En la
distopía en la que nos hemos instalado, el coronavirus podría ser sustituido
por el virus de la inflación. No afecta nuestra capacidad pulmonar pero sí a la
capacidad adquisitiva de las rentas ganadas. Todos acaban perdiendo excepto el
Gobierno quien, sin moverse del trono, ve como aumenta la recaudación y disminuye
la carga de la deuda pública.
La Tribuna de Albacete (27/02/2023)
Todo derecho entraña una responsabilidad. Los poderes públicos no debieran olvidar este principio básico; de olvidarlo ellos mismos deberían responder. No me refiero a la tan manida ley del “solo sí es sí”, que también. Lo que ahora me preocupa es la ley Trans aprobada por el parlamento español hace cuatro días.
Imaginemos un niño de 12 años a quien le obligan a asistir a una clase de detección precoz de género, esas clases “obligatorias” organizadas al alimón por los ministerios de igualdad y educación. Tanto le impacta la clase que pasa el resto del curso indagando si es hombre o mujer y cambiándose de sexo cada seis meses. Suspende todas las asignaturas y pierde la capacidad de concentración y de estudio. Aprovechando que hoy se llama María, entra en los vestuarios de chicas y … ¿Quiénes serán los responsables del daño inflingido en el niño y sus compañeras? ¿A quién acudirán sus padres para pedir explicaciones y responsabilidades?
El niño ya tiene 16 años y pide una intervención jurídica para cambiarse de sexo. Los podres, por supuesto, no pueden oponerse. El adolescente cae en una depresión profunda. Como su problema no está en los genitales sino en el cerebro, su vida tiene cada vez menos sentido y acaba suicidándose. ¿ A quién pedirán responsabilidad los padres y los jueces?
No se
trata de casos imaginarios. Los países nórdicos que fueron los primeros en desbrozar
este camino al abismo, ya están de vuelta. Han visto demasiadasa anomalías para
considerarlas una casualidad. Vuelvo a mi pregunta. ¿Quién asumirá la responsabilidad por las víctimas
inocentes de la ley Trans. ¿Los profesores que enseñan contra la ciencia y el
sentido común? ¿Los médicos que intervienen a sabiendas que el remedio puede
ser peor que la enfermedad? ¿O los promotores de la ley Trans que disfrutan
experimentando con los hijos del vecino?
La Tribuna de Albacete (20/02/2023)
El 17/10/2009 asistí a una manifestación provida en la madrileña calle de Alcalá. Los manifestantes trataban de frenar la Ley Aído que elevaba el aborto a la categoría de derecho fundamental de la mujer. Mientras avanzaba penosamente entre el gentío, pergeñé una carta para mi futura nieta. La publiqué en la Tribuna de Albacete el 21 de octubre. Transcribo alguno de sus párrafos. No veo nada que cambiar.
Mi querida nieta Guayente: Sea cual sea el día en que esta carta llegue a tu poder no la has de leer hasta el 10 de diciembre de 2048. ¿Me lo prometes? Será una fecha memorable para la humanidad que tú habrás de convertir en día de acción de gracias. Coincidiendo con el centenario de la DUDH, los niños de todas las escuelas del mundo leeréis este manifiesto: “(1) Queda reestablecido el artículo 3 de la Declaración de 1948. Todos los seres humanos vuelven a gozar del derecho a la vida; un derecho sin excepciones, graduaciones o “interrupciones” porque la vida no las admite. (2) Las mujeres que experimenten un embarazo no deseado tendrán derecho a la protección necesaria antes y después del parto, incluida la posibilidad de dar al niño en adopción”.
El camino no ha sido fácil. Una vez borradas las líneas rojas de la moralidad, la ley del aborto se convirtió en un cajón de sastre donde todo cabía. A la sangre de los fetos, siguió la de bebés y otras formas de violencia doméstica que crecieron exponencialmente. La abolición del derecho a la vida se llevó por delante otros derechos fundamentales como la libertad de conciencia y expresión.
