La semana pasada saltó a los medios que, en el 2025, el Gobierno español destinó al pago de pensiones 10.000 millones de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, más conocido como Next Generation. Alemania ha puesto el grito en el cielo. Era de esperar, pues Alemania es el principal contribuidor neto a estos fondos y España el segundo receptor, tras Italia. Leemos: “Esto es un escándalo de primer orden”. “Absolutamente inaceptable”. “Socava la credibilidad y confianza en la UE”. “La UE no es un supermercado de autoservicio”.
La historia viene de lejos. En febrero de 2024 se presentó en Madrid la
Sra. Hohlmeier para preguntar dónde se habían destinado los 40.000 millones que
la UE había concedido para superar la crisis del coronavirus introduciendo un sistema
tecnológicamente más avanzado. El Gobierno español no fue capaz de responder
con un mínimo de precisión. Para zanjar la disputa, hubo de intervenir la presidenta
de la Comisión Europea, cuya reelección dependía del apoyo de los socialistas
españoles.
El problema de fondo es la quiebra del
sistema de seguridad social (SS). Pese a llamarse “contributivo”, desde el año
2010 el Estado es incapaz de sufragar las pensiones con las contribuciones
anuales. Las pensiones españolas se están pagando con impuestos, deuda pública…
y fondos europeos destinados a inversiones tecnológicas.
España no se ha dado por aludida. El ministro
de Economía ha presumido de que la situación financiera de la SS mejoraba día a
día y que el trasiego de euros entre partidas contables no ponía en riesgo los
fondos Next Generation. Tendría razón el Sr. ministro, si los países
europeos estuvieran dispuestos a dejarse robar por un gobierno tan ineficiente
como atrevido. Pero va a ser que no. El partido de extrema derecha alemán (AfD) ya ha solicitado a la UE el mismo trato que España.
La Tribuna de Albacete (30/05/2026)
