La importancia de los incentivos en la economía del sentido común

 

              En sus programas económicos, los políticos siempre proponen más de lo que pueden dar. En campañas electorales, la distancia raya en una tomadura de pelo. Que si crearemos tantos miles de empleos. Pero ¿puede el sector público crear empleo por encima de las plazas para funcionarios? Que si reduciremos el alquiler. Pero ¿qué pasaría si los propietarios reaccionaran restringiendo la oferta de pisos en alquiler? Que si elevaremos el salario mínimo y las pensiones. Pero ¿lograrán un aumento real si son incapaces de controlar la inflación? Que sí daremos una renta básica universal, a los individuos desde la cuna a la sepultura. Pero ¿de dónde saldrá el dinero si los ciudadanos se conforman con esa subvención y dejan de trabajar?

              Para no tropezar cada cuatro años con la misma piedra, los ciudadanos debieran preguntarse por los efectos de estas medidas intervencionistas a corto, medio y largo plazo. No menos importante es cotejar los efectos reales de las políticas que van a favor o en contra del sentido común en economía.

              A mi entender, el punto fuerte de los partidos liberales (sin ignorar sus muchas deficiencias) es que son conscientes de los incentivos perversos que derivan de algunas medidas intervencionistas en seres tan egoístas y perezosos como los humanos. Un ejemplo. Silvia Meloni, presentó hace unos días los resultados de hacer más restrictiva la renta ciudadana para no estar subvencionando de por vida a personas en edad y condiciones de trabajar. Los resultados de la economía italiana han sido aleccionadores. La tasa nacional de paro ha descendido del 13% al 6,3%. En el sur de Italia, donde la tasa de paro llegaba al 20%, ahora es del 10,7%. Los jóvenes se han visto obligados a buscar trabajo para ganarse el sustento… y lo han encontrado. ¡Tres hurras por la economía del sentido común!

La Tribuna de Albacete (1/11/2026)

Involución a la barbarie

Un día de la semana pasada me llamó mi hija pequeña que estudia en la Complutense. “Papá, han convocado una huelga. Los organizadores se despidieron convocándonos a nuevos paros los días 4 y 5 de noviembre. Así hasta el día de las elecciones. De ganar la derechona, enemiga de la universidad pública, podrían arder edificios y calles, como está ocurriendo en París y otras ciudades europeas”.

                Por mi mente se cruzaron recuerdos del inicio de mi carrera universitaria en Barcelona, entre la muerte de Franco y la Constitución de 1978. Había una huelga intermitente de los PNN (profesores no numerarios) que seguían cobrando durante los paros pues la huelga era ilegal. Cuando estábamos en medio de la clase, un par de jóvenes (que nadie conocía) subían a la tarima para soliviantarnos. “Compañeros, ayer despidieron a un trabajador de una quesería extremeña. Salgamos del aula para mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores españoles. Quien no esté de acuerdo, que levante la mano”. Los cabecillas se plantaban en medio de la Diagonal y obligaban al conductor de un autobús articulado a cruzarse para interrumpir el tráfico. Así pasaban los días, sin poder disfrutar del derecho a la enseñanza.

Un hecho sentó los cimientos de una manera más civilizada y sensata de vivir. En el referéndum del 6/12/1978, el  87,78% de los votantes votó a favor de la nueva Ley Fundamental que constituía España en un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la CE). Las huelgas se desinflaron cuando estudiantes, profesores y trabajadores comprendieron que la mejor manera de defender sus ideas e intereses era aprobar leyes en el Parlamento y asegurar que jueces independientes las hicieran cumplir.  

Me aterra pensar que España pueda involucionar hacia la era preconstitucional. El actual Estado de Derecho degeneraría en la ley del más fuerte. ¡La barbarie!    

La Tribuna de Albacete (26/10/2026)

La inflación vuelve al escenario

 

La semana pasada se otorgó el Premio Nobel de Economía a R. Hall y M. Woodford “por su investigación sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. Tras una larga investigación de las causas y remedios de la inflación, los autores concluyeron que, además de liberalizar los mercados, era preciso combinar una política monetaria suficientemente restrictiva (subidas del tipo de interés) y una política fiscal que respete el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo.

Todas las prescripciones económicas son discutibles. Ello no nos impide aprovechar el Nobel de Economía 2026 para reflexionar sobre la necesaria estabilidad del proceso económico. Para empezar, hay que volver a dar la importancia que merece el control del nivel general de precios. Una inflación alta dificulta el cálculo económico, lo que implica destruir la inversión y el empleo. Los que más ganan son los grandes deudores, entre los que se encuentra el Estado. Por eso los gobiernos se hacen los remolones.