¡Pero no hay mal que por bien no venga! Aquel olor nauseabundo despertó a un número creciente de personas que se atrevieron a pensar por sí mismas. Ese día empezó la “era humana” de la historia de la humanidad. ¡Que la disfrutéis por muchos siglos, Guayente!
La semana pasada contemplamos imágenes de colas de personas peleando por comprar la deuda que emite el Tesoro para cubrir sus gastos más urgentes, empezando por el pago de intereses de la deuda antigua. Simultáneamente, la página web del Tesoro colapsó por el aluvión de compradores on line procedentes de toda la UE.
Que nadie interprete el dato como una buena noticia. Sólo significa que el Gobierno español deberá pagar más para financiarse a corto plazo. En pocos meses, el interés de la deuda pública a corto plazo ha subido del cero al 3% y se ha convertido en la mejor inversión para españoles y europeos. El coste de la deuda a medio y largo plazo seguirá una evolución similar. La prima de riesgo española (diferencial entre los bonos a 10 años de España y Alemania) puede dispararse para los países muy endeudados como ocurrió en 2012.
El Gobierno español ha vuelto a caer en la “trampa de la deuda”. El descenso del tipo de interés a niveles cercanos a cero, le animó a triplicar los niveles de deuda en los periodos 2008-14 y 2020-22. La deuda pública, que representaba el 40% del PIB español en 2008, subió al 105% en 2014 y al 120% tras la pandemia.
Al igual que ocurre con las arenas movedizas, los países que han caído en una trampa de deuda necesitan un salvador externo. La UE fue ese salvador tras la crisis económica de 2008 y la pandemia de 2020. El BCE nos advierte ahora que su prioridad es evitar que la inflación se cronifique y el euro pierda la credibilidad internacional que tanto le ha costado ganar y que le permitió remontar dos crisis de caballo imprimiendo euros. Con otras palabras, a partir de ahora el BCE dejará de absorber, a un interés nulo, cualquier cantidad de deuda emitida por los gobiernos. Tanto el sector público como el privado deberán afrontar unas deudas más altas y caras con impuestos y con la renta no consumida.
El problema es tan grave que puede hacer caer al gobierno actual … y al que le siga.
La Tribuna de Albacete (6/02/2023)
Joan Robinson, la más peleona de los discípulos de Keynes, aconsejó incluir en el bachiller una asignatura de Economía para que los ciudadanos no se dejaran engañar por los políticos, sobre todo los aficionados a camuflar su ideología en estadísticas. La semana pasada, el Gobierno español sacó pecho al presentar los datos económicos del último trimestre de 2022. El PIB español había crecido un 0,2%, desmintiendo a los agoreros de recesiones. En el conjunto del año, el PIB creció un 5,5%, como en los mejores tiempos.
Los datos podían leerse bajo un prisma más realista. El 5,5% era el resultado lógico después del parón de la pandemia. Lo que resulta más difícil explicar es que la recuperación se hubiera detenido antes de llegar al PIB de 2019. Eso suponiendo que los datos no hayan sido manipulados. Pasar del -0,2 al +0.2 se consigue fácilmente postponiendo la contabilización de las últimas facturas.
La veracidad de los datos estadísticos y la forma correcta de presentarlos siempre estarán en entredicho. Todos recordamos el debate económico entre el Pedro Solbes y Manuel Pizarro aquel 21 de febrero de 2008. El primero (Ministro de Economía con Zapatero) negó la amenaza de crisis en base a los datos “publicados”. No quiso leer los últimos datos ni los indicadores adelantados que hacían temer una recesión tan fuerte como la que estalló en octubre del 2008.
Las definiciones estadísticas tampoco hay que verlas como un dogma de fe. Oficialmente se declara una recesión después de tres trimestres consecutivos de caída del PIB. La evolución del empleo y desempleo aportaría un enfoque más realista. La menor tasa de paro (12,48%) se registró en el segundo semestre de 2022. Durante el tercer y cuarto trimestre recuperó su marcha alcista llegando al 12,87. Eso sin contar las 600.000 personas con “contrato indefinido-discontinuo” que antes se llamaban simplemente “parados”.
La Tribuna de Albacete, 30/01/2023