladrones que allanan nuestra casa. En otro orden de cosas, promoverá la construcción masiva de viviendas para controlar los precios y los alquileres. Pero antes de todo esto, y mucho más importante, es garantizar el derecho a la propiedad.

La Tribuna de Albacete (28/09/2026)