                La inflación se mueve en ciclos.  En la época dorada del capitalismo (1950-1970) la inflación fue relativamente baja, a pesar de que la producción y el empleo crecían más que nunca. De 1975 a 1995 vivimos  una crisis de estanflación: altas tasas de inflación y desempleo. La inflación se contrajo con la  crisis global de 2007 y la pandemia. Volvió a subir en 2025 y se aceleró en 2026. El pasado mes de agosto, la inflación española fue del 4,2%, una de las más altas de la UE. Como la “tasa objetivo” del BCE es del 2%, debemos esperar que éste eleve el tipo de interés de intervención. Caerán la inversión y la creación de empleo. Aumentará el peso del pago de intereses en el gasto público. El estado del bienestar solo podrá mantenerse dandoo rienda suelta a la inflación.

¡Mal augurio a quienes tratan de solucionar los problemas alimentando sus causas!

La Tribuna de Albacete (19/10/2026)

A los 250 años de "La Riqueza de las Naciones"

 

                Estamos celebrando el 250 aniversario de la obra maestra de Adam Smith: "Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones". ¡Cuánto desearía que nuestros políticos entendieran los principios básicos de esta obra para dejar de entorpecer el funcionamiento de las economías capitalistas de mercado!

                El primer principio es que la economía NO es un juego de suma cero en el que unos ganan a costa de otros. Cuando un empresario invierte con acierto, además de beneficiarse él mismo, ganan los trabajadores que podrán disponer de un empleo y sueldo que mejoren el bienestar de su familia; ganan las demás empresas por el aumento generalizado de la demanda; y gana el propio Estado, que contará con una base imponible mayor para sufragar los servicios públicos.

                Segundo principio: la iniciativa privada es el motor clave de la prosperidad económica y el bienestar social, cuando respeta la propiedad privada, la libertad de empresa y la coordinación del mercado. La “magia” de los mercados competitivos la atribuye Smith a una mano invisible que estimula la eficiencia y la innovación. Cada agente económico tendrá un fuerte incentivo para esforzarse al máximo cuando de este esfuerzo deriva un mayor beneficio o salario, amén de la permanencia de la empresa y del puesto de trabajo. También el beneficio tiene una dimensión social. Para maximizar sus beneficios, una empresa ha de producir los mejores bienes al mejor precio. La competencia se encargará de ajustar los precios a un coste decreciente gracias a los avances de la productividad.

                Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna y del liberalismo. Yo añadiría otro par de galardones a su realismo y prudencia. Tras reconocer que el mercado era incapaz de conseguir ciertos objetivos económicos, reclamó la intervención complementaria de los poderes públicos para asegurar la seguridad (defensa y orden público), la justicia, las infraestructuras de transporte y la educación. Hoy añadiría algún cometido más, no sin antes advertir que buena parte de nuestros problemas económicos son fruto de un intervencionismo público generalizado y desnortado. ¡Hay medicinas peores que las enfermedades que tratan de corregir!

La Tribuna de Albacete (12/10/2026)

Leyes políticas y leyes económicas. El caso de la vivienda.

 

                Si me pidieran escribir un libro para políticos, la primera lección llevaría por título: “De cómo es absurda la pretensión de transformar todo desde arriba, pues las leyes económicas acaban imponiéndose a las leyes políticas”.

                Casi todos los bienes necesitan ser producidos. La competencia en el mercado fuerza a que el precio se ajuste al coste de producción y que retorne a él cuando un exceso de demanda eleva el precio y la tasa de beneficio. El aumento de la producción corregiría el exceso de demanda. Esta regla general se rompe en el caso de los bienes no producidos o de difícil reproducción como son la tierra y las viviendas. En estos casos, se requieren medidas complementarias con cuidado de que no interfieran con las leyes económicas.

                Entre 1995 y 2005, la demanda de viviendas se disparó gracias a la concesión de créditos hipotecarios a un interés prácticamente nulo. El resultado ya lo conocemos. Los precios de la vivienda se multiplicaron por tres y el interés se disparó al 5% provocando una  crisis financiera que pronto degeneró en una crisis económica general. ¡Todos perdimos, y mucho!

                Pasemos al alquiler. Si una ley política obliga a mantener, de por vida, el alquiler pactado en cada contrato e impide desahuciar en caso de impago, se contraerá la oferta de pisos en alquiler con el consiguiente aumento del alquiler mensual.  Y si se otorgan condiciones todavía más ventajosas a las personas vulnerables, nadie querrá alquilarles nada. Los políticos debieran resolver estos problemas sociales con subvenciones públicas puntuales.

                Todos debemos congratularnos de que los dos decretos Maricarmen no se hayan aprobado. Y todos debemos acordar cómo asegurar las condiciones que hacen posible la estabilidad del precio de la vivienda en torno a su coste de producción. La primera condición es respetar la iniciativa y la propiedad privada. La segunda, la construcción masiva de viviendas dotadas de las infraestructuras que las hacen habitables.

La Tribuna de Albacete (05/10/2026).